Derrocharán consejeros dinero a manos llenas

* Amplían presupuesto a 220 millones de pesos para organizar los comicios estatales

* En total se gastarán 354 millones 957 mil 366 pesos en el proceso electoral estatal

Fernando Morales

Acento

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), confirmó que la Secretaría de Administración y Finanzas, autorizó una ampliación presupuestal por 220 millones de pesos luego de que advirtieron que seria imposible organizar los comicios locales del 18 de octubre con solo 135 millones de pesos que inicialmente aprobó el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos enviado por el titular del Poder Ejecutivo.

En este sentido, la elección local en la que se renovarán los 17 ayuntamientos, regidurías, 21 diputaciones de mayoría y 14 vía representación proporcional, tendrá un costo de 355 millones de pesos en relación a los 370 millones de pesos que habían previsto en su anteproyecto de presupuesto.

Enrique Galland Marqués, consejero presidente del IEPCT, confirmó que el gobierno del estado, no aprobó otorgarles 15 millones 091 mil 945 pesos para el pago de juicios laborales de ex trabajadores del órgano electoral.

A finales del año pasado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), contempló que se gastarían en este año electoral cerca de 370 millones 049 mil 311 pesos pero ante la falta de quórum fue imposible enviarlo a tiempo al gobierno estatal.

En diciembre pasado, se autorizaron solo 135 millones de pesos, de los cuales 108 millones 462 mil pesos fueron destinados al gasto operativo del mismo y 26 millones 537 mil 990 pesos a prerrogativas de los partidos políticos.

Tras la sesión ordinaria de la Comisión de Administración, el también empresario de la industria del reciclaje, confirmó que la ampliación presupuestal será de 219 millones 957 mil 367 pesos con 22 centavos.

Luego de haberse instalado la Comisión de Administración del IEPCT que encabezará el panista, Juan Correa López, el consejero Enrique Galland, aseguró que en breve se enviará la calendarización de las necesidades del Instituto, documento que solicitó la autoridad gubernamental, a fin de ir entregando los recursos paulatinamente durante el transcurso del año y de acuerdo a como se vaya desarrollando el proceso electoral ordinario 2009.

Entre las prioridades para proporcionar los medios para la organización del proceso electoral, citó la adquisición de equipos de cómputo, del conmutador para tender la red que mantenga comunicado internamente al Instituto; así como la instalación de las Juntas Electorales Distritales que deben funcionar en el mes de abril, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Electoral del Estado de Tabasco.

De los montos, que se autorizaron 177 millones 728 mil 711 pesos con 40 centavos corresponden al gasto operativo electoral, es decir, la instalación y funcionamientos de las 35 Juntas Electorales Distritales y Municipales, más los 42 millones 228 mil 655 pesos con 82 centavos, para cubrir las prerrogativas de los partidos políticos.

Finalmente aclaró que lo que se desecho del presupuesto inicial de los 370 millones fue solo el pasivo de contingencia, que consistía en la creación de un fondo para hacer frente a obligaciones derivadas de juicios laborales que se encuentran en trámites, promovidos por diversos trabajadores en contra de este instituto electoral, en caso de ser laudos condenatorios por la cantidad de 15 millones 091 mil 945 pesos.




CAJA DE DATOS:

Ampliación aprobada
220 millones de pesos

Gastarán en comicios
354 millones 957 mil 366 pesos

Gasto operativo 2009

Presupuestado inicial
108 millones 462 mil 010 pesos

Ampliación aprobada
177 millones 728 mil 711 pesos

Presupuesto total
286 millones 190 mil 721 pesos.


Financiamiento a partidos

Presupuesto inicial
26 millones 537 mil 990 pesos

Ampliación aprobada
42 millones 228 mil 655 pesos

Presupuesto final
68 millones 766 mil 645 pesos

PEMEX y Sernapam se niegan a pagar afectaciones a campesinos

* Piden que dejen de burlarse de los campesinos, que les paguen las afectaciones generadas en sus cosechas, pastizales y cocoteros

Fernando Morales

Acento

El presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Ovidio Chablé Martínez de Escobar, condenó que la paraestatal PEMEX y la Sernapam, se nieguen a pagar las afectaciones a los campesinos de la Sociedad de Solidaridad Social “Asociación Tabasco” de los municipios de Cárdenas y Huimanguillo.

Tras recibir el apoyo de los integrantes de la bancada parlamentaria del PRD, el legislador demandó a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental, que dejen de “burlarse de los campesinos afectados en sus patrimonios, que es lo único con lo que cuentan sus familias”.

En tribuna afirmó que el pasado 13 de enero, los afectados presentaron un escrito a la titular de la Sernapam, Silvia Whizar Lugo y al coordinador Regional Sur de PEMEX, Alberto Alafita Vázquez, por medio del cual solicitaron se diera solución definitiva a sus reclamos, por lo que se acordó que en 10 días se les daría una respuesta, no obstante a la fecha siguen esperándola.

Chablé Martínez de Escobar, añadió que ante la falta de respuesta que han tenido, dirigieron un escrito al gobernador, Andrés Granier Melo, donde le plantean claramente su decisión de manifestarse y cerrar todas las vías de acceso a los campos petroleros Magallanes, San Ramón, Rodador, Cinco Presidentes y Ogarrio así como el Complejo Procesador de Gas La Venta.

“No importa que nos lleven presos por reclamar sus derechos, ya que van a permanecer en todos los puntos protestando enérgicamente, pues en una gran injusticia que se está cometiendo en contra de la gente de escasos recursos económicos, honrada y trabajadora”, sostuvo el legislador por Huimanguillo.

Los inconformes pertenecen a las comunidades de Villa Benito Juárez, Ejido Arrozal, San Rafael, Ranchería La Guadalupe, Palmeras, El Carmen, Ojoshal, El Barí, El Retiro, San Ramón, entre otras.

Así mismo el diputado local del PRD, añadió que los campesinos plantean que la paraestatal, les ha ocasionado daños a sus tierras con cultivos agrícolas, pastizales y cocoteros.

“A pesar de todo lo anterior, PEMEX se niega a pagar las afectaciones a los campesinos reclamantes de la Costa Grande, declarando improcedentes sus reclamaciones, invocando argumentos carentes de fundamento técnico y jurídico. Lo peor es que la Sernapam demuestra su parcialidad y favoritismo con la empresa petrolera, dejando de cumplir con los objetivos para los cuales fue creada”, finalizó.

Dificil elección ante panorama creciente de inseguridad pública

* Exhigen la designación del nuevo Secretario de Seguridad Pública

Fernando Morales
Acento

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso Local, advirtió que los próximos comicios federales y locales, serán difíciles de llevar a cabo ante la grave situación de inseguridad pública que priva en el estado pero confió que las autoridades competentes garantizarán la seguridad que demandan los ciudadanos para evitar conflictos mayores que pongan en riesgo la estabilidad del estado.

En este sentido, el coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, José Antonio de Vega, conminó al Ejecutivo concretar el nombramiento del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

“Veo un escenario complicado creo que el gobierno tratara de ganar las alcaldías con dinero a lo que se suma la situación de inseguridad que estamos viviendo en este momento”, refirió el legislador albiazul.

* ITTAIP debe resolver hoy el recurso de revisión sobre el "Bono de Fatiga"

En otros temas, el diputado local panista sostuvo que el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITTAIP), sin excusas ni pretextos deberá resolver hoy el recurso de revisión respecto al polémico bono de fatiga laboral que reciben los funcionarios del gobierno estatal.

Manifestó que el Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial Federal, requirió a la jefe de departamento de Evaluación Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas, María del Carmen Garrido Boñalos, que en un término de tres días fundamente bien su demanda sobre garantías individuales.

Indicó que ese amparo de la funcionaria estatal, no resulta procedente por lo que reiteró su llamado a los consejeros del ITTAIP para que de una vez por todas resuelvan ese recurso promovido desde diciembre pasado.

“La funcionaria andaba buscando de los juzgados de distrito una suspensión provisional para que mañana (hoy) el Instituto no resuelva el asunto, teniendo un nuevo pretexto para no emitir un resolutivo del expediente”, concluyó.

Guardan silencio por familias asesinadas por sicarios

* Diputados se comprometen a revisar omparecencia de titulares de la SSP, PGJ y el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública para que expliquen las acciones implementadas para el combate a la delincuencia

Fernando Morales

Acento

El Congreso del Estado guardó ayer un minuto de silencio en solidaridad hacia los familiares de las 12 personas que fueron masacradas el pasado 14 de febrero en Monte Largo, Macuspana.

Al terminar la sesión ordinaria de este martes, el presidente de la mesa directiva, Ezequiel Ventura Baños, dirigió un breve mensaje en el que expresó a nombre de los 35 legisladores que guardarían un minuto de silencio en memoria de los siete adultos y seis menores asesinados a sangre fría presuntamente por la delincuencia organizada.

En entrevista, el presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, David Alonso Aguirre Díaz, argumentó que comparte la idea de que comparezca en el recinto parlamentario, el procurador de justicia, Rafael González Lastra y el encargado de la Secretaria de Seguridad Pública, Sergio López Uribe, pero señaló que para ello necesitan que cualquier diputado interesado en que así ocurra, tiene que hacer la petición formal para que sea valorada.

“Yo creo que es algo que se tiene que proponer, lo han pedido pero es algo a lo que también tiene que dársele el trámite correspondiente, para que puedan ellos externarlos ante la instancia (correspondiente) y poder tomar una determinación conjunta no es un asunto unilateral, nosotros estamos compartiendo esa idea”, aseveró.

El ex líder magisterial, refirió que los hechos lamentables que están ocurriendo en la entidad, como la masacre en Macuspana y el asesinato ayer en Cárdenas del comandante de la policía ministerial, Francisco López Brito, si es preocupante pero consideró que serán acciones que seguirán presentándose, pues hay “momentos de treguas en que las bandas organizadas se alejan y de repente vuelve otra vez la violencia”.

Urgen nombrar a SSP

Por su parte, José Antonio de la Vega Asmitia, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, urgió al gobierno del estado concretar el nombramiento del nuevo secretario de Seguridad Pública para que puedan llevar a cabo una serie de estrategias que hagan frente al crimen organizado.

“Me parece que el tiempo que ha trascurrido desde la renuncia del anterior general, es preocupante para todos los ciudadanos porque se genera incertidumbre y miedo de lo que pueda seguir ocurriendo. Creo que lo primero que debió haber hecho el gobierno es declarar un día de luto tras la masacre donde mueren niños y mujeres inocentes”, expresó.

Tras el crimen de un agente de la policía ministerial en Cárdenas, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP), José del Carmen Escayola Camacho, dijo que la comparecencia del encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), tendrá que ser valorado por la Comisión de Seguridad Pública.

"Lo vamos a ver con la comisión, siento que a medida que vayan dándose las cosas y los informes, puede ser una de las cosas que tenga que hacer la comisión o en el pleno para poder pedir una explicación sin embargo las autoridades están haciendo su trabajo”, citó.

Piden renuncia de funcionarios

En tanto que el vocal de esa comisión, Rafael Acosta León, apuntó que a pesar de que se apruebe la comparecencia de ambos funcionarios, no habrían resultados positivos por lo que mejor seria pedirles que renuncien voluntariamente para dejarle esos cargos públicos a personas que tengan el interés y la capacidad para hacer frente al crimen organizado.