IFE vs Televisoras
Por: José Antonio De La Vega Asmitia
Apenas ha iniciado el proceso electoral federal y las confrontaciones no se han hecho esperar pero, a diferencia de antaño, asombra ahora que estas no sean en torno a las plataformas políticas de los partidos o con relación a las propuestas de los precandidatos inscritos por cada instituto político, que sería lo lógico, sino la primera reyerta de importancia se ha producido entre el árbitro de la contienda y las principales televisoras del país quienes, en tanto que concesionarios para el uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico propiedad del Estado Mexicano, tienen una responsabilidad social expresa de acuerdo con la Ley Federal de Radio y Televisión.
En este sentido, el Artículo 4 de la disposición federal señala que "la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social". Además, la fracción IV del Artículo 5 establece que mediante sus transmisiones se deberán "fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales."
No obstante, para entender el origen del conflicto actual entre el IFE y las cadenas de televisión abierta Televisa y TV Azteca, así como con la empresa de televisión restringida SKY, no debemos olvidar que como consecuencia de la reforma electoral de 2007, consensuada y aprobada en el Congreso de la Unión, por primera vez en la historia de nuestro país estas empresas dejarán de recibir jugosas y estratosféricas entradas de dinero por venta de espacios de tiempo aire a precandidatos y partidos.
Para darnos una idea de lo que ello representa, debemos precisar que desde hace varias elecciones la mayor parte de las erogaciones que hacían los partidos y candidatos era destinada a la contratación de espacios en medios electrónicos. En 1994, por ejemplo, solamente el 25.3% de los gastos de los partidos en sus campañas estuvo orientado a la compra de tiempos en esos medios. En 1997 la proporción creció al 55%. En 2000 el 54.3% del dinero que recibieron los partidos fue a parar a las chequeras de radiodifusoras y televisoras. En 2003 el 49% de las erogaciones de los partidos tuvo el mismo destino. Y para las campañas de 2006 el porcentaje del gasto en contratación de espacios de televisión fue de un 39.39% y casi un 17% en spots de radio.
De lo anterior, y siguiendo al sociólogo británico Roger Silverstone, quien ha dedicado gran parte de su vida al estudio de medios, podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que en la forma como actuaron las televisoras al difundir los mensajes electorales, incluso en pleno juego de futbol, "Todo es cuestión de poder" y dinero; pero aquí lo importante es que comprendamos que si el Estado permite que este tipo de prácticas prosperen, se está poniendo en entredicho la efectividad de la reforma electoral y la credibilidad de las Instituciones encargadas de su correcta aplicación.
Por ello, y a pesar de que resulta obvio que el reglamento para la transmisión por televisión de promocionales de los partidos y de las instituciones electorales requiere ajustes encaminados a garantizar el respeto a las audiencias, sobre todo la infantil, y la no interrupción de eventos que requieren continuidad por su naturaleza, como los religiosos, culturales o deportivos, también lo es que se debe conducir hasta sus últimas consecuencias el procedimiento especial sancionador iniciado por el IFE.
No obstante, lo más importante es que la autoridad electoral incremente sus contactos y diálogo con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, así como con otros actores involucrados en el proceso, a fin de evitar situaciones similares en el futuro que pongan en entredicho la efectividad de la reforma y desalienten el interés de la población por participar en el proceso electoral federal.
Por: José Antonio De La Vega Asmitia
Apenas ha iniciado el proceso electoral federal y las confrontaciones no se han hecho esperar pero, a diferencia de antaño, asombra ahora que estas no sean en torno a las plataformas políticas de los partidos o con relación a las propuestas de los precandidatos inscritos por cada instituto político, que sería lo lógico, sino la primera reyerta de importancia se ha producido entre el árbitro de la contienda y las principales televisoras del país quienes, en tanto que concesionarios para el uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico propiedad del Estado Mexicano, tienen una responsabilidad social expresa de acuerdo con la Ley Federal de Radio y Televisión.
En este sentido, el Artículo 4 de la disposición federal señala que "la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social". Además, la fracción IV del Artículo 5 establece que mediante sus transmisiones se deberán "fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales."
No obstante, para entender el origen del conflicto actual entre el IFE y las cadenas de televisión abierta Televisa y TV Azteca, así como con la empresa de televisión restringida SKY, no debemos olvidar que como consecuencia de la reforma electoral de 2007, consensuada y aprobada en el Congreso de la Unión, por primera vez en la historia de nuestro país estas empresas dejarán de recibir jugosas y estratosféricas entradas de dinero por venta de espacios de tiempo aire a precandidatos y partidos.
Para darnos una idea de lo que ello representa, debemos precisar que desde hace varias elecciones la mayor parte de las erogaciones que hacían los partidos y candidatos era destinada a la contratación de espacios en medios electrónicos. En 1994, por ejemplo, solamente el 25.3% de los gastos de los partidos en sus campañas estuvo orientado a la compra de tiempos en esos medios. En 1997 la proporción creció al 55%. En 2000 el 54.3% del dinero que recibieron los partidos fue a parar a las chequeras de radiodifusoras y televisoras. En 2003 el 49% de las erogaciones de los partidos tuvo el mismo destino. Y para las campañas de 2006 el porcentaje del gasto en contratación de espacios de televisión fue de un 39.39% y casi un 17% en spots de radio.
De lo anterior, y siguiendo al sociólogo británico Roger Silverstone, quien ha dedicado gran parte de su vida al estudio de medios, podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que en la forma como actuaron las televisoras al difundir los mensajes electorales, incluso en pleno juego de futbol, "Todo es cuestión de poder" y dinero; pero aquí lo importante es que comprendamos que si el Estado permite que este tipo de prácticas prosperen, se está poniendo en entredicho la efectividad de la reforma electoral y la credibilidad de las Instituciones encargadas de su correcta aplicación.
Por ello, y a pesar de que resulta obvio que el reglamento para la transmisión por televisión de promocionales de los partidos y de las instituciones electorales requiere ajustes encaminados a garantizar el respeto a las audiencias, sobre todo la infantil, y la no interrupción de eventos que requieren continuidad por su naturaleza, como los religiosos, culturales o deportivos, también lo es que se debe conducir hasta sus últimas consecuencias el procedimiento especial sancionador iniciado por el IFE.
No obstante, lo más importante es que la autoridad electoral incremente sus contactos y diálogo con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, así como con otros actores involucrados en el proceso, a fin de evitar situaciones similares en el futuro que pongan en entredicho la efectividad de la reforma y desalienten el interés de la población por participar en el proceso electoral federal.
