Estas son las irregularidades señaladas como mínimas por el gobernador, Andrés Granier Melo…

* Violentan medidas de racionalidad y austeridad

* Detectan OSF que pagaban celulares de funcionarios y que duplicaban facturas

Acento

Staff

La Coordinación de Desarrollo Social, que encabeza Teresa Cabrales Sanguiano, da mucho de que hablar porque a tan solo un año de haberse creado con el principal objetivo de atender a los grupos más desprotegidos del estado como madres solteras, discapacitados y adultos mayores, se ha dedicado a servirse con la cuchara grande en el uso de los recursos públicos, pese al llamado del gobernador para implementar programa de austeridad y para muestra una serie de irregularidades de los que ha dado cuenta el Órgano Superior de Fiscalización (OSF).
Aunque para la vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, Esther Alicia Dagdug Lutzow, las anomalías sean “inconsistencias” mínimas, lo que no se justifica es como se despilfarra el recurso público.
El fiscal Francisco Rullán Silva, reportó que no se encontraron evidencias documentales sobre la compra de boletos de avión, ni el oficio e informe de la comisión. El reporte de los gastado asciende a los 92 mil 294 pesos en el 2007.
Se suman recursos ejercidos que no conciernen al gasto de operación de la Coordinación General de Desarrollo Social, toda vez que estos corresponden a la adquisición de diversos artículos que no se encuentran justificados 411 mil 665 pesos.
El OSF da cuenta que también pagaron dos veces una corona floral para Manuel Juárez Aguirre por un monto de 2 mil pesos, una dice fue de apoyo moral y se contrató otra, lo que ocasionó una duplicidad en el gasto.
Así mismo se advierte en el dictamen de la cuenta pública del Ejecutivo, que la bióloga María Teresa Sanguiano, no dio cumplimiento a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto del Poder Ejecutivo.
El 23 de julio de 2007 se efectúo el pago de un cheque por el servicio del teléfono celular 9932072865, mismo que presenta incosistencias, tales como: el importe de la factura es de 3 mil 772 pesos y se paga 3 mil 800 pesos, lo que significa un pago excesivo. Además todavía se atrevieron a transpasar tiempo aire a cinco celulares más, originando un gasto de 60 mil 606 pesos. También se le pago anticipadamente el servicio de celular a Carlos Váldes Gómez, coordinador general de la misma dependencia.
Rullán Silva, también da cuenta de uso de facturas apócrifas, no presentan requisición, orden de compra, sello ni registro de entrada de almacén así como la evidencia de quién y donde fueron recepcionados los artículos, esto implicó recursos por el orden de un millón 366 mil 176 pesos.
Y otra prueba más fue que una supuesta proveedora de nombre Rosaura Martínez Coronel, desmintió tener un negocio y alguna relación comercial con la Coordinación de Desarrollo Social, pues se dedica a labores del hogar por lo que dijo desconocer el origen de las facturas donde aparece su nombre, y por ello interpuso una demanda contra quienes resulten responsables. Aquí el desfalco fue por 49 mil 620 pesos.
En suma, fueron cerca de 20 millones de pesos que no aparecen por ningún lado, entonces para que recortaron los 200 pesos a los grupos vulnerables, si el principal argumento era la falta de recursos.

PROPONE EL DIPUTADO RAFAEL ACOSTA AYUDAR A ARRENDATARIOS QUE TIENEN ADEUDOS DESPUÉS DE LA CONTINGENCIA.


Villahermosa, Tabasco.-Durante la sesión ordinaria celebrada este martes 21 de octubre por integrantes de la 59 legislatura, el diputado del PRD Rafael Acosta León, presentó una propuesta de punto de acuerdo exhortando al titular del Poder Judicial del Estado, para que a su vez exhorte a los jueces de primera instancia, que tengan a bien resolver de manera pronta y expedita, los expedientes que se deducen de las acciones de solicitud de disminución y condonación de rentas que se promovieron como consecuencia de los casos fortuito o fuerza mayor que se suscitaron en el estado y prevé el Código Civil vigente en los numerales 2695 y 2696.

Al sostener que “a lo imposible nadie está obligado”, el legislador por Cárdenas, explico que como consecuencia de los pasados y recientes acontecimientos climatológicos, comerciantes padecen la falta de ayuda gubernamental y federal que les permita resarcir el daño patrimonial sufrido, que los ayude a reactivar su economía; por lo que al no garantizar autoridades condiciones de certidumbre y seguridad para sus viviendas y negocios, hay que considerar que en algunos casos éstos ciudadanos deben pagar arrendamiento, so-pena de ser desalojados.

Por lo que el diputado perredista, pide que sin el animo de violentar el estado de derecho de actores y demandados, ni mucho menos la autonomía Constitucional que tienen los tribunales del fuero común en la administración de justicia, el Congreso debe analizar su propuesta.

Al sostener Acosta León, que después de la inundación del año pasado y las afectaciones actuales, hay casos fortuito o de fuerza mayor “que han impedido total y parcialmente a muchos arrendatario, el uso de inmuebles en la zona luz y las colonias del municipio de centro, propiciándose o iniciándose ante la insensibilidad e indiferencia de los propietarios o arrendadores, diversos y múltiples expedientes civiles donde sus actores promueven la disminución y hasta la rescisión de las rentas y los contratos de arrendamiento; generándose en consecuencia la necesidad de que estos juicios, atendiendo a su naturaleza y circunstancias, se resuelvan particularmente de manera pronta y expedita en los Juzgados y tribunales que conocen de ellos.”




De manera específica, el diputado cardenense refirió que la figura de disminución de renta o rescisión es aplicable “si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso del bien arrendado, no se causará renta mientras dure el impedimento y si éste dura más de cuatro meses, podrá el arrendatario pedir la rescisión del contrato”.

Además que la reducción de renta, aplica “si sólo se impidiere en parte el uso del bien, podrá el arrendatario pedir reducción parcial de la renta a juicio de peritos, a no ser que opte por la rescisión del contrato si el impedimento dura el tiempo fijado” en el anterior párrafo.

Esta propuesta de punto de acuerdo, presentada en la asamblea por el diputado Acosta León, no fue calificada como asunto urgente, por lo que se turno a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su análisis, discusión y presentación de acuerdo o dictamen que en su caso proceda.