* Pide al congreso “achicar” gastos de cosas frívolas y suntuosas de los funcionarios públicos, ya que son un insulto para un país pobre como México
*Invitan al renunciar a sueldos estatroféricos
Mediante un editorial publicado en su revista semanal, la Arquidiócesis de México pidió a las autoridades de los tres poderes "ajustarse el cinturón" y reducir gastos ante la crisis económica producida por la dramática caída de remesas enviadas desde Estados Unidos.
El editorial pidió al gobierno federal y a los poderes Legislativo y Judicial eliminar del presupuesto para el 2009 "los miles de millones" que se gastan en publicidad, dietas, burocracia, viáticos, compra de vehículos de lujo y viajes.
"Los gastos en tantas cosas frívolas y suntuosas de los funcionarios públicos son un insulto para un país postrado en la pobreza", dijo la revista de la Arquidiócesis primada; que recomendó también reducir a la mitad los gastos en este tipo de partidas.
Según la revista, las primeras medidas de austeridad deberían ser tomadas por el Congreso nacional, "achicando la cuchara grande con la que tan generosamente se despachan".
El editorial invita también a los integrantes del Poder Judicial a renunciar a "recibir sueldos estratosféricos y prestaciones inimaginables que ni siquiera sus homólogos del primer mundo imaginan"; y les pide un compromiso para hacer frente a esta crisis con unidad y solidaridad.
"El compromiso para salir de esta nueva crisis deben asumirlo todos los sectores de la sociedad: nadie puede sentirse a salvo, nadie puede permanecer indiferente, nadie puede replegarse de forma egoísta, cuidando sus propios intereses", dice también la nota editorial.
"México necesita de todas las voluntades y de las mejores mentes para encontrar una salida a nuestros problemas. No es el momento de hacer leña del árbol caído, sino de reconstruir a nuestro país, poniendo lo mejor de cada uno", concluye la nota de la Arquidiócesis.
jueves, octubre 16, 2008
Postura del Diputado José Antonio de la Vega
Villahermosa, Tabasco, 16 de Octubre de 2008
El suscrito, Diputado José Antonio De La Vega Asmitia, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional e integrante de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82 párrafo II, y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, presento a la consideración del pleno de este H. Congreso el siguiente:
VOTO PARTICULAR
Relativo al Dictamen que la Primera Comisión Inspectora de Hacienda somete a la consideración de esta Soberanía con respecto al expediente de la calificación correspondiente a la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado por el Ejercicio de 2007.
Dicho Dictamen propone aprobar la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente al período referido, pero la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional no comulga con la resolución adoptada, en virtud de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Los roles de representación y de fiscalización encomendados al Congreso del Estado imponen la obligación legal, ética y política de velar por el mejor uso posible de los recursos públicos y porque el servicio brindado al ciudadano sea de la mayor calidad, procurando la cobertura más adecuada y el menor costo posible.
2. El uso y abuso que de los recursos públicos se ha venido realizando desde tiempo atrás en beneficio de las élites gobernantes, ha provocado que la obligación de rendir cuentas, por parte de las personas o entidades que manejan dichos recursos, esté cada vez más en la conciencia de todos y haya una mayor necesidad de que dicha obligación se cumpla de forma correcta y eficaz.
3. Desde el comienzo de la actual administración local han surgido cuantiosas sospechas y suspicacias respecto a que programas, normas y recursos públicos se utilizan para beneficio de familiares, amigos y compadres del Gobernador e integrantes de su gabinete.
La utilización para viajes de placer del avión propiedad del gobierno del estado, las suntuosas fiestas familiares ofrecidas en recintos oficiales, la asignación directa de importantes obras o de contratos de prestación de servicios a ex socios, el pago de sumas millonarias a medios de comunicación ligados afectivamente con la familia gobernante, el pago disfrazado de estímulos y prestaciones a través de intermediarios financieros de dudoso origen, y otros tantos casos más que por cuestiones de espacio resulta complicado siquiera enumerar, siguen a la espera de una explicación suficiente y satisfactoria a los ojos de la opinión pública.
En ello, obviamente, no se consideran las incógnitas que hasta el momento persisten sobre el destino final y utilización de los millonarios donativos y apoyos que recibió el gobierno local para ayudar a la población en desgracia por las inundaciones que afectaron a Tabasco a finales de 2007, para coadyuvar en las tareas de reconstrucción respectivas y para contribuir a los proyectos destinados a prevenir nuevos desastres.
4. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado ha adolecido, desde su creación, de la credibilidad y confianza de la población para llevar a cabo las tareas de fiscalización que le delegó este Poder Legislativo, no sólo por las limitaciones presupuestales, técnicas y legales que se determinaron desde su conformación, sino por el perfil y trayectoria profesional de su hasta ahora único Titular, quien evidentemente ha estado ligado y a las órdenes irrefutables de los gobernantes a los cuales ha tenido la obligación de vigilar.
5. La conformación artificial de una mayoría legislativa afín, desde el inicio de la LIX Legislatura, le ha permitido al Poder Ejecutivo mantener su hegemonía y garantizar el cumplimento de los designios y disposiciones del Gobernador y su grupo encubriendo conductas, postergando derechos, imponiendo acuerdos, tergiversando procedimientos, minimizando errores, protegiendo culpables y, en general, traicionando con su proceder el mandato soberano depositado en las urnas, solo para dar cumplimiento de los designios y disposiciones del gobernador. Las constantes argucias por impedir la plena vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco es sólo una pequeña muestra de lo que han sido capaces de perpetrar.
A partir de estos antecedentes, fácilmente puede apreciarse cómo el contexto en el que se elabora el Dictamen propuesto ha sido producto de una alta concentración del poder en pocas manos, contrario al derecho de los ciudadanos de la publicidad de los actos públicos, y sin ningún elemento fiscalizador tangible y confiable que permita satisfacer cabalmente las expectativas y demandas ciudadanas en materia de revisión y rendición de cuentas.
Ante tal panorama, otorgar un voto favorable al Dictamen propuesto sólo convalida el capricho de unos cuantos y otorga carta de residencia a las prácticas antidemocráticas y autoritarias para llevar a cabo la función legislativa, que según la teoría clásica debe realizarse de manera soberana e independiente frente a los otros poderes del estado; y con absoluta transparencia de cara a nuestros representados.
Adicionalmente, y como elementos que fueron determinantes para definir nuestra postura respecto al Dictamen en cuestión, del análisis que pudimos realizarle a la información que se nos proporcionó de manera selectiva e insuficiente, derivamos las siguientes:
CONSIDERACIONES
Sin dejar de reconocer que resulta prácticamente imposible fiscalizar el 100% de los recursos que ejercen los poderes del estado, los ayuntamientos y los órganos autónomos, debido principalmente a las limitantes que en materia de capital humano, técnico y presupuestal tiene el Órgano Superior de Fiscalización del Estado; hemos aceptado que se empleen mecanismos matemáticos de muestreos aleatorios, a través de los cuales se puede inferir el comportamiento de la totalidad del universo muestral, a partir de los resultados que se obtienen de la revisión de una pequeña parte del total de proyectos.
No obstante, el informe final de resultados que envía el Órgano Superior de Fiscalización, según lo establecido por la Ley de Fiscalización Superior del Estado, presenta una inconsistencia severa bajo esa lógica; pues dicho informe se basa en el Plan Anual de Auditorías y Visitas 2007 (PAAVI), mediante el cual se establecen, a través de una selección arbitraria, sesgada y conforme a criterios impuestos por el propio Titular de dicho Órgano, las dependencias a las cuales se deberá fiscalizar durante el año.
En tal virtud, el procedimiento adolece de un muestreo imparcial y confiable respecto del total de los proyectos concluidos en el año, minimizando de manera considerable la objetividad en cuanto al proceso de selección e incrementando en la misma proporción su discrecionalidad.
Sólo entendiendo lo anterior es que podemos comprender por qué el OSFE “omitió” seleccionar dentro de la muestra a revisar a entidades como la Secretaría de Gobierno, el Despacho del Gobernador, y otras que no sólo ejercen una gran cantidad de recursos del presupuesto, sino que han sido altamente cuestionadas sobre los fines y
propósitos que rigen el ejercicio del presupuesto que reciben.
De tal manera, seguirá siendo motivo de especulación de qué partida pudieron haber salido los recursos presuntamente empleados para que el PRI lograra mayoría en el Congreso y en la Comisión que ahora dictamina, o bien qué conceptos son empleados para justificar los pagos que aparentemente se vienen realizando de forma cotidiana a medios de comunicación, para ensalzar y difundir a conveniencia la imagen del Gobernador.
Las dependencias excluidas de la muestra que destacan por su monto asignado son:
Dependencia Monto ejercido sin fiscalizar
CENTRAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE TABASCO $37,136,763.00
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS $19,289,860.00
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO $349,951,554.00
SISTEMA ESTATAL DIF $407,743,869.00
SECRETARÍA DE GOBIERNO $402,449,982.00
GUBERNATURA $70,605,441.00
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA $86,115,988.00
COMISIÓN ESTATAL DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL $27,876,262.00
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA $321,576,557.00
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA $834,525,451.00
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE $191,838,253.00
Debido a esta selección discrecional que hace el Órgano, fue dolosamente excluido de su revisión y fiscalización el presupuesto de más de 30 dependencias del Poder Ejecutivo que significaron más de 20 mil millones de pesos que no fueron considerados siquiera para entrar en la muestra fiscalizada.
De lo descrito hasta el momento, resulta evidente que el informe entregado por el Órgano contiene ya un sesgo importante que impide conformar un criterio objetivo respecto al ejercicio del presupuesto que se califica.
La única forma para establecer una muestra que realmente sea representativa del universo de proyectos es cuando se hace una selección puramente aleatoria, y esto impediría que se dejaran de auditar por completo alguna dependencia, dejando esta exclusión al arbitrio y manipulación del Órgano Superior de Fiscalización.
En este entendido, y lejos de intentar revertir dicha anomalía, la Comisión aprobó, sólo con los votos de los diputados del PRI y sin considerar las propuestas que realizamos los Diputados del PAN y del PRD, un plan de trabajo para la revisión documental y un calendario de visitas de inspección física que, por lo menos, revelaron premura, parcialidad y un claro desconocimiento de cómo debe ejercerse la función fiscalizadora que desde la teoría se le ha concedido al Parlamento con relación a los actos del Poder Ejecutivo.
Por otro lado, resulta evidente que el Plan de Trabajo que aprobó la mayoría fue concebido con toda discreción y buscando que los diputados ajenos a la fracción priísta no tuvieran conocimiento de toda la información soporte de la Cuenta Pública.
De manera poco clara se determinaron sólo 11 sesiones de trabajo para revisar toda la documentación de las cuentas públicas de los Poderes del Estado y órganos autónomos. Paradójicamente, se acordó llevar a cabo el mismo número de sesiones que el año pasado, sin reparar que la vez pasada se fiscalizó sólo un trimestre y ahora es todo un año.
El Plan de Trabajo propuesto por el PRI también contempló que de forma simultánea a la revisión documental se hicieran las visitas de inspección física. Esto sin duda es una total incongruencia, pues los diputados no tenían elementos para determinar las obras a visitar sin tener pleno conocimiento de la documentación que se estaba revisando.
Habiendo terminado la etapa de revisión documental, el Presidente de la Comisión ignoró la solicitud que le hice proponiendo la ampliación del calendario de visita a obras, hacia aquellos casos que mostraban irregularidades.
Centrándonos ahora en el estudio y la documentación soporte del Informe Final de Revisión y Fiscalización de la Cuenta del Poder Ejecutivo, podemos constatar dos aspectos relevantes para emitir una opinión razonada y objetiva sobre la aprobación o no de la Cuenta Pública que nos incumbe.
La primera es en cuanto a la forma en que el Órgano Superior de Fiscalización, durante todo el año, integra el informe técnico y financiero para establecer el análisis del gasto ejercido por los entes fiscalizables. Dicha disposición tiene como fin ulterior el comprobar que los recursos recibidos sean iguales a los recursos ejercidos, y que los mismos se erogaron de acuerdo a la normatividad vigente.
No obstante, el mencionado informe presenta grandes deficiencias en su integración, debido a los siguientes aspectos:
1. Tomando como base una fórmula matemática, se determinó que la muestra estadística para inferir el universo de los proyectos constaría de 284 proyectos. Sin embargo, la selección de estos 284 proyectos fue realizada de manera sesgada, bajo criterios inconsistentes, como lo son el tamaño de los montos de los proyectos o la relevancia de los mismos, convirtiendo así una muestra estadísticamente correcta en una selección sesgada de los proyectos que se fiscalizaron y los que se excluyeron de la fiscalización.
2. El Informe establece que el alcance revisado en cuanto al monto ejercido fue de $6,089,408,406.26, que representaría aproximadamente el 22% del presupuesto autorizado para el ejercicio 2007. Pero el OSFE, en el listado de proyectos de inversión concluidos que entraron en la muestra, estableció las cantidades totales de esos proyectos como el monto fiscalizado, sin que fuese del todo cierto. Así, por ejemplo, en el Aportación al fideicomiso para la construcción y equipamiento del Hospital de la Mujer, que se reporta bajo el Proyecto 29801, se establece que por la revisión de dicho proyecto fueron fiscalizados más de 43 millones de pesos en obras, pero lo cierto es que de conformidad con la documentación soporte sólo verificaron el gasto de una obra de aproximadamente 9 millones de pesos. De ello se desprende que el informe establece de forma engañosa supuestos montos fiscalizados, que en realidad no fueron auditados por el personal del Órgano técnico.
En tal virtud, se puede asegurar que de los más de $2,459,702,852.91 que asegura el Órgano Superior de Fiscalización que revisó en proyectos de inversión concluidos, la realidad revela que no se fiscalizó la totalidad de este monto. Hasta el momento no disponemos de mayores elementos para determinar el alcance real que tuvo la muestra fiscalizada, pues reiteradamente se nos ha negado el derecho a conocer toda la documentación soporte y la demás que sea necesaria para tal fin.
Lo que sí se pudo constatar es que existen diversos proyectos de inversión, de gran cuantía, en los que el OSFE reportó que fiscalizó el total del monto de dicho proyecto, pero la verdad es que por su magnitud no pudo hacer el total de la verificación, sino sólo constató una parte de cada proyecto. Es de destacarse que lo importante aquí no es centrarse en la discusión de si el Órgano tenía la capacidad o no de fiscalizar todo el monto que reportó como fiscalizado, sino que el Informe es engañoso y no se explica por sí mismo; lo correcto hubiese sido que si sólo revisó una parte del proyecto, se estableciera y plasmara así, reconociendo el porcentaje real de los proyectos revisados y haciendo creer otra cosa.
A continuación se detallan los proyectos que logramos identificar y cuyo monto a fiscalizar es mayor del que realmente pudo constatar el OSFE, pero que finalmente se presentaron como íntegramente fiscalizados en la totalidad de lo presupuestado.
Estrechamente vinculado con lo anterior tenemos lo concerniente al gasto corriente, municipio y adefas. En este rubro el OSFE reportó que el monto fiscalizado fue de $3,629,705,553.35 en 14 proyectos, es decir casi el 35% del total que se había gastado en esos rubros por parte del Poder Ejecutivo.
El Órgano, al emitir el Informe establece dolosamente esta cantidad como fiscalizada, pero sólo uno de los proyectos representa más del 90% del alcance de fiscalización. Este proyecto es el K6B05, Aportaciones a Municipios, por un monto de $3,299,989,672.00. Este proyecto se refiere a las participaciones que envía el Gobierno del Estado a los Municipios y que obviamente el Órgano Superior no fiscaliza como parte de la Cuenta del Ejecutivo, sino sólo verifica que dichas participaciones se hayan repartido a los ayuntamientos como marca la ley.
El destino y aplicación de esos recursos es materia de los informes técnicos de la Segunda y Tercera Comisión Inspectoras. El Órgano quiere ocultar su falta de profesionalismo y para establecer un monto considerable de revisión toma en cuenta este proyecto que representa más del 50% del total de la muestra y que no arroja ningún elemento para establecer si los recursos se destinaron en los términos de la ley.
Ya habiendo demostrado que el informe técnico y financiero muestra información imprecisa para incrementar el alcance de la revisión, y entrando al marco estricto del propio informe apreciamos que hubo una selección de irregularidades que deben analizarse e iniciar los procedimientos correspondientes para deslindar responsabilidades.
El OSFE establece en el Informe que la Secretaría de Administración y Finanzas administró los donativos con motivo de la contingencia de 2007, reportando ingresos por un monto que ascendió a poco más de 40 millones de pesos, dejando todo pagado. Verdaderamente esta cantidad resulta altamente incongruente con las cifras que por el mismo motivo se han dado a conocer públicamente, y cuya versión impresa sólo está siendo documentada por el Comité para la Reconstrucción. Resulta extraño que no se haya contabilizado el resto del recurso donado. Asumiendo sin conceder que el Órgano no revisó dichos donativos, debido a que los mismos se contabilizaron hasta 2008, pues entonces quedaría la duda de cómo se contabilizaron todas las donaciones en especie que enviaron tanto particulares nacionales como extranjeros, empresas trasnacionales, gobiernos estatales y gobiernos extranjeros. Hasta el momento no hemos recibido nada con las características que nos dio de la cual no existió, al menos por lo dicho por el Órgano Superior de Fiscalización, algún reporte de la Secretaría de Administración y Finanzas de lo que se recibió en especie ni en lo que se gastó.
Con respecto a los proyectos K0925, K0926 y K0919, de la Coordinación General de Desarrollo Social, que se refieren a los programas de apoyos a adultos mayores, madres solas y personas con discapacidad, mejor conocido como “Te da más”, por el cual se le otorgaban 700 pesos mensuales a las personas que estuvieran inscritas en el Padrón de beneficiarios. Se constató que dichos programas no cumplieron con sus propios lineamientos ni sus propios criterios de aplicación establecidos en su reglamentación. Por ejemplo, en las reglas de operación de estos proyectos se establece que para poder definir las personas que tendrían acceso a dicho programa se llevaría a cabo una encuesta de ingresos para determinar si el solicitante entraba dentro de los márgenes de pobreza establecidos por el propio programa; sin embargo se omitió este requisito, inscribiéndose cualquier persona que tuviera esas cualidades aunque no estuviera en condiciones de pobreza. Esto dio pauta a que, como hemos denunciado, haya sido utilizado como un mecanismo de cooptación masiva con el fin de manipular a la ciudadanía con fines políticos.
También es de notar que el OSFE emite ciertas opiniones, que incluso recoge el Dictamen en cuestión, por lo que para comprobar que el recurso estaba siendo destinado directamente a los beneficiarios, se estableció una muestra representativa de 487 beneficiarios, a los cuales se les visitó a domicilio para preguntarles si estaban recibiendo el recurso del Programa. Del total de la muestra, 99 casos, presentaron inconsistencias en sus respuestas tales como: no se encontró el beneficiario en el domicilio que registró, las personas que estaban en el padrón manifestaron que ya no les depositaban el recurso, o el beneficiario falleció pero seguía activo dentro del padrón.
En este sentido, el Órgano estaba aparentemente siguiendo una muestra estadística aleatoria; en tal virtud, al encontrar irregularidades en el 20% de los casos de la muestra, es válido inferir que existen irregularidades en el 20% del universo. Por lo tanto, sabiendo que el total de la erogación de los programas conocidos como “Te da más” ascienden a un monto de $1,234,443,000.00, podemos concluir que existen irregularidades en el 20% de este ejercicio, es decir, en $250,994,264.00 en términos aproximados. El OSFE no consideró que dichas irregularidades fueran relevantes para la determinación de su Informe, ni siquiera determinó ampliar su muestra para poder verificar estos datos, lo que una vez más demuestra la complicidad de este Órgano técnico con el grupo en el poder que posibilita el derroche sin ningún control, de más de 250 millones de pesos, cifra nada despreciable de valorar en la Cuenta pública y que no se puede dejar de señalar.
Otro asunto que genera suspicacias es que durante la revisión documental se descubrió que el INVITAB adquirió, para reserva territorial, un predio rústico de 6 hectáreas en el Poblado Francisco J. Santamaria en Jalapa, Tabasco. Dicha transacción se realizó el 30 de noviembre de 2006 bajo el número de escritura 543, ante el Notario Rafael Miguel González Lastra, actual Procurador de Justicia de Tabasco, en la que consta que por parte de INVITAB, Ivonne Calzada Prats, compró dicha propiedad al ahora Secretario de la Contraloría C.P. Róger Pérez Évoli.
Si bien es cierto que en ese entonces el C. Roger Pérez Évoli no trabajaba para el gobierno del estado, hay indicios de que se trató de una prebenda orquestada en beneficio de quien es hoy Contralor del estado. Además lo extraño es que dicho predio lo compró INVITAB en 2,700,000 pesos, cuando por ejemplo el valor registrado ante el Ayuntamiento de Jalapa es de 29,000 pesos, es decir se pagó más de 90 veces lo que supuestamente vale un predio. Aún asumiendo sin conceder, que el valor catastral estuviera muy por debajo del valor comercial, es del conocimiento público que un predio rústico valga esa cantidad, cuando la hectárea en esa zona es de hasta $200,000.00 pesos y se le pagó en $450,000. Este hecho fue ignorado por el Órgano Superior de Fiscalización y sólo se limita a determinar la irregularidad en el pago de los impuestos al Ayuntamiento, sin observar el fondo de la compraventa hecha al entonces legislador Pérez Évoli, entonces Presidente de la Comisión Inspectora de Hacienda. Asimismo es de resaltarse, que en a revisión documental de este asunto se solicitaron los avalúos que respaldaron dicha compraventa, los cuales no fueron entregados.
En similar situación se encuentra el hoy Secretario de Salud Dr. Luis Felipe Graham Zapata quien cobró por concepto de honorarios médicos a la Universidad Juarez Autónoma de Tabasco el 19 de enero y siete de marzo del 2007, por una cantidad mayor de los más de 35 mil pesos. Dicha erogación que recibió el Dr. Luis Felipe Graham es una violación flagrante a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, además de un acto inmoral y falto de toda ética, por cobrar en dos dependencias de gobierno al mismo tiempo cuando se supone que su función de Secretario de Salud le requiere una actuación de tiempo completo. En este caso el Órgano Superior de Fiscalización no se percató de este doble cobro cuando es de público conocimiento que el Dr. Graham desde el 1 de enero de 2007 es Secretario de despacho, y también cobra en la UJAT lo que por lo menos debió procederse a una investigación en materia de responsabilidades de servidores públicos.
En otro tema, es preciso señalar que el Órgano Superior de Fiscalización determinó que la Coordinación General de Desarrollo Social tuvo observaciones que no pueden darse por solventadas por diversos motivos entre los que destacan:
a) Que la Dependencia en cuestión tiene a su cargo las llamadas “Casas de Gobierno”, señaladas como centros de operación y manipulación política, las cuales al inicio de la administración cada una de ellas tenía autorizado un presupuesto de 2 millones 600 mil aproximadamente, y lo que se pudo constatar de la revisión documental es que todas ellas recibieron un aumento en su presupuesto de casi el 100%. En otras palabras, cada Casa de Gobierno cuesta al erario público mas de 4 millones y medio de pesos, manejando dos programas: “Te Da Mas” y “Pedaleando para Transformar”. El primero de ellos si bien es cierto requería de mucho gasto de operación para atender a todos los ciudadanos que querían inscribirse, también lo es que después de su inscripción el pago de dicho programa se realiza a través de una cuenta bancaria que no requiere de tanta burocracia. En el caso de “Pedaleando para Transformar”, simplemente se repartieron las bicicletas y se cerró el programa. Por lo que habría que preguntarse si es realmente necesario que se mantenga una infraestructura por más de 4 millones y medio en cada uno de los municipios, cuyo único objetivo es la manipulación sesgada de los programas de apoyo social.
b) Además de las ya mencionadas irregularidades en el programa “Te da Más”, la Coordinación General de Desarrollo Social se hizo acreedora a más de 49 observaciones no solventadas que el Órgano determinó tales como que las diversas adquisiciones de bienes que realizaron, carecieron de documentación sobre el proceso de licitación o el acta de entrega, inconsistencias en su autorización, modalidad de ejecución y fecha de terminación; pero el Órgano no determina que se realizó un daño al patrimonio público, siendo que si una adquisición no se realiza con los mecanismos de transparencia establecidos en ley, hace presumir que los mismos se ejecutaron pagando sobreprecios o beneficiando a los amigos y socios de servidores públicos enquistados en la nómina de la actual administración. El Órgano minimiza indebidamente estas observaciones determinándolas como de control interno, y pidiendo que la Contraloría inicie el procedimiento administrativo correspondiente, que no será extraño avizorar que con una amonestación será suficiente castigo por derrochar los recursos públicos.
c) Además es sorprendente que el OSFE, habiendo determinado que en varias Casas de Gobierno los equipos de cómputo que estaban asignados a las mismas, al momento de una inspección física no se encontraron, y ni siquiera la Coordinación General de Desarrollo Social pudo acreditar en donde estaban dichos equipos. Esta irregularidad aún siendo detectada por el Órgano en su informe no lo establece como una observación cuantificable y sólo como acreedor de responsabilidades administrativas. En este sentido el Órgano falta a su obligaciòn de velar por el adecuado ejercicio de los recursos públicos.
Asimismo, durante la revisión del gasto corriente de las dependencias seleccionadas se descubrió que en varias de ellas existía un concepto denominado “Erogaciones Adicionales”, la cual significaba el pago a servidores públicos ajenas al salario que podríamos suponer se trata de los bonos de fatiga laboral que el propio C.P. Saiz Pineda reconoció que se estaban pagando dichas prestaciones en los términos de la Ley. De los 10 entes fiscalizables a los que se fiscalizó su gasto corriente, se encontró que existen dependencias que tienen asignados montos por concepto de “Erogaciones Adicionales”, tales como:
DEPENDENCIA MONTO EJERCIDO
UNIDAD DE ATENCIÓN SOCIAL DEL ESTADO 3,243,829.50
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES 1,084,044.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3,909,223.60
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO 1,253,320.00
TOTAL 9,490,417.10
De acuerdo a la tabla anterior solo en estas dependencias casi 10 millones de pesos se erogaron por este concepto del cual el Órgano Superior de Fiscalización no fiscalizó.
Sin embargo, al solicitar la justificación de los servidores públicos a los que se les asignan parte de este concepto por bono de fatiga laboral, la respuesta del OSFE fue negar esta información a los integrantes de esta Comisión. Sin duda, el conocimiento de quienes devengan recursos del erario público forma parte de los trabajos de fiscalización y es necesario el esclarecimiento de estas partidas presupuestales, que por cierto en algunas dependencias resultan ser mayores a las de servicios personales. Esta es una prueba más de que la opacidad ha sido el arma de esta administración para ocultar el manejo de las finanzas públicas y por la cual los altos funcionarios se autopagan grandes cantidades disfrazando su salario con otros conceptos fuera de lo que se determina como información mínima de oficio en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta Soberanía no puede dejar pasar este ocultamiento y manipulación en el ejercicio indebido del servicio público.
Aunado a todo lo anterior, la revisión documental durante las sesiones de trabajo fue insuficiente por lo que mediante los oficios DIP.JADVA0126/2008, DIP.JADVA0128/2008, DIP.JADVA0130/2008, DIP.JADVA0132/2008, DIP.JADVA0134/2008, se solicitó al Fiscal Superior del Estado documentación soporte del Informe técnico, como por ejemplo:
· Estados financieros con sus relaciones analíticas y antigüedades de saldo de todas las dependencias que estuvieron en la muestra fiscalizada de todos los trimestres de 2007.
· Informe detallado de los activos adquiridos por las Dependencias del Poder Ejecutivo que estuvieron en la muestra del ejercicio 2007, así como su reevaluación de activos.
· Relación detallada del Gasto Corriente, de las dependencias contenidas en la muestra.
· Listado detallado de los proyectos productivos apoyados por el programa Alianza para el Campo, en el ejercicio 2007.
· Listado de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Coordinación General de Desarrollo Social (nómina personal de base y de confianza y por honorarios)
· Relación detallada de los ingresos que recibió la Secretaría de Administración y Finanzas por conceptos de donativos en efectivo y en especie por la contingencia, y su aplicación durante el ejercicio 2007.
· Relación detallada por rubro y partida del presupuesto autorizado y ejercido de todas las Casas de Gobierno
· Informe detallado de la cuenta de Erogaciones Adicionales, describiendo el monto y los servidores a los que se le erogó compensaciones de esta cuenta, de todas las dependencias del Poder Ejecutivo estuvieron en la muestra fiscalizada.
· Informe detallado de la cuenta de Comunicación Social de todas las dependencias del Poder Ejecutivo que no estuvieron en la muestra fiscalizada.
· Informe detallado de la forma en que se gastó el capítulo de Transferencias y Subsidios, determinando las fechas, personas y justificación de la erogación realizada, de todas las dependencias del Poder Ejecutivo que no estuvieron en la muestra fiscalizada.
· Pliegos de Cargos de los 4 trimestres de 2007.
· Los informes de autoevaluación que mensualmente envían los entes fiscalizables al Órgano Superior de Fiscalización.
· Los dictámenes de auditorías que haya realizado cualquier ente público o privado a las dependencias contenidas en la muestra.
A pesar de que esta información resulta fundamental para solventar las dudas y es parte de la documentación soporte del Informe Técnico y Financiero, nos fue negada como de costumbre por el Fiscal Superior del Estado y el Presidente de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, obsequiándonos en contrario la emisión del dictamen que discutimos en este momento y que como todos saben se elaboró de manera apresurada, aprovechando de nuevo la psicosis presente aún en gran parte de la ciudadanía por las fuertes lluvias registradas en los últimos días y sin las consideraciones pertinentes de todos los diputados integrantes de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda.
Además de todo lo expuesto, en el Dictamen propuesto se estableció que el Poder Ejecutivo no solventó diversas observaciones cuantificadas en más de 20 millones de pesos.
Por todo lo anterior, la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional no puede considerar como satisfechas y solventadas las irregularidades que hemos descrito. Nuevamente el servilismo, el espíritu de grupo, la conducta de camorra, nos han negado la posibilidad de contar con los elementos necesarios para llevar a cabo una fiscalización profesional y de calidad que permita a los ciudadanos tabasqueños tener confianza en sus gobernantes y las instituciones.
Asimismo, con información contenida en el Informe Trimestral sobre la Situación Económica, los Ingresos y los Egresos Públicos del 4to. Trimestres del 2007 que emite la Secretaría de Administración y Finanzas se constató que el presupuesto ejercido por el Gobierno del Estado difiere en más de 1,240 millones de pesos en lo que reportó el Órgano Superior de Fiscalización en su informe técnico y financiera. Habiendo esta inconsistencia en la información en la cual el órgano fiscalizador difiere de la información que presenta la Secretaría de Administración y Finanzas, pues no existe claridad de que las cantidades percibidas hayan sido gastadas conforme lo determinan las leyes pertinentes. Y cuando existen más de mil doscientos millones de pesos que se tiene desconocimiento de su destino pues no se puede dar como válida una Cuenta Pública hasta que se esclarezca el ejercicio de todos los recursos públicos.
Lamentablemente el precio a pagar por permitir este insulto a la inteligencia del pueblo de Tabasco que pretende hoy consumar el PRI, no es el aplauso o la risa, sino la condena a seguir soportando una vez más el saqueo a nuestros recursos que ya se ha vuelto común denominador de los últimos sexenios, sumiendo a Tabasco en los niveles más bajos de educación o empleo, y en los más altos de pobreza, mientras ocupamos un nada halagüeño primer lugar como la entidad que más ha incrementado su burocracia.
Ni documentalmente, ni en términos de resultados podemos pues pensar que el ejercicio presupuestal del Poder Ejecutivo durante el ejercicio 2007 fue acorde a lo que señala la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y la Ley de Fiscalización Superior del Estado.
En tal virtud, me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
VOTO PARTICULAR:
ÚNICO: No se aprueban los términos del Dictamen de calificación de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado respecto al Ejercicio correspondiente al año 2007, en virtud de las consideraciones descritas en el presente voto particular, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 39 párrafo II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, se considera que las cantidades percibidas y gastadas en los programas no están acorde a las partidas presupuestales respectivas por lo tanto se determina NO APROBAR la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado por el Ejercicio de 2007.
“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”
A T E N T A M E N T E
Dip. José Antonio Pablo De La Vega Asmitia
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional
El suscrito, Diputado José Antonio De La Vega Asmitia, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional e integrante de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82 párrafo II, y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, presento a la consideración del pleno de este H. Congreso el siguiente:
VOTO PARTICULAR
Relativo al Dictamen que la Primera Comisión Inspectora de Hacienda somete a la consideración de esta Soberanía con respecto al expediente de la calificación correspondiente a la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado por el Ejercicio de 2007.
Dicho Dictamen propone aprobar la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente al período referido, pero la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional no comulga con la resolución adoptada, en virtud de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Los roles de representación y de fiscalización encomendados al Congreso del Estado imponen la obligación legal, ética y política de velar por el mejor uso posible de los recursos públicos y porque el servicio brindado al ciudadano sea de la mayor calidad, procurando la cobertura más adecuada y el menor costo posible.
2. El uso y abuso que de los recursos públicos se ha venido realizando desde tiempo atrás en beneficio de las élites gobernantes, ha provocado que la obligación de rendir cuentas, por parte de las personas o entidades que manejan dichos recursos, esté cada vez más en la conciencia de todos y haya una mayor necesidad de que dicha obligación se cumpla de forma correcta y eficaz.
3. Desde el comienzo de la actual administración local han surgido cuantiosas sospechas y suspicacias respecto a que programas, normas y recursos públicos se utilizan para beneficio de familiares, amigos y compadres del Gobernador e integrantes de su gabinete.
La utilización para viajes de placer del avión propiedad del gobierno del estado, las suntuosas fiestas familiares ofrecidas en recintos oficiales, la asignación directa de importantes obras o de contratos de prestación de servicios a ex socios, el pago de sumas millonarias a medios de comunicación ligados afectivamente con la familia gobernante, el pago disfrazado de estímulos y prestaciones a través de intermediarios financieros de dudoso origen, y otros tantos casos más que por cuestiones de espacio resulta complicado siquiera enumerar, siguen a la espera de una explicación suficiente y satisfactoria a los ojos de la opinión pública.
En ello, obviamente, no se consideran las incógnitas que hasta el momento persisten sobre el destino final y utilización de los millonarios donativos y apoyos que recibió el gobierno local para ayudar a la población en desgracia por las inundaciones que afectaron a Tabasco a finales de 2007, para coadyuvar en las tareas de reconstrucción respectivas y para contribuir a los proyectos destinados a prevenir nuevos desastres.
4. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado ha adolecido, desde su creación, de la credibilidad y confianza de la población para llevar a cabo las tareas de fiscalización que le delegó este Poder Legislativo, no sólo por las limitaciones presupuestales, técnicas y legales que se determinaron desde su conformación, sino por el perfil y trayectoria profesional de su hasta ahora único Titular, quien evidentemente ha estado ligado y a las órdenes irrefutables de los gobernantes a los cuales ha tenido la obligación de vigilar.
5. La conformación artificial de una mayoría legislativa afín, desde el inicio de la LIX Legislatura, le ha permitido al Poder Ejecutivo mantener su hegemonía y garantizar el cumplimento de los designios y disposiciones del Gobernador y su grupo encubriendo conductas, postergando derechos, imponiendo acuerdos, tergiversando procedimientos, minimizando errores, protegiendo culpables y, en general, traicionando con su proceder el mandato soberano depositado en las urnas, solo para dar cumplimiento de los designios y disposiciones del gobernador. Las constantes argucias por impedir la plena vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco es sólo una pequeña muestra de lo que han sido capaces de perpetrar.
A partir de estos antecedentes, fácilmente puede apreciarse cómo el contexto en el que se elabora el Dictamen propuesto ha sido producto de una alta concentración del poder en pocas manos, contrario al derecho de los ciudadanos de la publicidad de los actos públicos, y sin ningún elemento fiscalizador tangible y confiable que permita satisfacer cabalmente las expectativas y demandas ciudadanas en materia de revisión y rendición de cuentas.
Ante tal panorama, otorgar un voto favorable al Dictamen propuesto sólo convalida el capricho de unos cuantos y otorga carta de residencia a las prácticas antidemocráticas y autoritarias para llevar a cabo la función legislativa, que según la teoría clásica debe realizarse de manera soberana e independiente frente a los otros poderes del estado; y con absoluta transparencia de cara a nuestros representados.
Adicionalmente, y como elementos que fueron determinantes para definir nuestra postura respecto al Dictamen en cuestión, del análisis que pudimos realizarle a la información que se nos proporcionó de manera selectiva e insuficiente, derivamos las siguientes:
CONSIDERACIONES
Sin dejar de reconocer que resulta prácticamente imposible fiscalizar el 100% de los recursos que ejercen los poderes del estado, los ayuntamientos y los órganos autónomos, debido principalmente a las limitantes que en materia de capital humano, técnico y presupuestal tiene el Órgano Superior de Fiscalización del Estado; hemos aceptado que se empleen mecanismos matemáticos de muestreos aleatorios, a través de los cuales se puede inferir el comportamiento de la totalidad del universo muestral, a partir de los resultados que se obtienen de la revisión de una pequeña parte del total de proyectos.
No obstante, el informe final de resultados que envía el Órgano Superior de Fiscalización, según lo establecido por la Ley de Fiscalización Superior del Estado, presenta una inconsistencia severa bajo esa lógica; pues dicho informe se basa en el Plan Anual de Auditorías y Visitas 2007 (PAAVI), mediante el cual se establecen, a través de una selección arbitraria, sesgada y conforme a criterios impuestos por el propio Titular de dicho Órgano, las dependencias a las cuales se deberá fiscalizar durante el año.
En tal virtud, el procedimiento adolece de un muestreo imparcial y confiable respecto del total de los proyectos concluidos en el año, minimizando de manera considerable la objetividad en cuanto al proceso de selección e incrementando en la misma proporción su discrecionalidad.
Sólo entendiendo lo anterior es que podemos comprender por qué el OSFE “omitió” seleccionar dentro de la muestra a revisar a entidades como la Secretaría de Gobierno, el Despacho del Gobernador, y otras que no sólo ejercen una gran cantidad de recursos del presupuesto, sino que han sido altamente cuestionadas sobre los fines y
propósitos que rigen el ejercicio del presupuesto que reciben.
De tal manera, seguirá siendo motivo de especulación de qué partida pudieron haber salido los recursos presuntamente empleados para que el PRI lograra mayoría en el Congreso y en la Comisión que ahora dictamina, o bien qué conceptos son empleados para justificar los pagos que aparentemente se vienen realizando de forma cotidiana a medios de comunicación, para ensalzar y difundir a conveniencia la imagen del Gobernador.
Las dependencias excluidas de la muestra que destacan por su monto asignado son:
Dependencia Monto ejercido sin fiscalizar
CENTRAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE TABASCO $37,136,763.00
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS $19,289,860.00
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO $349,951,554.00
SISTEMA ESTATAL DIF $407,743,869.00
SECRETARÍA DE GOBIERNO $402,449,982.00
GUBERNATURA $70,605,441.00
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA $86,115,988.00
COMISIÓN ESTATAL DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL $27,876,262.00
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA $321,576,557.00
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA $834,525,451.00
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE $191,838,253.00
Debido a esta selección discrecional que hace el Órgano, fue dolosamente excluido de su revisión y fiscalización el presupuesto de más de 30 dependencias del Poder Ejecutivo que significaron más de 20 mil millones de pesos que no fueron considerados siquiera para entrar en la muestra fiscalizada.
De lo descrito hasta el momento, resulta evidente que el informe entregado por el Órgano contiene ya un sesgo importante que impide conformar un criterio objetivo respecto al ejercicio del presupuesto que se califica.
La única forma para establecer una muestra que realmente sea representativa del universo de proyectos es cuando se hace una selección puramente aleatoria, y esto impediría que se dejaran de auditar por completo alguna dependencia, dejando esta exclusión al arbitrio y manipulación del Órgano Superior de Fiscalización.
En este entendido, y lejos de intentar revertir dicha anomalía, la Comisión aprobó, sólo con los votos de los diputados del PRI y sin considerar las propuestas que realizamos los Diputados del PAN y del PRD, un plan de trabajo para la revisión documental y un calendario de visitas de inspección física que, por lo menos, revelaron premura, parcialidad y un claro desconocimiento de cómo debe ejercerse la función fiscalizadora que desde la teoría se le ha concedido al Parlamento con relación a los actos del Poder Ejecutivo.
Por otro lado, resulta evidente que el Plan de Trabajo que aprobó la mayoría fue concebido con toda discreción y buscando que los diputados ajenos a la fracción priísta no tuvieran conocimiento de toda la información soporte de la Cuenta Pública.
De manera poco clara se determinaron sólo 11 sesiones de trabajo para revisar toda la documentación de las cuentas públicas de los Poderes del Estado y órganos autónomos. Paradójicamente, se acordó llevar a cabo el mismo número de sesiones que el año pasado, sin reparar que la vez pasada se fiscalizó sólo un trimestre y ahora es todo un año.
El Plan de Trabajo propuesto por el PRI también contempló que de forma simultánea a la revisión documental se hicieran las visitas de inspección física. Esto sin duda es una total incongruencia, pues los diputados no tenían elementos para determinar las obras a visitar sin tener pleno conocimiento de la documentación que se estaba revisando.
Habiendo terminado la etapa de revisión documental, el Presidente de la Comisión ignoró la solicitud que le hice proponiendo la ampliación del calendario de visita a obras, hacia aquellos casos que mostraban irregularidades.
Centrándonos ahora en el estudio y la documentación soporte del Informe Final de Revisión y Fiscalización de la Cuenta del Poder Ejecutivo, podemos constatar dos aspectos relevantes para emitir una opinión razonada y objetiva sobre la aprobación o no de la Cuenta Pública que nos incumbe.
La primera es en cuanto a la forma en que el Órgano Superior de Fiscalización, durante todo el año, integra el informe técnico y financiero para establecer el análisis del gasto ejercido por los entes fiscalizables. Dicha disposición tiene como fin ulterior el comprobar que los recursos recibidos sean iguales a los recursos ejercidos, y que los mismos se erogaron de acuerdo a la normatividad vigente.
No obstante, el mencionado informe presenta grandes deficiencias en su integración, debido a los siguientes aspectos:
1. Tomando como base una fórmula matemática, se determinó que la muestra estadística para inferir el universo de los proyectos constaría de 284 proyectos. Sin embargo, la selección de estos 284 proyectos fue realizada de manera sesgada, bajo criterios inconsistentes, como lo son el tamaño de los montos de los proyectos o la relevancia de los mismos, convirtiendo así una muestra estadísticamente correcta en una selección sesgada de los proyectos que se fiscalizaron y los que se excluyeron de la fiscalización.
2. El Informe establece que el alcance revisado en cuanto al monto ejercido fue de $6,089,408,406.26, que representaría aproximadamente el 22% del presupuesto autorizado para el ejercicio 2007. Pero el OSFE, en el listado de proyectos de inversión concluidos que entraron en la muestra, estableció las cantidades totales de esos proyectos como el monto fiscalizado, sin que fuese del todo cierto. Así, por ejemplo, en el Aportación al fideicomiso para la construcción y equipamiento del Hospital de la Mujer, que se reporta bajo el Proyecto 29801, se establece que por la revisión de dicho proyecto fueron fiscalizados más de 43 millones de pesos en obras, pero lo cierto es que de conformidad con la documentación soporte sólo verificaron el gasto de una obra de aproximadamente 9 millones de pesos. De ello se desprende que el informe establece de forma engañosa supuestos montos fiscalizados, que en realidad no fueron auditados por el personal del Órgano técnico.
En tal virtud, se puede asegurar que de los más de $2,459,702,852.91 que asegura el Órgano Superior de Fiscalización que revisó en proyectos de inversión concluidos, la realidad revela que no se fiscalizó la totalidad de este monto. Hasta el momento no disponemos de mayores elementos para determinar el alcance real que tuvo la muestra fiscalizada, pues reiteradamente se nos ha negado el derecho a conocer toda la documentación soporte y la demás que sea necesaria para tal fin.
Lo que sí se pudo constatar es que existen diversos proyectos de inversión, de gran cuantía, en los que el OSFE reportó que fiscalizó el total del monto de dicho proyecto, pero la verdad es que por su magnitud no pudo hacer el total de la verificación, sino sólo constató una parte de cada proyecto. Es de destacarse que lo importante aquí no es centrarse en la discusión de si el Órgano tenía la capacidad o no de fiscalizar todo el monto que reportó como fiscalizado, sino que el Informe es engañoso y no se explica por sí mismo; lo correcto hubiese sido que si sólo revisó una parte del proyecto, se estableciera y plasmara así, reconociendo el porcentaje real de los proyectos revisados y haciendo creer otra cosa.
A continuación se detallan los proyectos que logramos identificar y cuyo monto a fiscalizar es mayor del que realmente pudo constatar el OSFE, pero que finalmente se presentaron como íntegramente fiscalizados en la totalidad de lo presupuestado.
Estrechamente vinculado con lo anterior tenemos lo concerniente al gasto corriente, municipio y adefas. En este rubro el OSFE reportó que el monto fiscalizado fue de $3,629,705,553.35 en 14 proyectos, es decir casi el 35% del total que se había gastado en esos rubros por parte del Poder Ejecutivo.
El Órgano, al emitir el Informe establece dolosamente esta cantidad como fiscalizada, pero sólo uno de los proyectos representa más del 90% del alcance de fiscalización. Este proyecto es el K6B05, Aportaciones a Municipios, por un monto de $3,299,989,672.00. Este proyecto se refiere a las participaciones que envía el Gobierno del Estado a los Municipios y que obviamente el Órgano Superior no fiscaliza como parte de la Cuenta del Ejecutivo, sino sólo verifica que dichas participaciones se hayan repartido a los ayuntamientos como marca la ley.
El destino y aplicación de esos recursos es materia de los informes técnicos de la Segunda y Tercera Comisión Inspectoras. El Órgano quiere ocultar su falta de profesionalismo y para establecer un monto considerable de revisión toma en cuenta este proyecto que representa más del 50% del total de la muestra y que no arroja ningún elemento para establecer si los recursos se destinaron en los términos de la ley.
Ya habiendo demostrado que el informe técnico y financiero muestra información imprecisa para incrementar el alcance de la revisión, y entrando al marco estricto del propio informe apreciamos que hubo una selección de irregularidades que deben analizarse e iniciar los procedimientos correspondientes para deslindar responsabilidades.
El OSFE establece en el Informe que la Secretaría de Administración y Finanzas administró los donativos con motivo de la contingencia de 2007, reportando ingresos por un monto que ascendió a poco más de 40 millones de pesos, dejando todo pagado. Verdaderamente esta cantidad resulta altamente incongruente con las cifras que por el mismo motivo se han dado a conocer públicamente, y cuya versión impresa sólo está siendo documentada por el Comité para la Reconstrucción. Resulta extraño que no se haya contabilizado el resto del recurso donado. Asumiendo sin conceder que el Órgano no revisó dichos donativos, debido a que los mismos se contabilizaron hasta 2008, pues entonces quedaría la duda de cómo se contabilizaron todas las donaciones en especie que enviaron tanto particulares nacionales como extranjeros, empresas trasnacionales, gobiernos estatales y gobiernos extranjeros. Hasta el momento no hemos recibido nada con las características que nos dio de la cual no existió, al menos por lo dicho por el Órgano Superior de Fiscalización, algún reporte de la Secretaría de Administración y Finanzas de lo que se recibió en especie ni en lo que se gastó.
Con respecto a los proyectos K0925, K0926 y K0919, de la Coordinación General de Desarrollo Social, que se refieren a los programas de apoyos a adultos mayores, madres solas y personas con discapacidad, mejor conocido como “Te da más”, por el cual se le otorgaban 700 pesos mensuales a las personas que estuvieran inscritas en el Padrón de beneficiarios. Se constató que dichos programas no cumplieron con sus propios lineamientos ni sus propios criterios de aplicación establecidos en su reglamentación. Por ejemplo, en las reglas de operación de estos proyectos se establece que para poder definir las personas que tendrían acceso a dicho programa se llevaría a cabo una encuesta de ingresos para determinar si el solicitante entraba dentro de los márgenes de pobreza establecidos por el propio programa; sin embargo se omitió este requisito, inscribiéndose cualquier persona que tuviera esas cualidades aunque no estuviera en condiciones de pobreza. Esto dio pauta a que, como hemos denunciado, haya sido utilizado como un mecanismo de cooptación masiva con el fin de manipular a la ciudadanía con fines políticos.
También es de notar que el OSFE emite ciertas opiniones, que incluso recoge el Dictamen en cuestión, por lo que para comprobar que el recurso estaba siendo destinado directamente a los beneficiarios, se estableció una muestra representativa de 487 beneficiarios, a los cuales se les visitó a domicilio para preguntarles si estaban recibiendo el recurso del Programa. Del total de la muestra, 99 casos, presentaron inconsistencias en sus respuestas tales como: no se encontró el beneficiario en el domicilio que registró, las personas que estaban en el padrón manifestaron que ya no les depositaban el recurso, o el beneficiario falleció pero seguía activo dentro del padrón.
En este sentido, el Órgano estaba aparentemente siguiendo una muestra estadística aleatoria; en tal virtud, al encontrar irregularidades en el 20% de los casos de la muestra, es válido inferir que existen irregularidades en el 20% del universo. Por lo tanto, sabiendo que el total de la erogación de los programas conocidos como “Te da más” ascienden a un monto de $1,234,443,000.00, podemos concluir que existen irregularidades en el 20% de este ejercicio, es decir, en $250,994,264.00 en términos aproximados. El OSFE no consideró que dichas irregularidades fueran relevantes para la determinación de su Informe, ni siquiera determinó ampliar su muestra para poder verificar estos datos, lo que una vez más demuestra la complicidad de este Órgano técnico con el grupo en el poder que posibilita el derroche sin ningún control, de más de 250 millones de pesos, cifra nada despreciable de valorar en la Cuenta pública y que no se puede dejar de señalar.
Otro asunto que genera suspicacias es que durante la revisión documental se descubrió que el INVITAB adquirió, para reserva territorial, un predio rústico de 6 hectáreas en el Poblado Francisco J. Santamaria en Jalapa, Tabasco. Dicha transacción se realizó el 30 de noviembre de 2006 bajo el número de escritura 543, ante el Notario Rafael Miguel González Lastra, actual Procurador de Justicia de Tabasco, en la que consta que por parte de INVITAB, Ivonne Calzada Prats, compró dicha propiedad al ahora Secretario de la Contraloría C.P. Róger Pérez Évoli.
Si bien es cierto que en ese entonces el C. Roger Pérez Évoli no trabajaba para el gobierno del estado, hay indicios de que se trató de una prebenda orquestada en beneficio de quien es hoy Contralor del estado. Además lo extraño es que dicho predio lo compró INVITAB en 2,700,000 pesos, cuando por ejemplo el valor registrado ante el Ayuntamiento de Jalapa es de 29,000 pesos, es decir se pagó más de 90 veces lo que supuestamente vale un predio. Aún asumiendo sin conceder, que el valor catastral estuviera muy por debajo del valor comercial, es del conocimiento público que un predio rústico valga esa cantidad, cuando la hectárea en esa zona es de hasta $200,000.00 pesos y se le pagó en $450,000. Este hecho fue ignorado por el Órgano Superior de Fiscalización y sólo se limita a determinar la irregularidad en el pago de los impuestos al Ayuntamiento, sin observar el fondo de la compraventa hecha al entonces legislador Pérez Évoli, entonces Presidente de la Comisión Inspectora de Hacienda. Asimismo es de resaltarse, que en a revisión documental de este asunto se solicitaron los avalúos que respaldaron dicha compraventa, los cuales no fueron entregados.
En similar situación se encuentra el hoy Secretario de Salud Dr. Luis Felipe Graham Zapata quien cobró por concepto de honorarios médicos a la Universidad Juarez Autónoma de Tabasco el 19 de enero y siete de marzo del 2007, por una cantidad mayor de los más de 35 mil pesos. Dicha erogación que recibió el Dr. Luis Felipe Graham es una violación flagrante a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, además de un acto inmoral y falto de toda ética, por cobrar en dos dependencias de gobierno al mismo tiempo cuando se supone que su función de Secretario de Salud le requiere una actuación de tiempo completo. En este caso el Órgano Superior de Fiscalización no se percató de este doble cobro cuando es de público conocimiento que el Dr. Graham desde el 1 de enero de 2007 es Secretario de despacho, y también cobra en la UJAT lo que por lo menos debió procederse a una investigación en materia de responsabilidades de servidores públicos.
En otro tema, es preciso señalar que el Órgano Superior de Fiscalización determinó que la Coordinación General de Desarrollo Social tuvo observaciones que no pueden darse por solventadas por diversos motivos entre los que destacan:
a) Que la Dependencia en cuestión tiene a su cargo las llamadas “Casas de Gobierno”, señaladas como centros de operación y manipulación política, las cuales al inicio de la administración cada una de ellas tenía autorizado un presupuesto de 2 millones 600 mil aproximadamente, y lo que se pudo constatar de la revisión documental es que todas ellas recibieron un aumento en su presupuesto de casi el 100%. En otras palabras, cada Casa de Gobierno cuesta al erario público mas de 4 millones y medio de pesos, manejando dos programas: “Te Da Mas” y “Pedaleando para Transformar”. El primero de ellos si bien es cierto requería de mucho gasto de operación para atender a todos los ciudadanos que querían inscribirse, también lo es que después de su inscripción el pago de dicho programa se realiza a través de una cuenta bancaria que no requiere de tanta burocracia. En el caso de “Pedaleando para Transformar”, simplemente se repartieron las bicicletas y se cerró el programa. Por lo que habría que preguntarse si es realmente necesario que se mantenga una infraestructura por más de 4 millones y medio en cada uno de los municipios, cuyo único objetivo es la manipulación sesgada de los programas de apoyo social.
b) Además de las ya mencionadas irregularidades en el programa “Te da Más”, la Coordinación General de Desarrollo Social se hizo acreedora a más de 49 observaciones no solventadas que el Órgano determinó tales como que las diversas adquisiciones de bienes que realizaron, carecieron de documentación sobre el proceso de licitación o el acta de entrega, inconsistencias en su autorización, modalidad de ejecución y fecha de terminación; pero el Órgano no determina que se realizó un daño al patrimonio público, siendo que si una adquisición no se realiza con los mecanismos de transparencia establecidos en ley, hace presumir que los mismos se ejecutaron pagando sobreprecios o beneficiando a los amigos y socios de servidores públicos enquistados en la nómina de la actual administración. El Órgano minimiza indebidamente estas observaciones determinándolas como de control interno, y pidiendo que la Contraloría inicie el procedimiento administrativo correspondiente, que no será extraño avizorar que con una amonestación será suficiente castigo por derrochar los recursos públicos.
c) Además es sorprendente que el OSFE, habiendo determinado que en varias Casas de Gobierno los equipos de cómputo que estaban asignados a las mismas, al momento de una inspección física no se encontraron, y ni siquiera la Coordinación General de Desarrollo Social pudo acreditar en donde estaban dichos equipos. Esta irregularidad aún siendo detectada por el Órgano en su informe no lo establece como una observación cuantificable y sólo como acreedor de responsabilidades administrativas. En este sentido el Órgano falta a su obligaciòn de velar por el adecuado ejercicio de los recursos públicos.
Asimismo, durante la revisión del gasto corriente de las dependencias seleccionadas se descubrió que en varias de ellas existía un concepto denominado “Erogaciones Adicionales”, la cual significaba el pago a servidores públicos ajenas al salario que podríamos suponer se trata de los bonos de fatiga laboral que el propio C.P. Saiz Pineda reconoció que se estaban pagando dichas prestaciones en los términos de la Ley. De los 10 entes fiscalizables a los que se fiscalizó su gasto corriente, se encontró que existen dependencias que tienen asignados montos por concepto de “Erogaciones Adicionales”, tales como:
DEPENDENCIA MONTO EJERCIDO
UNIDAD DE ATENCIÓN SOCIAL DEL ESTADO 3,243,829.50
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES 1,084,044.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3,909,223.60
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO 1,253,320.00
TOTAL 9,490,417.10
De acuerdo a la tabla anterior solo en estas dependencias casi 10 millones de pesos se erogaron por este concepto del cual el Órgano Superior de Fiscalización no fiscalizó.
Sin embargo, al solicitar la justificación de los servidores públicos a los que se les asignan parte de este concepto por bono de fatiga laboral, la respuesta del OSFE fue negar esta información a los integrantes de esta Comisión. Sin duda, el conocimiento de quienes devengan recursos del erario público forma parte de los trabajos de fiscalización y es necesario el esclarecimiento de estas partidas presupuestales, que por cierto en algunas dependencias resultan ser mayores a las de servicios personales. Esta es una prueba más de que la opacidad ha sido el arma de esta administración para ocultar el manejo de las finanzas públicas y por la cual los altos funcionarios se autopagan grandes cantidades disfrazando su salario con otros conceptos fuera de lo que se determina como información mínima de oficio en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta Soberanía no puede dejar pasar este ocultamiento y manipulación en el ejercicio indebido del servicio público.
Aunado a todo lo anterior, la revisión documental durante las sesiones de trabajo fue insuficiente por lo que mediante los oficios DIP.JADVA0126/2008, DIP.JADVA0128/2008, DIP.JADVA0130/2008, DIP.JADVA0132/2008, DIP.JADVA0134/2008, se solicitó al Fiscal Superior del Estado documentación soporte del Informe técnico, como por ejemplo:
· Estados financieros con sus relaciones analíticas y antigüedades de saldo de todas las dependencias que estuvieron en la muestra fiscalizada de todos los trimestres de 2007.
· Informe detallado de los activos adquiridos por las Dependencias del Poder Ejecutivo que estuvieron en la muestra del ejercicio 2007, así como su reevaluación de activos.
· Relación detallada del Gasto Corriente, de las dependencias contenidas en la muestra.
· Listado detallado de los proyectos productivos apoyados por el programa Alianza para el Campo, en el ejercicio 2007.
· Listado de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Coordinación General de Desarrollo Social (nómina personal de base y de confianza y por honorarios)
· Relación detallada de los ingresos que recibió la Secretaría de Administración y Finanzas por conceptos de donativos en efectivo y en especie por la contingencia, y su aplicación durante el ejercicio 2007.
· Relación detallada por rubro y partida del presupuesto autorizado y ejercido de todas las Casas de Gobierno
· Informe detallado de la cuenta de Erogaciones Adicionales, describiendo el monto y los servidores a los que se le erogó compensaciones de esta cuenta, de todas las dependencias del Poder Ejecutivo estuvieron en la muestra fiscalizada.
· Informe detallado de la cuenta de Comunicación Social de todas las dependencias del Poder Ejecutivo que no estuvieron en la muestra fiscalizada.
· Informe detallado de la forma en que se gastó el capítulo de Transferencias y Subsidios, determinando las fechas, personas y justificación de la erogación realizada, de todas las dependencias del Poder Ejecutivo que no estuvieron en la muestra fiscalizada.
· Pliegos de Cargos de los 4 trimestres de 2007.
· Los informes de autoevaluación que mensualmente envían los entes fiscalizables al Órgano Superior de Fiscalización.
· Los dictámenes de auditorías que haya realizado cualquier ente público o privado a las dependencias contenidas en la muestra.
A pesar de que esta información resulta fundamental para solventar las dudas y es parte de la documentación soporte del Informe Técnico y Financiero, nos fue negada como de costumbre por el Fiscal Superior del Estado y el Presidente de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, obsequiándonos en contrario la emisión del dictamen que discutimos en este momento y que como todos saben se elaboró de manera apresurada, aprovechando de nuevo la psicosis presente aún en gran parte de la ciudadanía por las fuertes lluvias registradas en los últimos días y sin las consideraciones pertinentes de todos los diputados integrantes de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda.
Además de todo lo expuesto, en el Dictamen propuesto se estableció que el Poder Ejecutivo no solventó diversas observaciones cuantificadas en más de 20 millones de pesos.
Por todo lo anterior, la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional no puede considerar como satisfechas y solventadas las irregularidades que hemos descrito. Nuevamente el servilismo, el espíritu de grupo, la conducta de camorra, nos han negado la posibilidad de contar con los elementos necesarios para llevar a cabo una fiscalización profesional y de calidad que permita a los ciudadanos tabasqueños tener confianza en sus gobernantes y las instituciones.
Asimismo, con información contenida en el Informe Trimestral sobre la Situación Económica, los Ingresos y los Egresos Públicos del 4to. Trimestres del 2007 que emite la Secretaría de Administración y Finanzas se constató que el presupuesto ejercido por el Gobierno del Estado difiere en más de 1,240 millones de pesos en lo que reportó el Órgano Superior de Fiscalización en su informe técnico y financiera. Habiendo esta inconsistencia en la información en la cual el órgano fiscalizador difiere de la información que presenta la Secretaría de Administración y Finanzas, pues no existe claridad de que las cantidades percibidas hayan sido gastadas conforme lo determinan las leyes pertinentes. Y cuando existen más de mil doscientos millones de pesos que se tiene desconocimiento de su destino pues no se puede dar como válida una Cuenta Pública hasta que se esclarezca el ejercicio de todos los recursos públicos.
Lamentablemente el precio a pagar por permitir este insulto a la inteligencia del pueblo de Tabasco que pretende hoy consumar el PRI, no es el aplauso o la risa, sino la condena a seguir soportando una vez más el saqueo a nuestros recursos que ya se ha vuelto común denominador de los últimos sexenios, sumiendo a Tabasco en los niveles más bajos de educación o empleo, y en los más altos de pobreza, mientras ocupamos un nada halagüeño primer lugar como la entidad que más ha incrementado su burocracia.
Ni documentalmente, ni en términos de resultados podemos pues pensar que el ejercicio presupuestal del Poder Ejecutivo durante el ejercicio 2007 fue acorde a lo que señala la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y la Ley de Fiscalización Superior del Estado.
En tal virtud, me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
VOTO PARTICULAR:
ÚNICO: No se aprueban los términos del Dictamen de calificación de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado respecto al Ejercicio correspondiente al año 2007, en virtud de las consideraciones descritas en el presente voto particular, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 39 párrafo II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, se considera que las cantidades percibidas y gastadas en los programas no están acorde a las partidas presupuestales respectivas por lo tanto se determina NO APROBAR la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado por el Ejercicio de 2007.
“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”
A T E N T A M E N T E
Dip. José Antonio Pablo De La Vega Asmitia
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional
Piden a Sernapam diagnostico sobre deforestación
* Se le requirió para que emita normas en torno a la erradicación de bolsas de plásticos
* Pediran se informe sobre los recursos del 2007
Fernando Morales
Acento
La Comisión Permanente de Ecología, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, aprobó exhortar a la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam) para que realice un diagnóstico sobre la problemática forestal que registra la entidad. Así mismo a esta dependencia se le requirió que emita una norma estatal ambiental tendiente a la erradicación del uso de bolsas de plástico y sustituirlas por otras que estén elaboradas con materiales reciclables.
Así mismo los parlamentarios Karina González Balcazar, Francisco Custodio Gómez, José Alberto Pinzón Herrera y Alipio Ovando Magaña, pidieron a la misma dependencia estatal diseñe un programa que permita la aplicación del llamado redondeo en pro del medio ambiente en Tabasco.
Luego de varios meses sin poder sesionar por la falta de quórum, solamente faltó la legisladora priísta, Rosa Elvira López López.
En otros temas, los diputados del PRI y el PRD, acordaron replantear el relacionado con la solicitud para que informe sobre el destino que se dio al ejercicio de 2007 a los recursos del fondo para la restauración y preservación de los ecosistemas, así como la explicación del los relativos al 2008.
La comisión de ecología dictaminó dos puntos de acuerdo similares, uno presentado por la presidenta de la Comisión y otro por Pinzón Herrera, en el que se exhorta a los Poderes Judicial y Ejecutivo, a los titulares de las delegaciones de las Secretarías del Gobierno Federal en el Estado, órganos desconcentrados, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria dependientes de éstos, a los 17 ayuntamientos de la entidad, así como a los órganos técnicos y administrativos del Poder Legislativo, a instrumentar lineamientos de ahorro y uso de papel y consumibles de oficina en base a requerimientos de bajo impacto ambiental y establecer el uso obligatorio de papel reciclable en la documentación oficial que se utiliza en los diversos trámites administrativos que realizan.
Finalmente se aprobó un dictamen de punto de acuerdo presentado por Karina González por el que exhorta a las legislaturas de los Estados así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que se dicten resoluciones que contengan medidas para mitigar el cambio climático considerando las consecuencias sociales, económicas y ambientales que sean pertinentes.
* Pediran se informe sobre los recursos del 2007
Fernando Morales
Acento
La Comisión Permanente de Ecología, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, aprobó exhortar a la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam) para que realice un diagnóstico sobre la problemática forestal que registra la entidad. Así mismo a esta dependencia se le requirió que emita una norma estatal ambiental tendiente a la erradicación del uso de bolsas de plástico y sustituirlas por otras que estén elaboradas con materiales reciclables.
Así mismo los parlamentarios Karina González Balcazar, Francisco Custodio Gómez, José Alberto Pinzón Herrera y Alipio Ovando Magaña, pidieron a la misma dependencia estatal diseñe un programa que permita la aplicación del llamado redondeo en pro del medio ambiente en Tabasco.
Luego de varios meses sin poder sesionar por la falta de quórum, solamente faltó la legisladora priísta, Rosa Elvira López López.
En otros temas, los diputados del PRI y el PRD, acordaron replantear el relacionado con la solicitud para que informe sobre el destino que se dio al ejercicio de 2007 a los recursos del fondo para la restauración y preservación de los ecosistemas, así como la explicación del los relativos al 2008.
La comisión de ecología dictaminó dos puntos de acuerdo similares, uno presentado por la presidenta de la Comisión y otro por Pinzón Herrera, en el que se exhorta a los Poderes Judicial y Ejecutivo, a los titulares de las delegaciones de las Secretarías del Gobierno Federal en el Estado, órganos desconcentrados, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria dependientes de éstos, a los 17 ayuntamientos de la entidad, así como a los órganos técnicos y administrativos del Poder Legislativo, a instrumentar lineamientos de ahorro y uso de papel y consumibles de oficina en base a requerimientos de bajo impacto ambiental y establecer el uso obligatorio de papel reciclable en la documentación oficial que se utiliza en los diversos trámites administrativos que realizan.
Finalmente se aprobó un dictamen de punto de acuerdo presentado por Karina González por el que exhorta a las legislaturas de los Estados así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que se dicten resoluciones que contengan medidas para mitigar el cambio climático considerando las consecuencias sociales, económicas y ambientales que sean pertinentes.
Dejan en suspenso cuenta del IEPCT
* No hay documentos que sustenten el ejercicio pasado luego de que se perdieran por la inundación
Fernando Morales
Acento
La cuenta pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) quedó en suspenso al no ser aprobada ante la imposibilidad de tener documentos que sustenten el ejercicio correcto del presupuesto del año pasado al argumentar que sufrieron la pérdida del mismo durante la inundación que afectó al estado.
De acuerdo a un informe que hizo el Órgano Superior de Fiscalización, quien se declaró imposibilitado para emitir una opinión respecto a la cuenta pública 2007 del Consejo Estatal Electoral, argumentaron que en esa tragedia el órgano fue gravemente dañada en sus instalaciones.
Por este motivo, las acciones de fiscalización fueron limitadas ante la dificultad de efectuarse la revisión y verificación de la documentación justificativa y comprobatoria generada durante los meses de abril a octubre del año pasado.
“Las instalaciones del Instituto sufrieron inundaciones hasta de 2 metros, provocando daños a la estructura del inmueble, bienes, muebles y documentación de las diversas áreas durante nueve días”, acotó.
Francisco Custodio Gómez, diputado local del PRI expuso que hace un año aproximadamente el estado sufrió el abatimiento de la fuerza de la naturaleza, los daños fueron cuantiosos, la gente perdió mucho y algunos casi todo su patrimonio.
Al dar lectura a un posicionamiento en base a lo señalado por el fiscal del OSF, Francisco Rullán Silva, el parlamentario priísta subrayó que en el informe de resultados que recibieron el pasado 01 de agosto, se abstuvieron de emitir un pronunciamiento ante la carencia de documentación soporte que para efectos de dictamen de calificación solicitan se considere la referida abstención de opinión.
Ante esta situación afirmó que por eso está claro que ni la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, ni el Congreso del Estado pueden pronunciarse al respecto.
El Congreso del Estado solo puede señalar si se aprueba o no la cuenta pública y en caso de no tener elementos para ello, declarar en suspenso dicha cuenta.
Fernando Morales
Acento
La cuenta pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) quedó en suspenso al no ser aprobada ante la imposibilidad de tener documentos que sustenten el ejercicio correcto del presupuesto del año pasado al argumentar que sufrieron la pérdida del mismo durante la inundación que afectó al estado.
De acuerdo a un informe que hizo el Órgano Superior de Fiscalización, quien se declaró imposibilitado para emitir una opinión respecto a la cuenta pública 2007 del Consejo Estatal Electoral, argumentaron que en esa tragedia el órgano fue gravemente dañada en sus instalaciones.
Por este motivo, las acciones de fiscalización fueron limitadas ante la dificultad de efectuarse la revisión y verificación de la documentación justificativa y comprobatoria generada durante los meses de abril a octubre del año pasado.
“Las instalaciones del Instituto sufrieron inundaciones hasta de 2 metros, provocando daños a la estructura del inmueble, bienes, muebles y documentación de las diversas áreas durante nueve días”, acotó.
Francisco Custodio Gómez, diputado local del PRI expuso que hace un año aproximadamente el estado sufrió el abatimiento de la fuerza de la naturaleza, los daños fueron cuantiosos, la gente perdió mucho y algunos casi todo su patrimonio.
Al dar lectura a un posicionamiento en base a lo señalado por el fiscal del OSF, Francisco Rullán Silva, el parlamentario priísta subrayó que en el informe de resultados que recibieron el pasado 01 de agosto, se abstuvieron de emitir un pronunciamiento ante la carencia de documentación soporte que para efectos de dictamen de calificación solicitan se considere la referida abstención de opinión.
Ante esta situación afirmó que por eso está claro que ni la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, ni el Congreso del Estado pueden pronunciarse al respecto.
El Congreso del Estado solo puede señalar si se aprueba o no la cuenta pública y en caso de no tener elementos para ello, declarar en suspenso dicha cuenta.
Aprueban cuentas del poder ejecutivo correspondiente al ejercicio 2007
* Solo bastó 4 horas para que aprobaran la cuenta del ejecutivo
* Bancada del PRD no descarta que puedan tomar la tribuna hoy, cuando el dictamen baje al pleno
Fernando Morales
Acento
Con el voto de los cinco diputados del PRI que integran la Primera Comisión Inspectora de Hacienda se aprobó ayer el dictamen de la cuenta pública del Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2007, pese a la inconformidad de los dos diputados del PRD y el PAN.
Tras un debate que se prolongó por más de cuatro horas y media, finalmente resultó imposible que la oposición pudiera convencer a los parlamentarios priístas para que sacarán del orden día los dictámenes relacionados a las cuentas públicas de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mismos que bajarán hoy al pleno cameral.
En entrevista momentos después de haber sido aprobada la cuenta del Ejecutivo, el perredista Alipio Ovando, advirtió que este jueves podrían haber “sorpresas” y no se descartaba incluso la toma de tribuna.
Durante la sesión pública de esa comisión, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN José Antonio de la Vega Asmitia, pidió que se aplazará la aprobación de la cuenta pública del Poder Ejecutivo en virtud de que no habían tenido el tiempo suficiente para elaborar un predictamen y tampoco dispusieron de la información necesaria para hacer un trabajo profesional y no a las carreras.
Entre las dudas que planteó dijo que el Secretaría de Administración y Finanzas reportó ingresos por 32 mil millones de pesos y el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) en su informe final, habla de 31 mil millones de pesos, lo que hace una diferencia de mil 239 millones de pesos.
Añadió que incluso el mismo fiscal del OSF, Francisco Rullán aceptó que no fueron atendidas algunas acciones del mismo programa de trabajo porque no tuvieron el suficiente personal y otras por falta de tiempo.
Añadió que instituciones como la UJAT o la Universidad Tecnológica de Tabasco, quedaron excluidas de la auditoria e incluso hasta revisaron obras que estaban fuera de la muestra.
El panista pidió una reunión formal con el OSF para efecto de aclarar las dudas existentes en cuanto a las cifras manejas y otros asuntos relacionados a la calificación de la cuenta pública del Ejecutivo, sin embargo posteriormente fue rechazada su petición.
Defienden trabajo de la Inspectora
En tanto que el presidente de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, Jesús Alí de la Torre, afirmó que no había justificación alguna para retrasar los trabajos y ampliar los plazos de revisión de la misma.
Al rendir su informe del trabajo realizado para la elaboración de los dictámenes de las cuentas públicas, dijo que siempre estuvo atento a las peticiones y solicitudes de los integrantes de esa comisión por lo que no se ha estado de acuerdo con aquellas posiciones que pretenden atrasar el trabajo.
Según aseguró, consultaron más de 100 expedientes de las diversas dependencias y se pidió información complementaria que fue atendida con los documentos que el OSF tenía en su poder y lo que por ley corresponde proporcionar. En la inspección física de la obra se revisaron 22 proyectos consistentes en adquisiciones, aportaciones, construcción y equipamientos, entre otras.
Dictamen no exime a nadie de responsabilidades
En su intervención la parlamentaria del Revolucionario Institucional, Esther Alicia Dagdug Lutzow, afirmó que el dictamen que aprobaron no exime de responsabilidad a nadie, y por eso incluso dejaron fuera del mismo, observaciones que no han sido solventadas por la Coordinación de Desarrollo Social que encabeza, María Teresa Cabrales.
Admitió que un total de 136 bienes, muebles de esa dependencia no aparecen por ningún lado en los municipios de Cárdenas, Jalpa de Méndez, Huimanguillo, Nacajuca y Centro.
Sostuvo que en este caso la contraloría del gobierno estatal y el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) tendrán que iniciar los procedimientos administrativos correspondientes para deslindar responsabilidades. Ante los cuestionamientos de los diputados de oposición afirmó que los 4 millones 279 mil pesos que fueron observados a esa dependencia ya fueron solventados.
En el caso de la auditoria al programa Te da Más, argumentó que la muestra abarcó 22 por ciento del total del padrón de beneficiarios por lo que se visitaron unas 99 personas, obteniendo como resultado que algunas de ellas no radican en el mismo domicilio y otras ya habían fallecido.
De su lado, el priísta Francisco Custodio, dijo que tratar de poner por sistema al gobernador del estado en el banquillo de los acusados, obedece exclusivamente al criterio de tratar de sacar rentabilidad electoral.
Afirmó que no son tapadera de nadie y están a favor de que quien cometa actos de corrupción reciba todo el peso de la ley.
Cuenta del Ejecutivo, aprobada al vapor
Por su parte, el coordinador parlamentario del PRD Alipio Ovando Magaña, fijó un posicionamiento a nombre de su partido, en el cual señaló que el PRI intentaba fiscalizar al vapor la cuenta pública del Poder Ejecutivo, quien ejerció un presupuesto superior a los 32 mil 640 millones de pesos, que representa más del 70 por ciento del presupuesto público de Tabasco.
“Es evidente que la fracción parlamentaria del PRI, pretende dar un madruguete legislativo para sacar de apuros al gobernador. Es notorio el pobre trabajo legislativo realizado por la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, que en el proyecto de dictamen que proponen apenas mencionan el monto global de los ingresos y egresos de manera genérica, pero omitiendo especificar a detalle la manera en que fueron erogados los recursos económicos y financieros durante todo el ejercicio fiscal 2007”, aseveró.
El diputado solaztequista Oscar Cantón Zetina, subrayó que el OSF no cumplió su propio programa de auditorias.
Indicó que el secretario de Salud, Luis Felipe Gram., cobró más de 37 mil pesos a la UJAT por servicios médicos sin contrato con requisitos de ley.
Para concluir citó que en un expediente del Órgano Superior de Fiscalización, con registro HCE/OSFE/159/01/2008, se indica que el Secretario de la Contraloría, Roger Pérez Evoli, le vendió al INVITAB un predio rústico de seis hectáreas, ubicado en el poblado Francisco J. Santamaría, del municipio de Jalapa, por la cantidad de 2 millones 700 mil pesos.
Esa operación se llevó a cabo el 30 de marzo de 2007, según consta en el Recibo Oficial de Ingresos número 051872, en el cual quedó asentado que se pagaron al municipio de Jalapa 54 mil pesos por concepto de impuestos por la compra-venta del predio, que corrieron a cargo del INVITAB.
* Bancada del PRD no descarta que puedan tomar la tribuna hoy, cuando el dictamen baje al pleno
Fernando Morales
Acento
Con el voto de los cinco diputados del PRI que integran la Primera Comisión Inspectora de Hacienda se aprobó ayer el dictamen de la cuenta pública del Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2007, pese a la inconformidad de los dos diputados del PRD y el PAN.
Tras un debate que se prolongó por más de cuatro horas y media, finalmente resultó imposible que la oposición pudiera convencer a los parlamentarios priístas para que sacarán del orden día los dictámenes relacionados a las cuentas públicas de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mismos que bajarán hoy al pleno cameral.
En entrevista momentos después de haber sido aprobada la cuenta del Ejecutivo, el perredista Alipio Ovando, advirtió que este jueves podrían haber “sorpresas” y no se descartaba incluso la toma de tribuna.
Durante la sesión pública de esa comisión, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN José Antonio de la Vega Asmitia, pidió que se aplazará la aprobación de la cuenta pública del Poder Ejecutivo en virtud de que no habían tenido el tiempo suficiente para elaborar un predictamen y tampoco dispusieron de la información necesaria para hacer un trabajo profesional y no a las carreras.
Entre las dudas que planteó dijo que el Secretaría de Administración y Finanzas reportó ingresos por 32 mil millones de pesos y el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) en su informe final, habla de 31 mil millones de pesos, lo que hace una diferencia de mil 239 millones de pesos.
Añadió que incluso el mismo fiscal del OSF, Francisco Rullán aceptó que no fueron atendidas algunas acciones del mismo programa de trabajo porque no tuvieron el suficiente personal y otras por falta de tiempo.
Añadió que instituciones como la UJAT o la Universidad Tecnológica de Tabasco, quedaron excluidas de la auditoria e incluso hasta revisaron obras que estaban fuera de la muestra.
El panista pidió una reunión formal con el OSF para efecto de aclarar las dudas existentes en cuanto a las cifras manejas y otros asuntos relacionados a la calificación de la cuenta pública del Ejecutivo, sin embargo posteriormente fue rechazada su petición.
Defienden trabajo de la Inspectora
En tanto que el presidente de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, Jesús Alí de la Torre, afirmó que no había justificación alguna para retrasar los trabajos y ampliar los plazos de revisión de la misma.
Al rendir su informe del trabajo realizado para la elaboración de los dictámenes de las cuentas públicas, dijo que siempre estuvo atento a las peticiones y solicitudes de los integrantes de esa comisión por lo que no se ha estado de acuerdo con aquellas posiciones que pretenden atrasar el trabajo.
Según aseguró, consultaron más de 100 expedientes de las diversas dependencias y se pidió información complementaria que fue atendida con los documentos que el OSF tenía en su poder y lo que por ley corresponde proporcionar. En la inspección física de la obra se revisaron 22 proyectos consistentes en adquisiciones, aportaciones, construcción y equipamientos, entre otras.
Dictamen no exime a nadie de responsabilidades
En su intervención la parlamentaria del Revolucionario Institucional, Esther Alicia Dagdug Lutzow, afirmó que el dictamen que aprobaron no exime de responsabilidad a nadie, y por eso incluso dejaron fuera del mismo, observaciones que no han sido solventadas por la Coordinación de Desarrollo Social que encabeza, María Teresa Cabrales.
Admitió que un total de 136 bienes, muebles de esa dependencia no aparecen por ningún lado en los municipios de Cárdenas, Jalpa de Méndez, Huimanguillo, Nacajuca y Centro.
Sostuvo que en este caso la contraloría del gobierno estatal y el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) tendrán que iniciar los procedimientos administrativos correspondientes para deslindar responsabilidades. Ante los cuestionamientos de los diputados de oposición afirmó que los 4 millones 279 mil pesos que fueron observados a esa dependencia ya fueron solventados.
En el caso de la auditoria al programa Te da Más, argumentó que la muestra abarcó 22 por ciento del total del padrón de beneficiarios por lo que se visitaron unas 99 personas, obteniendo como resultado que algunas de ellas no radican en el mismo domicilio y otras ya habían fallecido.
De su lado, el priísta Francisco Custodio, dijo que tratar de poner por sistema al gobernador del estado en el banquillo de los acusados, obedece exclusivamente al criterio de tratar de sacar rentabilidad electoral.
Afirmó que no son tapadera de nadie y están a favor de que quien cometa actos de corrupción reciba todo el peso de la ley.
Cuenta del Ejecutivo, aprobada al vapor
Por su parte, el coordinador parlamentario del PRD Alipio Ovando Magaña, fijó un posicionamiento a nombre de su partido, en el cual señaló que el PRI intentaba fiscalizar al vapor la cuenta pública del Poder Ejecutivo, quien ejerció un presupuesto superior a los 32 mil 640 millones de pesos, que representa más del 70 por ciento del presupuesto público de Tabasco.
“Es evidente que la fracción parlamentaria del PRI, pretende dar un madruguete legislativo para sacar de apuros al gobernador. Es notorio el pobre trabajo legislativo realizado por la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, que en el proyecto de dictamen que proponen apenas mencionan el monto global de los ingresos y egresos de manera genérica, pero omitiendo especificar a detalle la manera en que fueron erogados los recursos económicos y financieros durante todo el ejercicio fiscal 2007”, aseveró.
El diputado solaztequista Oscar Cantón Zetina, subrayó que el OSF no cumplió su propio programa de auditorias.
Indicó que el secretario de Salud, Luis Felipe Gram., cobró más de 37 mil pesos a la UJAT por servicios médicos sin contrato con requisitos de ley.
Para concluir citó que en un expediente del Órgano Superior de Fiscalización, con registro HCE/OSFE/159/01/2008, se indica que el Secretario de la Contraloría, Roger Pérez Evoli, le vendió al INVITAB un predio rústico de seis hectáreas, ubicado en el poblado Francisco J. Santamaría, del municipio de Jalapa, por la cantidad de 2 millones 700 mil pesos.
Esa operación se llevó a cabo el 30 de marzo de 2007, según consta en el Recibo Oficial de Ingresos número 051872, en el cual quedó asentado que se pagaron al municipio de Jalapa 54 mil pesos por concepto de impuestos por la compra-venta del predio, que corrieron a cargo del INVITAB.
Descarta Congreso adelantar comicios locales de 2009
* Escayola Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que no ha recibido ninguna propuesta del Consejo Estatal Electoral, sobre el tema
* Homologar comicios locales con nacionales propone el PAN
Fernando Morales
Acento
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local José del Carmen Escayola Camacho, rechazó que para el próximo año puedan hacer cambios a la ley electoral para adelantar los comicios locales en la que se renovarán las presidencias municipales y diputaciones locales.
“Creo que es muy acelerado en ese sentido tratar de hacer cambios, los que se hagan serán posteriores”, anticipó al tiempo de que aclaró que en lo personal no ha recibido ninguna propuesta del Consejo Estatal Electoral para cambiar la fecha de la elección local que regularmente se lleva a cabo en el mes de octubre.
“No la hemos recibido, y todo lo que se recibe se somete a la Junta de Coordinación Política”, expresó el parlamentario priísta.
No obstante sostuvo que cuando reciba la propuesta de un consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco se e dará el tratamiento que se da a toda la correspondencia.
Cuestionado en torno si seria un argumento suficiente adelantar la elección un mes antes de lo establecido en el Código Institucional y de Procedimientos Electorales de Tabasco (Coipet).
Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN José Antonio de la Vega Asmitia, confirmó que si tiene en su poder un documento enviado por el consejero, Carlos Aguilar Ruiz, mismo que dijo que el planteamiento de Acción Nacional es que la elección federal pueda homologarse con la local.
“No (seria posible para el próximo año) porque el proceso electoral ya va dar inició, seria difícil hacerlo el próximo año” opinó.
Aunque dijo que podría ser idóneo cambiar la fecha de la elección a consecuencia de las lluvias que se presentan anualmente en el mes de octubre y luego dificultad la organización e instalación de las casillas.
Finalmente Alipio Ovando Magaña, coordinador de la bancada perredista dijo que en su momento analizarán la propuesta y determinarán si es procedente siempre y cuando no complique la organización de los comicios.
Sin embargo consideró que no debe pensarse al extremo para cambiar la fecha del proceso electoral local, ya que las lluvias que han caído en el estado han sido consideradas por los especialistas como normales.
* Homologar comicios locales con nacionales propone el PAN
Fernando Morales
Acento
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local José del Carmen Escayola Camacho, rechazó que para el próximo año puedan hacer cambios a la ley electoral para adelantar los comicios locales en la que se renovarán las presidencias municipales y diputaciones locales.
“Creo que es muy acelerado en ese sentido tratar de hacer cambios, los que se hagan serán posteriores”, anticipó al tiempo de que aclaró que en lo personal no ha recibido ninguna propuesta del Consejo Estatal Electoral para cambiar la fecha de la elección local que regularmente se lleva a cabo en el mes de octubre.
“No la hemos recibido, y todo lo que se recibe se somete a la Junta de Coordinación Política”, expresó el parlamentario priísta.
No obstante sostuvo que cuando reciba la propuesta de un consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco se e dará el tratamiento que se da a toda la correspondencia.
Cuestionado en torno si seria un argumento suficiente adelantar la elección un mes antes de lo establecido en el Código Institucional y de Procedimientos Electorales de Tabasco (Coipet).
Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN José Antonio de la Vega Asmitia, confirmó que si tiene en su poder un documento enviado por el consejero, Carlos Aguilar Ruiz, mismo que dijo que el planteamiento de Acción Nacional es que la elección federal pueda homologarse con la local.
“No (seria posible para el próximo año) porque el proceso electoral ya va dar inició, seria difícil hacerlo el próximo año” opinó.
Aunque dijo que podría ser idóneo cambiar la fecha de la elección a consecuencia de las lluvias que se presentan anualmente en el mes de octubre y luego dificultad la organización e instalación de las casillas.
Finalmente Alipio Ovando Magaña, coordinador de la bancada perredista dijo que en su momento analizarán la propuesta y determinarán si es procedente siempre y cuando no complique la organización de los comicios.
Sin embargo consideró que no debe pensarse al extremo para cambiar la fecha del proceso electoral local, ya que las lluvias que han caído en el estado han sido consideradas por los especialistas como normales.
Iniciarán revisión de leyes del Ejecutivo hasta la próxima semana
* No descartan que intercambiar opiniones con especialistas para analizar propuestas adicionales a las del ejecutivo.
* Se analizará la fusión de Seguridad Pública y Tránsito del estado
Fernando Morales
Acento
Será la próxima semana cuando los diputados locales que integran la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, inicien la revisión formal del paquete de iniciativas de reformas en materia penal que envío el gobernador Andrés Granier Melo, para enfrentar con mayor rigor a la delincuencia organizada.
En entrevista, el vocal de está comisión Héctor Raúl Cabrera Pascacio, no descartó que puedan intercambiar opiniones con especialistas en el tema, si es que tienen alguna propuesta adicional a la que recibieron por parte del titular del Poder Ejecutivo, como serian las barras o colegios de abogados de la entidad.
El legislador coincidió con la postura de algunos parlamentarios de su partido en torno a que este mismo mes deben ser aprobadas el fusionamiento de la Policía Estatal de Caminos (PEC) con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) así como las nuevas modalidades de terrorismo y la libertad precautoria de los internos.
Aseveró que los diputados tienen la facultad para modificar cualquier iniciativa de ley, incluso adicionar todo lo que sea viable para el buen funcionamiento de una propuesta de ley.
“El análisis es competencia y materia de las comisiones que tienen que dictaminar y una vez que lleguen podemos intercambiar opiniones con personas connotadas que tengan la experiencia en ese sentido”, aseveró.
Cabrera Pascasio, afirmó que en forma colegiada deberán analizar si piden la colaboración de los abogados antes de dictaminar las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Tránsito del Estado así como la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado.
En cuanto a las penas para castigar el terrorismo, el diputado local del PRI, prefirió evitar adelantar algún comentario, pues dijo que en su momento cuando emitirá una postura, una vez que el tema sea discutido en las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales así como Protección Civil, Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
* Se analizará la fusión de Seguridad Pública y Tránsito del estado
Fernando Morales
Acento
Será la próxima semana cuando los diputados locales que integran la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, inicien la revisión formal del paquete de iniciativas de reformas en materia penal que envío el gobernador Andrés Granier Melo, para enfrentar con mayor rigor a la delincuencia organizada.
En entrevista, el vocal de está comisión Héctor Raúl Cabrera Pascacio, no descartó que puedan intercambiar opiniones con especialistas en el tema, si es que tienen alguna propuesta adicional a la que recibieron por parte del titular del Poder Ejecutivo, como serian las barras o colegios de abogados de la entidad.
El legislador coincidió con la postura de algunos parlamentarios de su partido en torno a que este mismo mes deben ser aprobadas el fusionamiento de la Policía Estatal de Caminos (PEC) con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) así como las nuevas modalidades de terrorismo y la libertad precautoria de los internos.
Aseveró que los diputados tienen la facultad para modificar cualquier iniciativa de ley, incluso adicionar todo lo que sea viable para el buen funcionamiento de una propuesta de ley.
“El análisis es competencia y materia de las comisiones que tienen que dictaminar y una vez que lleguen podemos intercambiar opiniones con personas connotadas que tengan la experiencia en ese sentido”, aseveró.
Cabrera Pascasio, afirmó que en forma colegiada deberán analizar si piden la colaboración de los abogados antes de dictaminar las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Tránsito del Estado así como la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado.
En cuanto a las penas para castigar el terrorismo, el diputado local del PRI, prefirió evitar adelantar algún comentario, pues dijo que en su momento cuando emitirá una postura, una vez que el tema sea discutido en las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales así como Protección Civil, Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Reacciones de las fracciones parlamenarias...
DECLARACIÓN CONJUNTA DE LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS DEL P.R.D. Y DEL P.A.N. EN TORNO A LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBERNADOR, ANDRÉS GRANIER MELO.
PUEBLO DE TABASCO:
El día de hoy hemos sido testigos de la prepotencia y arrogancia política de la administración Granierista y sus lacayos en el Congreso de los representantes populares. En su desesperación por aprobar la cuenta pública del ejercicio fiscal 2007, la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, atropelló cobardemente la ley, el reglamento y la práctica parlamentaria que nos rigen en el quehacer legislativo.
Al no contar con una Mesa Directiva a modo, mucho menos con una Presidencia a su servicio, la fracción priísta, desconoció una decisión declarada por la Diputada Presidenta de la Mesa, quien había decretado un Receso, ante la alteración del orden provocado por los acarreados que trajo el PRI, y sin motivo ni fundamento jurídico alguno, el vicepresidente se autoproclamó como presidente de la Mesa Directiva, a pesar de encontrarse presente la legítima Presidenta de la Mesa y, lo más grave, estar en receso, por segunda ocasión, la sesión pública ordinaria ya instalada.
En términos del artículo 24 del Reglamento Interior del Congreso y conforme a la práctica parlamentaria, al considerar que fueron insuficientes los llamados a la prudencia para restablecer el orden quebrantado por los acarreados, la Diputada Presidenta tuvo el tino de decretar un receso, por las fricciones que sostenía el Diputado Secretario en la Mesa Directiva y la toma de la tribuna, a fin de evitar acciones violentas que pudieran poner en riesgo la integridad física, tanto de los propios diputados, del personal, como del público asistente.
Sin embargo, la fracción priísta, haciendo caso omiso de la autoridad de la que está investida la Presidencia de la Mesa Directiva, designó al vicepresidente como presidente de la mesa, a pesar de que el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece, con total claridad, que el vicepresidente suplirá las ausencias del presidente y lo auxiliará en el desarrollo de los trabajos. Así lo refrenda el artículo 27 del Reglamento Interior del Congreso que dispone que el vicepresidente suplirá en sus ausencias al Presidente del Congreso o cuando éste tenga que abordar la tribuna.
Ninguna de esas causales se presentaron durante el receso de la sesión, pues la Presidenta no se había ausentado, ya que aún permanecía sentada en su curul en la Mesa Directiva.
Así también sucede con el caso previsto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, puesto que en el desarrollo de la sesión no tuvo necesidad de ausentarse la Diputada Presidenta, ni era el caso de que el vicepresidente no se encontrara, para que la asamblea autorizara el retiro de aquella y eligiera al diputado que continuaría con la dirección.
Tampoco existe causa legal alguna para reemplazar a la Presidenta de la Mesa Directiva, pues no ha incurrido en falta alguna, ya que el reemplazo puede hacerse cuando el integrante de la mesa directiva hubiere faltado más de dos veces consecutivas y sin justificación, siempre que lo acuerden las dos terceras partes de los diputados asistentes, como lo previene el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Por consecuencia jurídica, la fracción priísta en esta LIX Legislatura incurrió en una violación a la normatividad parlamentaria, al no obedecer la decisión de quien legítima y legalmente se encuentra investida de la dirección de los trabajos de las sesiones ordinarias del pleno legislativo, máxime que por práctica parlamentaria y ante sucesos que ponen en riesgo los trabajos legislativos, los diputados del PRI o del PRD que han recibido la encomienda y la responsabilidad de presidir los trabajos legislativos, han recurrido a esta figura fáctica del Receso, sustentada por la interpretación funcional y sistemática de lo establecido en la fracción I del artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, ya que tienen la facultad de presidir y conducir las sesiones, por lo que los recesos temporales están sustentados en la ley y en la praxis parlamentaria del Congreso tabasqueño.
En ese contexto jurídico, resulta ilegal e ilegítimo que se haya continuado y desarrollado la sesión ordinaria citada para el día de hoy, pasando por encima de una decisión de la Presidencia de la Mesa Directiva como autoridad legislativa; desconocer su presencia, autoproclamarse el vicepresidente como presidente, y retirarse del salón del pleno para sesionar en un lugar distinto al recinto oficial.
El artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Tabasco exige que para trasladarse a otro sitio para celebrar sus sesiones, sólo puede hacerse con el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura, lo que no sucedió en la especie.
En virtud de todo lo anterior, carece de validez jurídica la aprobación en la sesión efectuada fuera del salón de sesiones, bajo la presidencia de un diputado que no fue electo para serlo durante el presente mes, del dictamen mediante el cual se aprobó la cuenta pública de Andrés Granier y que ejerció en el año fiscal 2007, así como de otros dictámenes, por las evidentes violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, vulnerando las disposiciones constitucionales de carácter federal contenidas en los artículos 14, 16 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Todo lo anterior demuestra que tenemos la razón cuando informamos a la sociedad, con toda oportunidad, que el PRI pretendía dar un albazo legislativo, para aprobar a la ligera, vía fast track, la cuenta pública de Granier. Los hechos y las violaciones antes evidenciadas, demuestran que Andrés Granier mantiene una actitud antidemocrática y autoritaria, manejando a su antojo los dineros del pueblo con total opacidad. Que Granier controla a la mayoría artificial de este Congreso, a quienes mandó a que le aprobaran a como diera lugar, así fuera en lo oscurito, su cuenta pública. Qué vergüenza deben estar pasando los diputados de su partido, al tener que irse del salón de sesiones a una sala de juntas, sin presencia de la oposición, a realizar un teatro parlamentario.
El pueblo de Tabasco sabe juzgar y pondrá a quienes mal gobiernan, en el lugar que les corresponde: el basurero de la historia.
Villahermosa, Tabasco. Octubre 16 de 2008.
Dip. ALIPIO OVANDO MAGAÑA, Coordinador de la Fracción PRD
PUEBLO DE TABASCO:
El día de hoy hemos sido testigos de la prepotencia y arrogancia política de la administración Granierista y sus lacayos en el Congreso de los representantes populares. En su desesperación por aprobar la cuenta pública del ejercicio fiscal 2007, la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, atropelló cobardemente la ley, el reglamento y la práctica parlamentaria que nos rigen en el quehacer legislativo.
Al no contar con una Mesa Directiva a modo, mucho menos con una Presidencia a su servicio, la fracción priísta, desconoció una decisión declarada por la Diputada Presidenta de la Mesa, quien había decretado un Receso, ante la alteración del orden provocado por los acarreados que trajo el PRI, y sin motivo ni fundamento jurídico alguno, el vicepresidente se autoproclamó como presidente de la Mesa Directiva, a pesar de encontrarse presente la legítima Presidenta de la Mesa y, lo más grave, estar en receso, por segunda ocasión, la sesión pública ordinaria ya instalada.
En términos del artículo 24 del Reglamento Interior del Congreso y conforme a la práctica parlamentaria, al considerar que fueron insuficientes los llamados a la prudencia para restablecer el orden quebrantado por los acarreados, la Diputada Presidenta tuvo el tino de decretar un receso, por las fricciones que sostenía el Diputado Secretario en la Mesa Directiva y la toma de la tribuna, a fin de evitar acciones violentas que pudieran poner en riesgo la integridad física, tanto de los propios diputados, del personal, como del público asistente.
Sin embargo, la fracción priísta, haciendo caso omiso de la autoridad de la que está investida la Presidencia de la Mesa Directiva, designó al vicepresidente como presidente de la mesa, a pesar de que el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece, con total claridad, que el vicepresidente suplirá las ausencias del presidente y lo auxiliará en el desarrollo de los trabajos. Así lo refrenda el artículo 27 del Reglamento Interior del Congreso que dispone que el vicepresidente suplirá en sus ausencias al Presidente del Congreso o cuando éste tenga que abordar la tribuna.
Ninguna de esas causales se presentaron durante el receso de la sesión, pues la Presidenta no se había ausentado, ya que aún permanecía sentada en su curul en la Mesa Directiva.
Así también sucede con el caso previsto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, puesto que en el desarrollo de la sesión no tuvo necesidad de ausentarse la Diputada Presidenta, ni era el caso de que el vicepresidente no se encontrara, para que la asamblea autorizara el retiro de aquella y eligiera al diputado que continuaría con la dirección.
Tampoco existe causa legal alguna para reemplazar a la Presidenta de la Mesa Directiva, pues no ha incurrido en falta alguna, ya que el reemplazo puede hacerse cuando el integrante de la mesa directiva hubiere faltado más de dos veces consecutivas y sin justificación, siempre que lo acuerden las dos terceras partes de los diputados asistentes, como lo previene el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Por consecuencia jurídica, la fracción priísta en esta LIX Legislatura incurrió en una violación a la normatividad parlamentaria, al no obedecer la decisión de quien legítima y legalmente se encuentra investida de la dirección de los trabajos de las sesiones ordinarias del pleno legislativo, máxime que por práctica parlamentaria y ante sucesos que ponen en riesgo los trabajos legislativos, los diputados del PRI o del PRD que han recibido la encomienda y la responsabilidad de presidir los trabajos legislativos, han recurrido a esta figura fáctica del Receso, sustentada por la interpretación funcional y sistemática de lo establecido en la fracción I del artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, ya que tienen la facultad de presidir y conducir las sesiones, por lo que los recesos temporales están sustentados en la ley y en la praxis parlamentaria del Congreso tabasqueño.
En ese contexto jurídico, resulta ilegal e ilegítimo que se haya continuado y desarrollado la sesión ordinaria citada para el día de hoy, pasando por encima de una decisión de la Presidencia de la Mesa Directiva como autoridad legislativa; desconocer su presencia, autoproclamarse el vicepresidente como presidente, y retirarse del salón del pleno para sesionar en un lugar distinto al recinto oficial.
El artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Tabasco exige que para trasladarse a otro sitio para celebrar sus sesiones, sólo puede hacerse con el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura, lo que no sucedió en la especie.
En virtud de todo lo anterior, carece de validez jurídica la aprobación en la sesión efectuada fuera del salón de sesiones, bajo la presidencia de un diputado que no fue electo para serlo durante el presente mes, del dictamen mediante el cual se aprobó la cuenta pública de Andrés Granier y que ejerció en el año fiscal 2007, así como de otros dictámenes, por las evidentes violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, vulnerando las disposiciones constitucionales de carácter federal contenidas en los artículos 14, 16 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Todo lo anterior demuestra que tenemos la razón cuando informamos a la sociedad, con toda oportunidad, que el PRI pretendía dar un albazo legislativo, para aprobar a la ligera, vía fast track, la cuenta pública de Granier. Los hechos y las violaciones antes evidenciadas, demuestran que Andrés Granier mantiene una actitud antidemocrática y autoritaria, manejando a su antojo los dineros del pueblo con total opacidad. Que Granier controla a la mayoría artificial de este Congreso, a quienes mandó a que le aprobaran a como diera lugar, así fuera en lo oscurito, su cuenta pública. Qué vergüenza deben estar pasando los diputados de su partido, al tener que irse del salón de sesiones a una sala de juntas, sin presencia de la oposición, a realizar un teatro parlamentario.
El pueblo de Tabasco sabe juzgar y pondrá a quienes mal gobiernan, en el lugar que les corresponde: el basurero de la historia.
Villahermosa, Tabasco. Octubre 16 de 2008.
Dip. ALIPIO OVANDO MAGAÑA, Coordinador de la Fracción PRD
Dip. JOSÉ A. DE LA VEGA A., Coordinador de la Fracción PAN
Responde presidenta de la mesa directiva del Congreso:
Villahermosa, Tabasco. Octubre 16 de 2008.
Posicionamiento de la presidenta del Congreso del Estado, Casilda Ruiz Agustín, respecto al receso decretado en la sesión ordinaria del pasado jueves, generado por la falta de acuerdos.
A LA OPINIÓN PÚBLICA:
AL PUEBLO DE TABASCO:
En mi carácter de Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tabasco, por el mes de octubre, del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, el día de hoy me vi en la imperiosa necesidad de ejercer mis atribuciones legales y reglamentarias en la conducción y dirección de los trabajos legislativos de la sesión pública ordinaria, de decretar por dos ocasiones, el receso de los trabajos de la misma, en virtud de que en varias ocasiones llamé al público asistente a guardar el orden, la compostura y el respeto a los diputados que hacían el uso de la palabra, que les concedía la presidencia a mi cargo.
En la primera ocasión en que declaré el receso, ninguna de las fracciones parlamentarias se opuso a tal determinación, incluso los propios diputados coordinadores de las mismas, se reunieron en el lobby anexo al salón de sesiones, para tomar acuerdos tendientes a destrabar el problema suscitado en la discusión de la propuesta del orden del día, ya que contrario a lo que normalmente ocurre, no se verificó la reunión de la Junta de Coordinación Política, previa a toda sesión pública, en la que se acuerda entre las tres fracciones, la propuesta de orden del día que se somete a consideración del pleno.
A petición de los tres coordinadores parlamentarios, reanudé los trabajos de la sesión, dándoles el uso de la palabra a quienes se inscribieron y a quienes lo solicitaron por alusiones personales o por rectificación de hechos. Incluso, una vez terminada la intervención en tribuna de quienes quisieron hacerlo, instruí al diputado secretario consultara a la asamblea si el asunto estaba suficientemente discutido, siendo decidida por mayoría de votos. Acto seguido instruí someter a consideración del pleno la aprobación del orden del día.
Empero, como ya lo he dicho, ante la insistencia del público de intervenir en los asuntos propios de los diputados, insistí en varias ocasiones llamando al orden, pero viendo que los llamados a la prudencia no fueron suficientes para restablecer el orden quebrantado y viendo una fricción con el diputado secretario de la mesa directiva, ante la toma de la tribuna por una de las fracciones parlamentarias, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 24 del Reglamento Interior del Congreso, relacionado con el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decidí declarar otro receso para continuar con la sesión para el martes 21 de los corrientes, a las 11 de la mañana, pues traté de evitar que se suscitaran actos violentos que pudieran poner en riesgo la integridad física de los diputados, del personal del Congreso y del público asistente, pues los ánimos estaban caldeados.
Dip. Casilda Ruiz Agustin
Presidenta de la mesa directiva por el mes de octubre
Condena León Cruz toma de tribuna por PAN y PRD
* Asegura que convertir al congreso en un ring político no es el camino adecuado
* Asimismo cuestionó la falta de oficio político del PRI
Gonzalo Rosas
Acento
El dirigente estatal del PAN, Nicolás Alejandro León Cruz, se mostró en contra de la toma de la tribuna que efectuaron este jueves las bancadas parlamentarias del PAN y el PRD como una forma de presión para evitar fuera aprobada la cuenta pública del gobernador Andrés Granier Melo, correspondiente a 2007, la cual ha sido cuestionada severamente por la oposición de presentar serias irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Gonzalo Rosas
Acento
El dirigente estatal del PAN, Nicolás Alejandro León Cruz, se mostró en contra de la toma de la tribuna que efectuaron este jueves las bancadas parlamentarias del PAN y el PRD como una forma de presión para evitar fuera aprobada la cuenta pública del gobernador Andrés Granier Melo, correspondiente a 2007, la cual ha sido cuestionada severamente por la oposición de presentar serias irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Según el panista convertir al Congreso del Estado en un ring político no es el camino adecuado para alcanzar los acuerdos y sacar adelante los temas de la agenda legislativa que son urgentes y necesarios para el progreso de Tabasco.
El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Tabasco, Nicolás León condenó tanto la toma de la tribuna que realizó la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) -a la que sumó el único diputado blanquiazul, José Antonio de la Vega Asmática- como la falta de oficio político de los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes en lugar de avasallar con su mayoría, debieron agotar los recursos para llegar a un acuerdo, “me parece que se debió prever ese escenario, y se debieron haber sentado los diversos actores en el congreso para llegar a acuerdos”.
Señaló que al tener el PRI la mayoría, les compete mantener la conducción del congreso y darle altura a las tareas legislativas, aun que la actitud del PRD es lamentable, “no creemos que la injuria, la confrontación represente una vía adecuada para destrabar las diferencias, me parece que los señalamientos deben ser argumentados, respaldados, eso es válido y deben hacerse con firmeza, pero cuando ya entran calificativos y adjetivos peyorativos, y se lesiona la dignidad de las personas el debate pierde altura y en eso no estamos de acuerdo”, puntualizó.
Destacó que a través de su diputado, el PAN ha mantenido una actitud moderada como ya es costumbre en los legisladores panistas, pero también firme, señalando que como fracción parlamentaria se hizo una petición de que se diera más tiempo a la revisión, de que no se dieran las cosas de manera tan apresurada y no hubo respuesta en este sentido.
Pese a irregularidades, aprueban cuenta del Ejecutivo
• Con los diputados Ulises Solís García y Héctor Raúl Cabrera Pascacio como presidente y vicepresidente, se lleva a cabo la sesión plenaria en la sala de reuniones de la Junta de Coordinación Política
• Se retiran las bancadas del PRD y del PAN al considerar que no había condiciones para el trabajo legislativo
• La cuenta del IEPC, pendiente al no haber elementos para calificarla, debido a la pérdida de su documentación durante las inundaciones del año pasado
Roberto Morales García
Acento
En sesión privada, la mayoría priísta aprobó sin los legisladores del PRD y del PAN, las cuentas públicas de 2007 de los tres poderes de la entidad y del Tribunal Electoral de Tabasco, y declaró en suspenso la del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Previo a la aprobación del orden del día en el recinto del Pleno, al no llegar a acuerdos entre las fracciones parlamentarias, la diputada presidenta por el mes de octubre, Casilda Ruiz Agustín, declaró un receso hasta el martes 21 de octubre.
Posteriormente, al estimar que se violentaban la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Congreso del Estado, los 20 parlamentarios de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, previa convocatoria del diputado secretario, Moisés Valenzuela Rodríguez, votaron a favor de continuar la sesión en una sede alterna, decidiendo que ésta sea la sala de reuniones de la Junta de Coordinación Política.
En este lugar, previa lectura del dictamen emitido por la Comisión Primera Inspectora de Hacienda y del voto en particular del legislador José Antonio De la Vega, los 20 parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional determinaron aprobar la cuenta pública del Poder Ejecutivo estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2007.
Antes de la votación, la fracción parlamentaria del PRI, en voz del diputado Jesús Alí de la Torre, dio a conocer un posicionamiento en torno al dictamen de la cuenta pública del Poder Ejecutivo, argumentando que la calificación de la misma se hizo con base en los informes técnicos, financieros y los demás soportes documentales suficientes presentados por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF).
Asimismo, precisó dos situaciones; la primera, que el OSF entregó los documentos conforme a lo establecido en el artículo 8, párrafo tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; la segunda, que los informes de resultados tienen su origen en los trabajos de fiscalización que en términos de ley se realizaron a los entes fiscalizables, apoyados en el Programa Anual de Auditorias, Visitas e Inspecciones 2007 (PAAVI).
Programa, del que, dijo, fue remitido oportunamente a la Junta de Coordinación Política y a los integrantes de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, quienes formularon sus propuestas para quedar integradas en el mismo, agregando que la responsabilidad de los diputados era en apego a los elementos financieros y legales procedentes, para sustentar de manera objetiva con datos, cifras y argumentos, el sentido de su voto.
Recalcó que las observaciones no solventadas en tiempo y forma señaladas en los considerando sexto, séptimo y octavo, seguirían su procedimiento legal respectivo y que estarían atentos de las actuaciones legales y la aplicación de sanciones derivadas de los proyectos y rubros excluidos.
El OSF, conforme a sus atribuciones, dijo, deberá ejercitar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al patrimonio de la Hacienda Pública Estatal y en su caso iniciar los procedimientos de responsabilidades administrativas en términos de ley.
En el documento, se indica que el Poder Ejecutivo ejerció durante el período del primero de enero al 31 de diciembre de 2007, 245 millones 561 mil 476 pesos, teniéndose como resultado del ejercicio presupuestal la cantidad de dos mil 3 millones 814 mil 824 pesos, verificándose que las cantidades percibidas y gastadas están de acuerdo con las partidas presupuestales respectivas.
En atención a los considerandos sexto, séptimo y octavo, el Congreso del Estado, exhorta al Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de la Contraloría como dependencia normativa responsable del control interno, lleve el seguimiento puntual de los rubros y proyectos excluidos hasta su debida atención, a efecto de que se cumplan las formalidades legales relacionadas con la atención total de las observaciones, debiendo en su caso ejercitar las sanciones correspondientes, a servidores públicos y/o particulares que resulten responsables.
CUENTA DEL PODER LEGISLATIVO
Posteriormente, fue sometido a discusión un dictamen de la Comisión Inspectora de Hacienda 1 relativo a la cuenta pública del Poder Legislativo correspondiente al período del 1 de octubre al 31 de diciembre del año 2007, reportándose ingresos por 281 millones 695 mil 654 pesos con 70 centavos y egresos de 281 millones 616 mil 630 pesos con 54 centavos.
El posicionamiento de la bancada del PRI fue expuesto por el legislador Fernando Calzada Falcón, quien sostuvo que el documento fue elaborado estrictamente con apego a los informes técnicos y de resultados del OSF, órgano auxiliar y especializado en la fiscalización de los recursos.
De igual modo, hizo uso de la palabra el diputado José del Carmen Escayola Camacho, quien lamentó los afanes de enfrentamiento de parte de la oposición al sostener ésta que hay malos manejos en el Congreso del Estado.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política sostuvo que todo está documentado y debidamente fundamentado en cuanto al ejercicio de los recursos en la LIX Legislatura, pero se abstuvo de votar el dictamen, que al final fue aprobado con 19 votos a favor y una abstención.
EN SUSPENSO, CUENTA DEL IEPCT
Al presentarse el dictamen del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) por el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2007, se informó que las acciones del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) fueron limitadas ante la imposibilidad de efectuarse la revisión y verificación de la documentación justificativa y comprobatoria generada durante los meses de abril a octubre de 2007, que se pretendía realizar a partir del mes de noviembre.
Lo anterior, señaló el diputado Francisco Javier Custodio Gómez, por el fenómeno hidrometeorológico que originó que las instalaciones del instituto sufrieran inundaciones hasta de dos metros, provocando daños a la estructura del inmueble, bienes muebles, información y documentación de las diversas áreas, durante nueve días.
De la misma manera, se informó que dicho suceso fue notificado al presidente de la JCP el 18 de diciembre de 2007, solicitándole su intervención en virtud de que el OSF no estaba en posibilidades de cumplir sus atribuciones de fiscalización y por no existir disposiciones legales para hacer frente a estas situaciones extraordinarias.
En el dictamen también se comunicó que el OSF envió nuevamente a la Junta de Coordinación Política dos oficios con fecha 8 de febrero y 28 de marzo de 2008, para que en su caso se emitiera un acuerdo indicando los términos en que se examinaría y calificaría la cuenta pública del IEPCT, determinándose que se llevaría a cabo con base en la información mensual y las autoevaluaciones trimestrales remitidas por el IEPCT.
Así, se dio a conocer que el Instituto ejerció una partida presupuestal de 62 millones 482 mil 84 pesos; después de haber revisado el comparativo de ingresos y egresos del año 2007, se determinó un resultado de un millón 625 mil 170 pesos.
Ante la situación expuesta, en el dictamen se decidió dejar en suspenso la cuenta pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), moción aprobada con 20 votos a favor.
Lo anterior, se remarcó, no exime de responsabilidad en caso de irregularidades a quien o quienes hubieren tenido el manejo directo de los fondos, en términos del párrafo cuarto del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
miércoles, octubre 15, 2008
Demandan a SSP mejoras condiciones de policías
* Mejores salarios evitaria contuvernio contra la delincuencia organizada
* Que los salarios sean de acuerdo a los recursos econòmicos del estado.
Alejandro Valencia Salgado
Acento
El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN José Antonio de la Vega Asmitia, exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco a que diseñe e instrumente planes y programas que permitan, en términos administrativos, brindar mejores condiciones de seguridad social a los policías en activo y sus familias, de conformidad con las posibilidades económicas de la entidad y como parte de la estrategia para contrarrestar el soborno de la delincuencia a los cuerpos policíacos.
Alejandro Valencia Salgado
Acento
El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN José Antonio de la Vega Asmitia, exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco a que diseñe e instrumente planes y programas que permitan, en términos administrativos, brindar mejores condiciones de seguridad social a los policías en activo y sus familias, de conformidad con las posibilidades económicas de la entidad y como parte de la estrategia para contrarrestar el soborno de la delincuencia a los cuerpos policíacos.
Resaltó que la inseguridad pública se ha convertido en los últimos tiempos en el principal problema a resolver por las autoridades gubernamentales, tanto a nivel nacional como al interior de la mayoría de los estados de la Federación, y Tabasco desafortunadamente no es ajeno a semejante desafío.
“Hoy más que nunca se requiere combatir este flagelo que atenta contra nuestra convivencia, pero pareciera que el gobierno federal y los gobiernos locales piensan en cosas distintas cuando hablan de aterrizar las políticas de seguridad pública y, sobre todo, cuando hablan de la guerra al crimen organizado en que está comprometido el gobierno federal”, apuntó.
Afirmó que los esfuerzos del gobierno federal serían aún más contundentes si gobiernos estatales, municipales y sociedad en general actuáramos con mayor firmeza, unos en la prevención, detención y sanción, y otros en la denuncia.
Sentenció que se ha vuelto frecuente leer u oír que determinadas corporaciones policiales se han visto infiltradas y varios de sus miembros son cooptados por los poderes fácticos que operan a favor de los delincuentes, pero afortunadamente aún resulta marginal la cantidad de policías que se han prestado a ese tipo de situaciones corruptas.
Por el contrario, el parlamentario de Acción Nacional agregó que la gran mayoría actúa con responsabilidad, compromiso y vocación de servicio para proteger a la ciudadanía, aunque sus esfuerzos no se vean lo suficientemente recompensados en términos salariales y de prestaciones laborales, lo cual sin duda se convierte en un factor de peso al momento de tener que hacer caso omiso a los ofrecimientos monetarios que realizan las bandas de criminales.
Citó que bajo esta lógica, el Poder Ejecutivo local ha propuesto a esta Soberanía una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a Ley General de Tránsito del Estado, para fusionar a la Policía Estatal de Caminos (PEC) con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pretendiendo una mejor coordinación para combatir a la delincuencia.
Sin embargo, sostuvo que ello es apenas representa un primer aporte de lo que se requiere hacer para que los elementos policíacos encargados del cuidado de la ciudadanía consoliden una fuerte identidad con su encomienda, alcancen una elevada preparación en sus deberes y fortalezcan su vocación de servicio.
“Lo más importante en este proceso es mejorar la calidad de vida de quienes velan por nuestra seguridad, garantizarles un salario decoroso, estabilidad laboral y propiciar opciones para su desarrollo profesional, con el objetivo de transformar sus condiciones de vida y garantizar a sus familiares que no quedarán desamparados en aquellos casos en que los agentes sufran un daño grave en su persona o pierdan la vida en el cumplimiento de su deber”, finalizó.
Aprueban hoy dictamen de cuenta del Ejecutivo
* Legisladores del PRD y PAN manifestaron su inconformidad ante la rapidez con que se quiere aprovar la cuenta pública.
* Aseguran que se trata de un albazo
Fernando Morales
Acento
La Primera Comisión Inspectora de Hacienda aprobará hoy el dictamen de la cuenta pública de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial así como del Tribunal Electoral de Tabasco y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, según se especifica en el orden del día que se distribuyó este martes a los diputados durante la sesión ordinaria.
En este sentido los diputados locales del PRD y el PAN, expresaron su inconformidad respecto a la prisa con la que los parlamentarios priístas quieren agilizar la aprobación de la cuenta pública del gobierno estatal correspondiente a 2007, misma que seria bajada al pleno en la sesión ordinaria de este jueves por lo que denunciaron que pretenden aprobarla vía "fast track".
“De ninguna manera aceptaremos que se de un albazo legislativo, por eso estamos conminando al diputado Jesús Alí de la Torre para que retire la convocatoria en la que fast track quieren aprobar esa cuenta pública. No tenemos prisa, hace falta mucho que revisar para tener una idea clara porque el año pasado hubo una contingencia en la que se manejaron muchos recursos públicos y tampoco se puede avalar todo el ejercicio público en solo 12 cuartillas”, apuntó el panista José Antonio de la Vega.
De los 28 mil millones de pesos como presupuesto público que manejó el titular del Poder Ejecutivo el año pasado, los diputados sólo revisaron mil 400 millones de pesos del programa "Te da más" y 260 millones de obras públicas que en suma representan solo 22 proyectos en 11 días, mismas en las que durante los recorridos los priístas no encontraron mayores irregularidades.
Cabe recordar que el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) que preside el fiscal, Francisco Rullán Silva, auditó un total de 220 proyectos de inversión que representan alrededor de 2 mil millones de pesos de un presupuesto global del Ejecutivo estimado en 31 mil millones de pesos.
En este comisión son mayoría los priístas, entre ellos se encuentran Esther Alicia Dagdug Lutzow, Fernando Calzada Falcón, Karina González Balcazar, Jesús Alí de la Torre y Francisco Javier Custodio Gómez.
En este sentido, el diputado local del PRD Oscar Cantón Zetina, aseveró que a los priístas les urge aprobar cuanto antes las cuentas públicas para enterrar las irregularidades en la actual administración lo más posible.
“En eso están ocupados el diputado Jesús Ali y los demás priístas de la Primera Inspectora, quienes consideraron un programa de trabajo de apenas 11 días para revisar las cuentas de los tres poderes y órganos autónomos, algo fuera de toda seriedad. ¿Quién puede creer que en apenas 11 días se puedan revisar expedientes y supervisar proyectos de los tres poderes y órganos autónomos?”, acotó.
Por alusiones personales en asuntos generales, el parlamentario Jesús Alí de la Torre, manifestó que le hubiese gustado escuchar argumentos de fondo de la oposición en el seno de las comisiones, en el tiempo que se estableció para la revisión de las cuentas públicas.
“Usted no ha hecho una sola propuesta legislativa en este Congreso, pero por supuesto que si están validos nuestros actos en tiempo y forma no solo por los procedimientos establecidos por la ley, en la integración de visitas de inspecciones que fue integrado oportunamente a la Junta de Coordinación Política y la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, por cierto que estos programas no recibieron observación alguna de los diputados en los tiempos fijados por la ley”, apuntó.
Por fin repararán calles destrozadas por inundación de 2007
* Con el Dragón se repavimentarán de aquí a diciembre 250 mil metros cuadrados, incluido el malecón Carlos A. Madrazo al que ahora sólo le tapan hoyancos
Este martes el Ayuntamiento de Centro arrancó el Programa Integral de Bacheo y Rehabilitación de Vialidades a más de un año de la peor inundáción que vivió la entidad y que pese a las reiteradas quejas ciudadanas no habían sido atendidas.
El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Centro, Roberto Ocaña Leyva, precisó que se invertirán más de 25 millones de pesos en arreglar tramos que están en deplorables condiciones, como la glorieta Framboyanes –frente a la SSP–, las calles del Centro Histórico, parte de la zona Gaviotas y Ciudad Industrial.
Puntualizó que para este programa abarcará tres aspectos: el bacheo con el método tradicional y el equipo Jet-Patcher; el cambio de lozas de concreto hidráulico en el primer cuadro y en Paseo Usumacinta, y la repavimentación con la máquina recicladora de asfalto conocida como Dragón que, de aquí a diciembre, avanzará otros 250 mil metros cuadrados.
Dijo que el alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz, con quien analizó la situación de las vialidades deterioradas por el paso del tiempo o las dos contingencias, y están llenas de baches, aprobó la inversión para ejecutarse hasta diciembre del año en curso, a fin de que antes de la Navidad nuestras calles luzcan en óptimas condiciones.
Resaltó que entre las vialidades que serán rehabilitadas se encuentran los carriles 'de alta' de la avenida Adolfo Ruiz Cortines y de las colonias que componen Ciudad Industrial. "Vamos a realizar un trabajo de 250 mil metros cuadrados para mejorar las condiciones de calles que hoy se encuentran muy deterioradas", aseguró el funcionario municipal.
Ocaña Leyva apuntó que desde este martes se inició el bacheo con el método tradicional, con las cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas, que ya trabajan en el malecón Carlos A. Madrazo, donde debido a que aún hay filtración de agua del río Grijalva, por el momento se revisten de grava los hoyancos a fin de dar fluidez al transito vehicular, y estimó que en unas dos semanas –cuando las condiciones de humedad lo permitan– se pasará allí el equipo Dragón.
En el caso de la glorieta Framboyanes señaló que previa a la rehabilitación del circuito, personal de SAS se dará a la tarea de hacer las obras de drenaje que se requieren para que no se sigan dando encharcamientos que hacen más difícil el tránsito de automotores.
Agregó que todo está listo para entrar a trabajar en las calles de las colonias de Ciudad Industrial, Primero de Mayo y Rovirosa, con bacheo tradicional, con concreto hidráulico y la Jet-Patcher.
"La verdad es que estamos dedicados a este programa. Desde las seis horas ando recorriendo las calles para que se distribuyan las cuadrillas
martes, octubre 14, 2008
Urge que federación resuelva demanda
* Piden campesinos ser rehubicados
* A la fecha son 5 mil 208 hectáreas las que se encuentran invadidas
Fernando Morales
Acento
La presidenta de la comisión permanente de Ecología, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable Karina González Balcázar, afirmó que el gobierno federal nunca debió permitir que un grupo de campesinos del ejido Rivera Alta y del poblado Quintín Arauz, hayan asentado sus viviendas en los Pantanos de Centla sobre todo por ser un área natural protegida.
“Para empezar nunca debieron haberse asentados en esa zona, si es en un área natural protegida el gobierno federal no debió haber permitido que esas personas accesaran a ese lugar”, opinó.
Así mismo consideró que la federación tiene que tomar medidas inmediatas y concretas para solucionar el problema más aún porque se está amenazando la Reserva de la Biosfera de los Pantanos de Centla.
El pasado domingo, un grupo de ejidatarios de esa demarcación acudieron a la Secretaría de la Reforma Agraria, para solicitar su apoyo con el fin de ser reubicados en otra zona ya que no pueden quedar establecidos en esas tierras por ser área natural protegida.
Los dos ejidos tienen 5 mil 208 hectáreas dentro de las más de 300 mil hectáreas que conforman la Reserva de la Biosfera de los Pantanos de Centla.
Aunque la legisladora González Balcazar dijo desconocer a fondo la situación que prevalece entre los ejidatarios de Rivera Alta y del poblado Quintín Arauz, Centla, en entrevista aclaró que a la fecha la comisión permanente de Ecología, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, no ha recibido ninguna solicitud para intervenir en el caso.
No obstante apuntó que habría que conocer cuantas familias están asentadas en esa área natural protegida y desde cuando están viviendo ahí para analizar que solución tendrá el problema.
Los ejidatarios han expuesto que tienen esas tierras desde antes de que la zona fuera declarada área natural protegida y reserva de la biosfera, y que a raíz de eso les pidieron salirse y les prohibieron usufructuar los recursos naturales del área.
Dijeron que hasta ahora las más de 120 familias que ahí viven han cumplido el compromiso de proteger y cuidar el ecosistema y que han dejado de realizar las prácticas que por muchos años llevaron a cabo para sembrar, pescar o cazar.
Acusa PRI que oposición frena elección de consejeros
* Señalan que oposición pretende condicionar el nombramiento de consejeros
* Aseguran que con eso se pone en peligro el proceso local del próximo año
Fernando Morales
Acento
La vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del PRI Esther Alicia Dagdug Lutzow, denunció ayer que la bancada perredista está condicionando el nombramiento de los cuatro consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco pese a que el tricolor ha planteado aceptar que sea designada como consejera electoral a Elidee Moreno Cáliz, a quien meses atrás habían vetado por desempeñarse como funcionaria pública en el Ayuntamiento de Cárdenas, donde gobierna el PRD.
En entrevista la legisladora priísta, afirmó que con está postura los legisladores del Sol Azteca ponen en riesgo los comicios locales del año entrante y es que ahora –según dijo- quieren orillar a que sea el Instituto Federal Electoral (IFE) quien organice la elección intermedia y no el IEPCT.
“El PRI está en la mejor disposición de destrabarlo, ya le hizo la propuesta que vamos con la persona que ha estado insistiendo el PRD para que sea consejera y aún así no quieren sentarse porque ahora lo que quieren es que desaparezca el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y quieren que sea el IFE quien la organice”, puntualizó.
Admitió que el PRI ha estado siguiéndole el juego a los perredistas desde que se instaló la mesa de trabajo para discutir la reforma constitucional en materia electoral.
“La reforma electoral la está utilizando de gancho el PRD para poder sentarse a discutir el asunto de los consejeros electorales, pero una cosa es la reforma y otra totalmente distinto el asunto del consejo; se está aprovechando de está situación tan grave del Instituto Electoral”, argumentó.
La parlamentaria del Revolucionario Institucional aseguró que los diputados del PRD son unos “locos mesiánicos” que se oponen a todo aunque dijo hay algunos que no se dejan “mangonear” por los intereses de unos cuantos.
“Nosotros siempre hemos apelado a la honorabilidad de muchos de los integrantes de la fracción parlamentaria del PRD, de aquellos que no se dejan mangonear por ideas mesiánicas locas de desquiciados mentales que quieren provocar en el estado un caos”, acotó.
En tanto que el coordinador de la bancada solaztequista A lipio Ovando Magaña, afirmó que no se trata de repartirse cuotas entre los partidos sino de que existan reglas claras en los comicios locales y por eso no desistirán en que se concreten cambios en la reforma electoral constitucional.
“El PRI no quiso en su momento entrar al tema de los consejeros y empezó a vetar los nombres, entonces ahora los tiempos se metieron y tenemos que sacar todo en paquete porque no queda más tiempo”, aseveró.
Según el legislador pueden sacar los temas pendientes siempre y cuando haya voluntad del PRI. Aseguró que de ninguna manera tienen como propósito reventar los comicios locales del año entrante.
En cuanto los calificativos lanzados en contra de la oposición por parte de la diputada local priísta Esther Alicia Dagdug Lutzow, manifestó que es una ofensa el lenguaje que utiliza la parlamentaria pero no les preocupa porque ya conocen su forma de conducirse.
Editan libro "Tabasco: negligencia criminal"
* Se trata de un recuento de la versión no oficial o muchos de los aspectos que el gobierno estatal se ha negado a discutir en torno a las recurrentes inundaciones en el estado y la más importante que haya vivido en su historia
VILLAHERMOSA.- El libro "Tabasco: negligencia criminal", empezará a circular en el estado en dos semanas, al cumplirse un año de la más grande catástrofe que haya vivido esta entidad y una de las más importantes del México moderno por el daño a la población y sus pertenencias.
Más que presentar una investigación de carácter científico o histórico, el autor, Antonio Villegas Villamil, plantea un amplio reportaje de un centenar de páginas en los que se vierten testimonios y documentos para comprender los factores de corrupción, omisiones y negligencia que ayudaron a que la tragedia fuera aún mayor, que afectó a un millón 200 mil personas y provocó daños por hasta 31 mil millones de pesos.
En el libro, expertos en desarrollo sustentable, conservación de medio ambiente, manejo de desastres naturales e hidraúlica plantean la devastación de la geografía tabasqueña a manos del hombre, reflexionan acerca de cómo grupos económicos y políticos estuvieron detrás del relleno de grandes extensiones de terreno que antes servían de regulación al agua y de cómo hace tres décadas la enorme riqueza de la región fue devastada en perjuicio de millones y beneficio de unos cuantos.
Además, se hace una amplia revisión acerca de las condiciones políticas que rodearon el fenómeno, especialmente la voraz lucha por el poder encabezada por Andrés Granier y Humberto Mayans, intentando borrar a la oposición y al alcalde priísta de la capital en los medios de comunicación y su aparente éxito momentáneo para exculparse a sí mismos y a los ex gobernadores del estado en la responsabilidad de los daños a la población.
En las 140 páginas del libro, de una edición independiente, se aportan testimonios del manejo tendencioso que el gobierno dio a la tragedia para favorecer la imagen del gobernador Granier; de la centralización y falta de transparencia en el manejo de los apoyos nacionales e internacionales, que dificultaron la atención a la población afectada; del discurso ambiguo del mandatario estatal al momento de advertir a la población acerca de la catástrofe y también del doble discurso de Granier, quien frente al presidente Felipe Calderón se doblega y admite la teoría del cambio climático y ante los tabasqueños levanta la cara con el manejo de las centrales hidroeléctricas.
En uno de los capítulos del libro se hace un recuento de la historia del PICI y la desaparición o mala aplicación de los recursos que recibieron los ex gobernadores Roberto Madrazo y Manuel Andrade para reducir los riesgos de inundación. Además, se analiza la versión del Frente Amplio Progresista, relacionada con el mal manejo del sistema hidroeléctrico del Alto Grijalva.
Nutrido de anécdotas y testimonios de la población, el libro busca también retratar algunos aspectos del tabasqueño ante la tragedia y presentar viñetas de uno de los mayores desplazamientos de población de los que se tenga memoria en México.
Ante todo, el interés de la publicación es abrir una necesaria y urgente discusión acerca de los motivos y responsables de la inundación de 2007 y sus secuelas trágicas, como la de 2008. La presentación está programada para realizarse en tres semanas en Villahermosa.
Antonio Villegas Villamil es un joven periodista tabasqueño que ha trabajado como reportero en los periódicos Tabasco Hoy, Milenio Tabasco, La Verdad del Sureste y el Heraldo de Tabasco, así como en las estaciones XEVA, XEVX y ABC Radio, en las que también fue conductor de noticias y comentarista.Los últimos seis años fue corresponsal en el estado de Grupo Monitor y actualmente colabora con la agencia internacional Associated Press.
VILLAHERMOSA.- El libro "Tabasco: negligencia criminal", empezará a circular en el estado en dos semanas, al cumplirse un año de la más grande catástrofe que haya vivido esta entidad y una de las más importantes del México moderno por el daño a la población y sus pertenencias.
Más que presentar una investigación de carácter científico o histórico, el autor, Antonio Villegas Villamil, plantea un amplio reportaje de un centenar de páginas en los que se vierten testimonios y documentos para comprender los factores de corrupción, omisiones y negligencia que ayudaron a que la tragedia fuera aún mayor, que afectó a un millón 200 mil personas y provocó daños por hasta 31 mil millones de pesos.
En el libro, expertos en desarrollo sustentable, conservación de medio ambiente, manejo de desastres naturales e hidraúlica plantean la devastación de la geografía tabasqueña a manos del hombre, reflexionan acerca de cómo grupos económicos y políticos estuvieron detrás del relleno de grandes extensiones de terreno que antes servían de regulación al agua y de cómo hace tres décadas la enorme riqueza de la región fue devastada en perjuicio de millones y beneficio de unos cuantos.
Además, se hace una amplia revisión acerca de las condiciones políticas que rodearon el fenómeno, especialmente la voraz lucha por el poder encabezada por Andrés Granier y Humberto Mayans, intentando borrar a la oposición y al alcalde priísta de la capital en los medios de comunicación y su aparente éxito momentáneo para exculparse a sí mismos y a los ex gobernadores del estado en la responsabilidad de los daños a la población.
En las 140 páginas del libro, de una edición independiente, se aportan testimonios del manejo tendencioso que el gobierno dio a la tragedia para favorecer la imagen del gobernador Granier; de la centralización y falta de transparencia en el manejo de los apoyos nacionales e internacionales, que dificultaron la atención a la población afectada; del discurso ambiguo del mandatario estatal al momento de advertir a la población acerca de la catástrofe y también del doble discurso de Granier, quien frente al presidente Felipe Calderón se doblega y admite la teoría del cambio climático y ante los tabasqueños levanta la cara con el manejo de las centrales hidroeléctricas.
En uno de los capítulos del libro se hace un recuento de la historia del PICI y la desaparición o mala aplicación de los recursos que recibieron los ex gobernadores Roberto Madrazo y Manuel Andrade para reducir los riesgos de inundación. Además, se analiza la versión del Frente Amplio Progresista, relacionada con el mal manejo del sistema hidroeléctrico del Alto Grijalva.
Nutrido de anécdotas y testimonios de la población, el libro busca también retratar algunos aspectos del tabasqueño ante la tragedia y presentar viñetas de uno de los mayores desplazamientos de población de los que se tenga memoria en México.
Ante todo, el interés de la publicación es abrir una necesaria y urgente discusión acerca de los motivos y responsables de la inundación de 2007 y sus secuelas trágicas, como la de 2008. La presentación está programada para realizarse en tres semanas en Villahermosa.
Antonio Villegas Villamil es un joven periodista tabasqueño que ha trabajado como reportero en los periódicos Tabasco Hoy, Milenio Tabasco, La Verdad del Sureste y el Heraldo de Tabasco, así como en las estaciones XEVA, XEVX y ABC Radio, en las que también fue conductor de noticias y comentarista.Los últimos seis años fue corresponsal en el estado de Grupo Monitor y actualmente colabora con la agencia internacional Associated Press.
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