* Pide colaboración para que se apruebe la iniciativa para garantizar la atención a víctimas del secuestro
Fernando M. Pérez
ACENTO
Al tiempo de solicitar al gobierno de Tabasco su apoyo para que en el ámbito local se apruebe la iniciativa que se presentó a nivel federal para garantizar la “atención a las víctimas del secuestro”, la presidenta de la agrupación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, acusó que todos los estados no han cumplido cabalmente con la parte que les corresponde en materia de combate a este flagelo que ha ocasionado mucho dolor a las familias mexicanas que han sufrido por la muerte de un familiar a manos de la delincuencia organizada.
“Yo creo que indudablemente los estados han dejado de hacer muchas cosas, porque el estado tiene una responsabilidad plenaria, de hecho el propio secuestro es un delito del ámbito local, es un delito del fuero común, que cuando hay presencia de la delincuencia organizada se traslapa al orden federal”, afirmó en entrevista al termino de su participación como invitada especial a la firma de un convenio de colaboración entre los tres poderes del estado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para instaurar el diplomado en derechos humanos de las víctimas del delito y abuso de poder.
Miranda de Wallace aseveró es necesario que las entidades federativas legislen en este tema y sobre todo es más importante vigilar que “estas leyes no queden solo en letra muerta”.
Sin embargo la activista no precisó cuantos estados han asumido el compromiso de legislar en materia antisecuestro.
Manifestó que después de lo ocurrido a su hijo Hugo Alberto Wallece, el apoyo de las autoridades federales sigue siendo nulo pero afortunadamente ahora cuenta con un mayor respaldo ciudadano.
Entre las propuestas de la iniciativa conocida también como “Wallece”, destaca que los pagos de rescate sean deducibles de impuestos considerando que el ciudadano cumple puntualmente con el pago de sus impuestos y el Gobierno federal o local, incumple con su obligación de proporcionar y garantizar su vida y la libertad.
Así mismo se establece un sistema integral de protección y asistencia a las víctimas directas e indirectas del plagio y se responsabiliza al municipio, Estado o Federación que tenga entre sus filas de agentes a secuestradores.
También se plantea preservar la vida y la seguridad de las víctimas y sus familiares, mediante un enfoque global.
Entre otras cosas busca dar un enfoque integral y amplio a la figura de víctima del secuestro, considerando como víctimas directas a aquellas en que recae la conducta delictiva, y como indirectas a los familiares y personas cercanas.
Se brindarán diversos derechos a la familia de las víctimas, pues en algunos casos la atención sólo se brinda a la víctima directa, dejando de lado su entorno familiar.
Para el proceso de acoplamiento a la vida cotidiana, la víctima debe ser acompañada de personal especializado.
Y finalmente se propone que el combate a la esfera patrimonial de los secuestradores sea obligatorio para el Ministerio Público, y que los bienes recuperados sirvan para la atención a otras víctimas del secuestro y para reparar el daño a víctimas pasadas.
