Fernando Morales
Acento
Por considerar que se violentaron las garantías individuales de los demandantes y comprobar un excesivo abuso en la actuación de los elementos ministeriales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió ayer las primeras cinco recomendaciones en contra de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
En este mismo sentido otras dos recomendaciones fueron para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dos más se enviaron al Ayuntamiento de Huimanguillo y una a Jalpa de Méndez.
En conferencia de prensa, el presidente de la CEDH, Jesús Manuel Argaez de los Santos, enfatizó que en el caso de la PGJ comprobaron después de una investigación de carácter científico que hubo detenciones arbitrarias, malos tratos, golpes, amenazas y tortura. De igual forma, explicó que indebidamente se integro una Averiguación Previa, hechos en que incurrieron agentes de la Policía Ministerial y un agente del Ministerio Público.
“Es reprobable el trabajo de la Policía Ministerial, porque no es posible que tantos ciudadanos sigan quejándose de abusos por parte de ellos”, subrayó.
Al respecto hizo un llamado al titular de la Procuraduría General de Justicia, Rafael González Lastra para que trabajen conforme a derecho, pues remarcó que es lamentable que los agentes ministeriales todavía hagan uso de los toques eléctricos y tortura cuando después resulta que el ciudadano detenido era inocente.
Citó el caso de Ramón García Pérez, a quien detuvieron ilegalmente cuando se encontraba en su centro de trabajo, golpeándolo en diversas partes del cuerpo, recibiendo amenazas y tortura a través de choques eléctricos en los testículos y otras partes del cuerpo.
Argaez de los Santos, explicó que se encontró que hubo omisión, violación a los derechos humanos e incumplimiento en cuanto a vigilancia en la queja presentada en contra del personal médico del Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco (Creset) toda vez que sin razón alguna dieron de alta al interno José Manuel Méndez, quien padecía depresión, mismo que días después, apareció colgado en una celda.
También determinó que hubo responsabilidad de los preceptores del Centro de Internamiento para Adolescentes, en agravio del menor Pedro Luis Gallegos, a quien provocaron lesiones contusas en diversas partes del cuerpo luego de que intento escapar de ese lugar.
En todos los casos, el odbusman tabasqueño ordenó iniciar el procedimiento administrativo para deslindar responsabilidades contra los servidores públicos que participaron en dichos actos y en un plazo no mayor a 15 días, informar a la CEDH sobre el cumplimiento de la recomendación.
En relación al periodo de enero de 2008, informó que las denuncias recibidas a la fecha ascienden a 136, lo que significa un incrementó de 139 por ciento, cuando el año pasado estas fueron solamente 58 denuncias.
El año pasado se recibieron un total de mil 457 quejas y emitieron 23 recomendaciones, siendo el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, quien se negó a cumplir con las observaciones efectuadas.
