jueves, octubre 23, 2008

Defiende PRI a Granier sobre corrupción en su gobierno

* Califican como "acto de mala fe" denuncia de perredistas contra funcionarios del gobierno actual
Roberto Morales García
Acento

El secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI, Manuel Rodríguez González, defendió a los funcionarios de la administración granierista, acusados por la oposición de haber participado en acciones ilícitas para favorecerse con recursos destinados a la compra de terrenos para construir viviendas en las que se reubicarán a familias que viven en las márgenes de ríos o zonas inundables.
En entrevista el priísta consideró como una campaña mediática la nueva denuncia de corrupción interpuesta ante la PGR por el ex coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Adán Augusto López Hernández así como el dirigente estatal perredista, José Ramiro López Obrador.
Calificó como un acto de mala fe que los perredistas primero recurran a los medios de comunicación para hacer la denuncia y después acudan ante las autoridades judiciales.
En este sentido, exigió que si tiene pruebas que presenten la denuncia para que se investiguen tales hechos y posteriormente lo den a conocer a la opinión pública.
“Siguen demostrando incongruencia permanente en que vive el PRD, la mala fe es que primero hacen las cosas en medios y después lo hacen en las instancias correspondientes, lo hacen a la inversa y siempre lo han hecho así”, expresó el secretario general ante la ausencia de la dirigente de ese partido, Georgina Trujillo Zentella.
El funcionario en el gobierno de Manuel Andrade Díaz, argumentó que siempre ponen denuncias pero nunca dicen cuando no prospera porque las supuestas pruebas que se presentaron resultan que no son verdaderas.
“Promueven cientos de denuncias pero nunca dicen que la resolución fue en contra de ellos, las únicas poquitas que conocemos es cuando dan un campanazo y lo venden como si fuera el máximo logro. Ellos se dedican exclusivamente a destruir nunca a construir, cuando son gobierno se les demuestra como en el caso del Distrito Federal en el sexenio anterior, ahí están los videos ahí no se rasgan las vestiduras, acá sin prueba vienen y acusan con tal de lograr un posicionamiento que no logran porque no tienen un trabajo político con la gente”, acotó Rodríguez González.


Que pidan licencia funcionarios: Ojeda

En respuesta, Raúl Ojeda, el tres veces ex candidato al gobierno del estado, aclaró en la estación XEVT que el Sol Azteca no pretende descalificar ni dañar la imagen de Andrés Granier, pues dijo solo se trata de mostrar que las cosas no se están siendo bien.

Sugirió que lo correcto seria que estos funcionarios señalados pidan licencia mientras se profundizan las investigaciones.

Es un fraude burdo y descomunal –dijo- el ex senador al manifestar que es lamentable que se hayan aprovechado de la necesidad de la gente.

Denuncian en PGR desvío de recursos para viviendas


* Demandan a funcionarios del gabinete estatal por ejercicio abusivo de funciones, fraude, lavado de dinero y tráfico de influencias


* Compraron a 500 pesos hectárea de terreno y lo vendieron tres días después en mil 500 pesos, para la construcción de la vivienda de damnificados por inundación del 2007

Alejandro Valencia Salgado
Acento

Diputados locales y federales así como la dirigencia estatal del PRD, presentaron este miércoles una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra funcionarios del gobierno de Andrés Granier Melo por el posible desvío de 350 millones de pesos que la federación entregó a la entidad para la compra de terrenos en los que se construirían viviendas para los damnificados por las inundaciones.
El ex presidente municipal de Macuspana, José Ramiro López, detalló que los posibles delitos son revelación de secretos de interés público, evasión fiscal, ejercicio abusivo de funciones, fraude, lavado de dinero y tráfico de influencias. En total son 11 delitos por los cuales son señalados los servidores públicos y las personas particulares.
En la agencia tercera del ministerio público, se interpuso la demanda penal por lo que se tendrá que solicitar información al Registro Público de la Propiedad así como a la Asociación Bancaria y de Valores.
A través de la Comisión Nacional de Viviendas de la Federación se acordaron destinar 350 millones de pesos a Tabasco para la adquisición de terrenos en donde se construirían cerca de 2 mil 500 viviendas para los afectados por las inundaciones del año pasado, sin embargo a decir de los perredistas, hubo un negocio redondo en los que se beneficiaron el titular de la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas, Héctor López Peralta y Ariel Cetina Bertruy, director del Instituto de Vivienda de Tabasco.
Otros involucrados son Carlos Javier Torres, Director de la Conadi; José Manuel Sainz Pineda, secretario de Administración y Finanzas; Roger Silviano Pérez Evoli, contralor del estado.
Dentro de la demanda también se encuentran incluidos los particulares Abraham Cupil Córdova, Ana Cecilia Ramírez, Paulina Terrez y la Unión de Crédito Ganadero de Tabasco.
Los perredistas señalan que los funcionarios beneficiaron a particulares en la compra de terrenos con dinero público para la construcción de casas para damnificados de las inundaciones en Tabasco.
Entrevistado en el momento de presentar la denuncia en las instalaciones de la PGR, el diputado local del PRD, Adán Augusto López Hernández, afirmó que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), dependiente de la federación, otorgó 350 millones de pesos al gobierno del Estado como parte de un convenio para la adquisición de terrenos adecuados para su urbanización y la construcción de 2 mil 500 viviendas de interés social para los damnificados por las inundaciones de octubre y noviembre de 2007.
El legislador dijo que el convenio firmado por la Comisión Nacional de Viviendas y las autoridades estatales incluía la cláusula de que se debía privilegiar a empresarios tabasqueños, sin embargo, la compra de los terrenos donde sería el fraccionamiento "Gracias México", benefició a una empresa de Campeche llamada Suministros del Carmen, la cual compró el 22 de abril de 2008, las tierras a 500 pesos la hectárea para venderla al gobierno a un mil 500 pesos la hectárea, tan sólo tres días después, el 25 de abril de 2008, lo que representó una transacción por 143 millones de pesos.
El legislador dijo que esto se llama tráfico de influencias debido a que la empresa que adquirió las tierras el 22 de abril de 2008 aseguran que las vendió al gobierno el 25 de abril, por lo que tenían conocimiento previo del negocio que harían con las autoridades estatales.
Aseguraron que la autorización de la compra de esas tierras fue firmada por el secretario de Finanzas, José Saiz Pineda, mientras que la compra de las mismas fue realizada por el Instituto de Vivienda de Tabasco, en concreto por el director del consejo de Administración del mismo, Héctor López Peralta --también secretario de Asentamientos y Obras Públicas-- y el director general del instituto, Ariel Zetina.
Asimismo, señalaron la responsabilidad de Roger Pérez Evoli, el contralor general de la administración estatal.
Los perredistas señalaron que dicha empresa que vendió los terrenos al gobierno estatal, "Suministros del Carmen", es una compañía 'fantasma' y que las personas que se ostentan como sus socios son 'prestanombres'.
Entre los socios de esta empresa figuran los de José Alberto de la Rosa Santamaría, Ana Cecilia Ramírez Rosaldo y Antonio Espinosa. Asimismo, aparece una empresa de nombre Tritón Holdings.
Raúl Gutiérrez, parlamentario del PRD, expresó que todos los pagos fueron realizados con cargo a las cuentas de cheques 4042315986 del banco HSBC, cuyo titular es Suministro del Carmen.
“Los pagos que hizo el Invitab a está sociedad por la compra de los terrenos fueron depositados íntegramente en esa misma cuenta, y de manera misteriosa del 25 de abril al 01 de octubre, está sociedad realizó transferencias electrónicas o depósitos a cuentas bancarias en el extranjero y están a nombre de Juan Antonio España, Daniel Pérez y Yenisia Aguilar, los más sobresalientes que existen tres transferencias electrónicas, una por 5 millones 50 mil pesos, por 7 millones y el 19 de septiembre se hizo la tercera por 5 millones 830 mil pesos, todas fueron depositados a la Unión de Crédito Ganadero”, expuso.

Guardan silencio funcionarios

Ante estos señalamientos que se han convertido en uno de los escándalos más graves de corrupción en la actual administración, los principales funcionarios involucrados guardaron silencio.
Sus principales colaboradores, justificaron la ausencia en sus oficinas de sus jefes, quienes supuestamente se encuentran atendiendo compromisos de sus propias actividades.
De acuerdo con el programa del Plan Hídrico Integral, existen cinco fraccionamientos en proceso que representan 3 mil 337 viviendas con una superficie cada una de 38 metros cuadrados.
Sin embargo la semana pasada, Héctor López en su comparecencia privada con diputados priístas, reconoció que a la fecha solo 438 viviendas se han entregado para las familias reubicadas que habitaban en zonas bajas o márgenes de los ríos.
En ese calendario se establece que en mayor de este año entregarían 100 viviendas, en junio 438, en agosto 878 y en noviembre próximo un total de 2 mil 521 viviendas.
En base al documento oficial se especifica que adicionalmente se cuenta con 74 hectáreas en 3 predios en donde se están elaborando los proyectos de lotificación y urbanización.
La comitiva estuvo encabezada por los legisladores locales Adán Augusto López Hernández y Raúl Gustavo Gutiérrez Cortes así como el diputado federal Rafael Elías Sánchez Cabrales además del presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, José Ramiro López Obrador.
“Queremos que se investigue e informe sobre la entrega de esos recursos y que supervisen en que se gastaron esos recursos, esto tiene que ser de manera inmediata porque el pueblo no puede aguantar más desvíos recursos”, dijo Raúl Gutiérrez.
Añadió que ese dinero era para la gente necesitada pero lo están desviando para fines personales a costa de seguir sangrando con el dolor de la gente que todavía está inundada.
Los perredistas dijeron que el proceso podría llevarse 3 meses en tanto se hacen las primeras diligencias e indagatorias o incluso hasta llevarse más tiempo en resolverse.


CAJA DE DATOS:

Los acusados…

Carlos Javier Torres Director de la Conadi
José Manuel Sainz Pineda, secretario de Administración y Finanzas
Héctor López Peralta, secretario de Asentamientos y Obras Públicas
Ariel cetina Bertruy, director del Invitab
Roger Silviano Pérez Evoli, contralor del estado

Otros presuntos involucrados…

Abraham Cupil
Ana Cecilia Ramírez Rosaldo
Juan Antonio España
Paulina Téllez
Unión de Crédito Ganadero del estado

Desviaron…
148 millones de pesos

Obras en proceso…

Fraccionamientos: cinco
Total viviendas: 3,337
Superficie por vivienda: 38 m2

Fecha terminación…

Mayo 2008: 100 viviendas
Junio 2008: 438 viviendas
Agosto 2008: 878 viviendas
Noviembre 2008: 2 mil 521 viviendas.

Adicionalmente se cuenta con 74 hectáreas en 3 predios en donde se están elaborando los proyectos de lotificación y urbanización.

Opinión en materia electoral


La postura de los diputados de una fracción parlamentaria en la actual legislatura, de no querer acudir a la sesión en la que mediante el voto de las dos terceras partes se haga la designación de los consejeros electorales del IEPCT, ha motivado la inquietud de algunos sectores de la ciudadanía, sobre lo que podría pasar ante tal apatía, haciéndose las siguientes preguntas: ¿Puede el PRI con su sola mayoría designar a los árbitros electorales? ¿Se incurriría en inconstitucionalidad si se hiciera la designación sólo con los diputados del PRI?

En principio hay que señalar, que no se advierte causa fundada para que alguna de las fracciones parlamentarias se resista a hacer la designación de los árbitros electorales, pues es una responsabilidad que se tiene pendiente por cumplir desde hace algunos meses, aunado a ello es de señalar, que los ciudadanos que aspiran ocupar los cargos de consejeros electorales, cumplen con las exigencias de ley.

Por otra parte se sostiene, que en el proceso de designación de los consejeros electorales debe anteponerse el beneficio colectivo a los enconos políticos, toda vez que la falta de voluntad para construir acuerdos políticos, mantiene a los propios partidos políticos en estado de indefensión frente al órgano electoral, pues al no contarse con los árbitros electorales que puedan sesionar válidamente, no se pueden resolver los reclamos de los institutos políticos, tal como lo han señalado sus representantes ante el Consejo Estatal.

Es por ello que se considera, que si por la falta de voluntad de algunos legisladores, de acudir a la sesión en la que se deba designar a los consejeros electorales, no se alcanzara el voto de las dos terceras partes, las restantes fracciones parlamentarias deberán hacerlo con la mayoría presente, en aras de privilegiar la función pública electoral, toda vez que no se advierte CAUSA JUSTIFICADA para dejar a la ciudadanía sin los árbitros que organizan los comicios, debiéndose privilegiar en todo caso EL BENEFICIO COLECTIVO, pues si bien, la Constitución Local establece como debe llevarse a cabo –en casos ordinarios- dicha designación, lo cierto es, que ante la imposibilidad de hacerlo acatando la disposición legal, deben atenderse a las causas extraordinarias que concurren, para dotar al Estado de Tabasco de los árbitros encargados de realizar tan encomiable función.

Atentamente

Lic. José Alfredo Celorio Méndez
Presidente de la Academia de Derecho Electoral