Tras 4 meses de la denuncia del “bono de fatiga”, el gobierno del estado aceptó hacer público los recursos que reciben sus funcionarios

* Alega gobernador que para proteger la seguridad de sus funcionarios no había transparentado los recursos que se le brinda a sus funcionarios

* De acuerdo a funcionario será a partir de este día cuando a través de intenet se den a conocer los montos “reales” de los que perciben sus funcionarios


Roberto Morales García
Acento

A más de cuatro meses de haber sido denunciado públicamente el cobro excesivo de bonos de fatiga laboral que perciben mensualmente los funcionarios de primer nivel del actual gabinete, el gobernador Andrés Granier Melo, determinó transparentar el monto y nombres de los servidores públicos, que en base al grado de “detrimento de su salud mental” cobran esa compensación.

“Son sueldos que no se asemejan a lo que se dice, nosotros habíamos tratado de conservar lo que consideramos que debe ser de privacidad, por seguridad inclusive de nuestros mismos funcionarios”, argumentó.

El gobernador tabasqueño justificó que se le puso nombre de fatiga, “pero antiguamente toda la gente que ha trabajado en el Gobierno del Estado, gobiernos municipales, sabe que hay compensaciones, que se daban a la mano, hoy está totalmente legalizado y les puedo garantizar que van a tener toda la información, porque hoy es legal”.

Será a partir de este viernes 27 de febrero cuando a través de Internet, se difundirá la información al respecto.

Fue a principios de abril de 2008, cuando se puso al descubierto que el Gobierno del Estado vía la Secretaría de Administración y Finanzas, realizaba el pago de bonos de desempeño o compensación a los servidores públicos de mandos medios y superiores de la actual administración pública estatal, mediante una figura denominada “bono de fatiga laboral”, que no se encontraba comprendida en el capítulo de servicios personas, y cuyo realiza la empresa “Seguros Argos S.A de C.V”.

Sobre ello José Sainz Pineda, reconoció en su momento la existencia del fideicomiso por 3 mil millones de pesos del capítulo 7000 denominado de Transferencias y Subsidios –11 por ciento del presupuesto ejercido ese año en Tabasco que fue en total de casi 30 mil millones de pesos, entre recursos estatales y federales- para realizar esos pagos que son complemento al salario de los funcionarios.

Con ello se pudo en evidencia que el gobierno limitó la información mínima de oficio respecto al conocimiento del sueldo integral de los funcionarios de la administración estatal, al circunscribirlo al capítulo de “servicios personales” del presupuesto que se denomina “Capítulo 1000”, misma que no contiene todos los montos destinados actualmente al pago de los trabajadores, incluyendo bonos, compensaciones, primas, vales de despensa y demás prestaciones, ocasionando que la ciudadanía con la simple consulta de la información mínima no pueda conocer cuanto perciben realmente los servidores públicos locales, lo que genera opacidad en el manejo de los recursos públicos.

En un oficio, la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, Marcela González García, argumentó que al dar las cantidades que perciben, “se estaría exhibiendo el nivel y estado de salud física o mental que guardan los funcionarios beneficiados, ya que la cuantía de la indemnización va directamente relacionada o es en función con el detrimento que ha sufrido en su salud física o mental el servidor público”.

Tras un largo peregrinar, finalmente el mandatario tabasqueño, arrebató la oportunidad a los consejeros del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información (ITTAIP) para demostrar su autonomía e independencia, toda vez que haciendo uso de una serie de pretextos y obstáculos, a la fecha no habían querido resolver el juicio de revisión que presentó desde el 01 de diciembre de 2008, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, José Antonio de la Vega Asmitia.

Más tarde el 29 de abril, se propuso un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para solicitar un informe al respecto a la Secretaría de Finanzas, sin embargo no prospero con el voto en contra de la mayoría priísta.

En su momento los partidos de oposición, PRD, PAN, PT y Convergencia, cuestionaron que pese a la crisis económica que vivía el estado por la catástrofe del 2007 y 2008, los principales secretarios del gabinete percibieran ese tipo de remuneraciones económicas que eran incongruentes con el paupérrimo salario de la clase obrera de la entidad.

A principios de enero de este año, el legislador blanquiazul, José Antonio de la Vega, exhibió una copia fotostática de un recibo de pago dirigido a Jesús Taracena Martínez, coordinador de comunicación social y relaciones públicas del gobierno del estado, por la cantidad de 374 mil 204 pesos bajo el concepto de "bono de fatiga".

Luego de que se prolongó la resolución en varias ocasiones, el legislador sostuvo que prácticamente quienes recibían ese bono, estaban demostrando ser incapaces para desempeñar el cargo, al ser “enfermos mentales”.


CAJA DE DATOS:

El camino del bono…

24 abril 2008
José Antonio de la Vega, revela fideicomiso del gobierno con Seguros Argos.

13 octubre 2008
Solicita diputado panista a Finanzas, montos y nombres de funcionarios que cobran bono de fatiga laboral.

07 noviembre 2008
Secretaría de Finanzas, rechaza revelar datos sobre bono de fatiga por considerar que es información clasificada.

01 diciembre 2008
Por estar inconforme, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, promueve recurso de revisión ante ITAIP.

11 febrero 2009
El Instituto Tabasqueño de Transparencia, ordena a Finanzas que haga público contrato con Seguros Argos.

18 febrero 2009
ITAIP, agenda resolver caso sobre bono de fatiga. Sin embargo consejeros acuerdan sacar tema del orden del día porque se revela una suspensión provisional ordenada por el Tribunal de lo Contencioso promovido por empleados de Finanzas.

25 febrero 2009
Los consejeros del ITAIP, vuelven aplazar la resolución del caso. Argumentan falta de quórum, unos por estar fuera del estado (Jorge Adbo Francis) y otros enfermos (Gilda Bertolini).

Aclaran consejeros que compete a Congreso nombrar nuevo contralor

* De todos modos, el IEPCT, revisará que procede jurídicamente con la actual contralora interna Morayma Romero, quien depende administrativamente del órgano electoral

Fernando Morales Pérez

Acento

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) revisará que procede jurídicamente con respecto a la actual contralora interna Morayma Romero Herrera, quien tendrá que ser sustituida por un nuevo contralor general que deberá nombrar el Congreso del Estado.

Los consejeros Elide Moreno, Gustavo Rodríguez y Antonio Ponce, también aclararon que esa designación es competencia exclusiva de los legisladores locales.

Cuestionada sobre el tema, la consejera Elide Moreno Cáliz, aseveró que no hay una nueva figura en cuanto al cargo de contralor, sino que la diferencia radica en la forma que será designado, ya que se llevará a cabo con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en el pleno.

“Nosotros tendremos que verificar jurídicamente si realmente nos corresponde retirarlo del cargo o tiene derechos generados a partir de su nombramiento, es algo que el Consejo todavía va determinar”, sostuvo.

De su lado el consejero electoral, Antonio Ponce López, afirmó que: “la ley es muy clara, señala un plazo en el transitorio en donde dice que dentro de los 15 días de diciembre, el Congreso tendrá que nombrar al contralor, ellos tienen que cumplir con su papel, nosotros no tenemos que informarles si hay o no contralor”.

“Esa es una facultad de ellos, quien está ahí, es encargado nada más, esperando quien llegue a ocupar ese puesto”, acotó.

Al respecto el consejero electoral, Gustavo Rodríguez Castro, afirmó que la designación del contralor general es una atribución que compete únicamente al Congreso del Estado.

“El Congreso debe designar y en el momento que lo haga, el Consejo en lo inmediato debe instrumentar el cambio, eso es un hecho, así lo establece la ley”, aseveró.

Refirió que la nueva figura entre otras cosas contará con autonomía propia en la toma de decisiones, pues ya no dependerá administrativamente del propio Instituto Electoral.

En este sentido dijo que en automático en el momento que los diputados locales, nombren al nuevo funcionario responsable de la fiscalización de los recursos de partidos y del propio órgano electoral, entonces asumirá el cargo, “esté quien esté en ese puesto, tendrá que hacerle el actual contralor entrega de todo”.

Rodríguez Castro dijo que cuando ello ocurra, el IEPCT tendrá que liquidarla conforme lo establezca la ley.

Responsabilidad del poder legislativo el nombramiento del nuevo contralor en el IEPCT

* Se entrampan partidos políticos en el nombramiento del nuevo contralor

Fernando Morales

Las bancadas parlamentarias del PRD y el PAN, afirmaron que no tienen porque tirarle la bolita al Consejo Estatal para que el Congreso del Estado pueda nombrar al contralor general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), cuyo nombramiento debieron haber concretado desde el pasado 15 de diciembre de 2008.

José Antonio de la Vega Asmitia, coordinador del grupo parlamentario panista, aseveró que es responsabilidad del Poder Legislativo, la designación de la nueva figura del contralor.

“El Congreso del Estado es quien tiene que ponerse de acuerdo con el voto de las dos terceras partes para nombrarlo, entonces no se le tiene porque tirar la bolita absolutamente a nadie, nosotros tenemos que revisar el perfil de una persona con la suficiente capacidad para hacerse cargo de la responsabilidad de fiscalizar recursos y los partidos en el ámbito de su competencia”, explicó en entrevista.

Adelantó que la próxima semana solicitará formalmente a la Junta de Coordinación Política (JCP) revise el tema a fin de no seguir incumpliendo con lo establecido en la nueva Ley Electoral de Tabasco y en la medida de lo posible ese asunto quede concretado antes del 15 de marzo.

El legislador blanquiazul, aseguró que no habría duplicidad de funciones al hacer una nueva designación y mantener en el cargo a la titular del Órgano Interno de Control y Evaluación, Morayma Romero Herrera porque en todo caso seria el IEPCT quien determine si la asignará a otra área o la liquidará conforme a derecho.

En tanto que la vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, Esther Alicia Dagdug Lutzow, insistió en afirmar que no pueden cumplir con este mandato porque significaría duplicar la función del contralor.

“La ley no puede ser retroactiva, si en este momento esta nombrada una contralora, entonces ella está en su cargo y nosotros violaríamos sus derechos laborales, si designamos a un contralor de conformidad con la nueva reforma electoral”, argumentó.

Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, José Alberto Pinzón Herrera, manifestó que su partido ya se encuentra revisando jurídicamente que es lo que procede al respecto de este cargo, que ha generado confusión con las declaraciones que hizo el presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP), José del Carmen Escayola Camacho.

“Esperemos que no se entrampe y por eso estamos revisando cual debe ser el procedimiento. Eso fue lo que ellos dijeron (tirarle la bolita al Instituto) pero nosotros creemos que si es importante contar con este contralor general porque no se trata de un asunto menor la fiscalización de los recursos con absoluta autonomía”, acotó.

EN CORTO….

Inicia seminario sobre “trata de blancas” en Tabasco

Allán Sánchez Mora
Acento

En los últimos años ha crecido en forma preocupante en México el fenómeno de trata de personas enfocado hacia el tema de la migración, reconoció Javier Serrano Aquino, especialista en Migración del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).
En el marco del Seminario Internacional Mejores Prácticas para combatir la trata de personas, que se llevó a cabo en Villahermosa, descartó que la reciente apertura de la zona fronteriza de Tenosique con Guatemala pueda ocasionar un incremento en este tipo de fenómenos.

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Más de 1.3 millones de personas en América Latina y El Caribe son víctimas de trabajo forzado, de las cuales un cuarto de millón son resultado de la trata de personas, reveló Roger Plant, Coordinador del programa Especial de Acción para combatir el trabajo forzado de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT).
Indicó que por ello dicha instancia internacional incrementará sus esfuerzos para ayudar a los empleadores y al sector privado a contribuir en la lucha global contra el trabajo forzoso, que actualmente afecta a 12 millones de personas a nivel mundial. 4 mil 500 car.

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México tiene una excelente política de migración aunque su implementación deja mucho que desear, consideró David Arkless, Presidente de Asuntos Corporativos y de Gobierno de la firma de recursos humanos Manpower.
Durante el marco del Seminario Internacional Mejores Prácticas para combatir la trata de personas, donde disertó la conferencia magistral Implementación de las Mejores Prácticas para Prevenir la trata de personas advirtió que de no aplicar políticas de vinculación laboral entre empresas y universidades, México corre el riesgo de tener cada vez mayores niveles desempleo y despidos.

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Luis Arcadio Gutiérrez León, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Tabasco, reconoció su interés por buscar la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco. Sin embargo, dejó en claro que se ajustará a los tiempos y esperará la emisión de la respectiva convocatoria antes de renunciar a su cargo para estar en posibilidades de ser candidato.

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El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET), Hernán Contreras Yedra, calificó como sano el interés del dirigente de los hoteleros, Luis Arcadio Gutiérrez León para contender en el proceso de renovación del organismo.
Sin embargo, dijo que es necesario esperar los tiempos y la emisión de la convocatoria a principios del mes de abril para determinar si se establece una candidatura de unidad.

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El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, César Camacho Quiroz, reconoció que México enfrenta actualmente serios problemas de inseguridad, pero eso no significa que haya ingobernabilidad en el país. “México un país que enfrenta problema y que los superará, si todos hacemos la parte que nos toca y los políticos somos capaces de construir acuerdos”, afirmó. 4 mil car.