· Exige el Revolucionario Institucional, pruebas de las irregularidades que denuncia la oposición.
· El OSF auditó solo 98 de 400 millones que aportó el gobierno del estado.
Alejandro Valencia
ACENTO
El ex gobernador Manuel Andrade Díaz, fue deslindado por el Órgano Superior de Fiscalización de haber mal aplicado durante su administración, recursos superiores a los 400 millones de pesos destinados a obras del Programa Integral Contra Inundaciones que no fueron concluidas a tiempo y que debieron jugar un papel fundamental en la catástrofe que causó la inundación ocurrida a finales del año pasado.
Según el fiscal del OSF, Francisco Rullán Silva, lo presupuestado de 2003 a 2006 para esas obras, fueron bien ejercidas por lo cual determinó que no hubieron irregularidades.
Este informe fue desestimado por las bancadas parlamentarias del PAN y el PRD, toda vez que aseguran que el funcionario legislativo, pagó favores políticos al anterior gobierno así como a los diputados priístas que validaron su permanencia en el OSF.
Tras este reporte final sobre los recursos aportados por el estado, ahora solo queda esperar los resultados de la auditoria que lleva a cabo la Auditoria Superior de la Federación para el caso de las aportaciones federales que representaron un 72 por ciento.
De su lado el presidente de la Junta de Coordinación Política, José del Carmen Escayola Camacho, exigió pruebas de las irregularidades que denuncia la oposición.
Al retomar la palabra, Francisco Rullán Silva dijo que de 2003 a 2007 Tabasco aportó para el Programa Integral Contra Inundaciones poco más de 436 millones de pesos, mientras que la federación destinó 637 millones de pesos de los 2 mil 260 millones de pesos presupuestados para el mismo.
“El estado en este sentido, con base en esa reciprocidad que debe haber, tendría que haber aportado 637 millones de pesos, contra 436 millones; es decir, hay 200 millones de pesos menos, dado que la federación no completó lo que tenía que haber aportado en ese 72 por ciento”, aseguró.
En sesión extraordinaria de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, el fiscal superior del estado compareció ante los diputados integrantes de la misma: Jesús Alí de la Torre, Karina González Balcázar, Esther Alicia Dagdug Lutzow, Fernando Calzada Falcón y Francisco Custodio Gómez, dándoles a conocer el informe solicitado en torno a la revisión y auditorias aplicadas o que se estén aplicando a los recursos del PICI.
El pasado 2 de abril, el Congreso del Estado le hizo llegar un oficio a solicitud del gobernador, Andrés Granier Melo, pidiéndole que informara si en años anteriores habían auditado o revisado los recursos del PICI, especificará desde cuándo se efectuaron las mismas, los resultados de tales revisiones, así como de las sanciones impuestas; de manera adicional, le pedían que llevara a cabo auditorias a ese programa correspondientes a la cuenta pública de 2007.
Durante su comparecencia el titular del Órgano Superior de Fiscalización explicó que en cuanto a la revisión del ejercicio 2007, los resultados serán dados a conocer en el informe de la fiscalización de la cuenta pública correspondiente a ese año y será entregado a la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, en agosto próximo.
Como parte inicial de la comparecencia, fue proyectado el video en el que se explican los antecedentes del PICI y las obras del mismo, que comprendía estructuras de control sobre los ríos Carrizal, Pichucalco y La Sierra, de suma importancia en la estrategia contra inundaciones, además de la construcción de bordos y muros de contención, desazolve de drenes, canales de alivio, entre otras obras, para las que se requerían mil 450 millones de pesos a fin de concluirlas.
Rafael Gerardo Brito García, encargado de la Dirección de Auditoría Técnica a Proyectos de Inversión Pública, comentó que el convenio original para la realización del PICI preveía un monto de 2 mil 260 millones de pesos, de los cuales la federación aportaría el 72 por ciento y el estado, el 28 por ciento restante.
Aseveró que de 2003 a 2006, Tabasco aportó poco más 336 millones de pesos para el PICI y que al cierre de 2006, se tenían reportadas como concluidas obras como el bordo del Macayo, en la margen derecha del río Carrizal, el cauce de alivio del río Samaría, el dren Samaría-Golfo y la primera etapa del dragado en el dren Victoría.
Brito García explicó que también estaban en proceso de ejecución la estructura de control sobre el río Carrizal, los bordos de la colonia Gaviotas, del aeropuerto y del río Grijalva, registrándose como pendientes de realización la mayoría de las obras sobre el río de la Sierra, entre ellas las dos estructuras de control de este río y del Pichucalco.
El funcionario del OSF indicó que de 2003 a 2006, de los 336 millones de pesos destinados al PICI se revisaron proyectos por el orden de los 71.5 millones de pesos correspondientes al 21 por ciento, y financieramente revisaron el 7 por ciento, equivalente a 23 millones de pesos que, sumados, representan el 28 por ciento de los contratos firmados.
Abundó que de 2003 al 2006, fueron solventadas en su totalidad las observaciones hechas por el Órgano Superior de Fiscalización a los proyectos comprendidos en el PICI.
En la sesión de preguntas y respuestas, los legisladores del PRI cuestionaron las razones por las que sólo se revisaron los recursos ejercidos por el estado y le preguntaron al funcionario si tenía conocimiento de que la Auditoría Superior de Fiscalización de la Cámara de Diputados federal estuviese revisando esos recursos, o si la Secretaría de Función Pública tenía algún trabajo en la materia.
Al respecto, Rullán Silva respondió que sólo fiscalizaron los recursos ejercidos por el estado, porque no está dentro su competencia revisar lo ejercido por la federación, y dijo desconocer si en el ámbito federal se auditaban esos recursos.
El titular del OSF también consideró como bastante representativa la muestra sobre la que trabajó ese órgano, al mismo tiempo que enfatizó que todas las observaciones hechas en ejercicios fiscales anteriores fueron solventadas en tiempo y forma, de modo que no se aplicaron sanciones a funcionario alguno.
Por todo lo anterior, puntualizó que de las revisiones efectuadas se puede determinar que fueron bien aplicados los recursos destinados al Programa Integral Contra Inundaciones.
El ex gobernador Manuel Andrade Díaz, fue deslindado por el Órgano Superior de Fiscalización de haber mal aplicado durante su administración, recursos superiores a los 400 millones de pesos destinados a obras del Programa Integral Contra Inundaciones que no fueron concluidas a tiempo y que debieron jugar un papel fundamental en la catástrofe que causó la inundación ocurrida a finales del año pasado.
Según el fiscal del OSF, Francisco Rullán Silva, lo presupuestado de 2003 a 2006 para esas obras, fueron bien ejercidas por lo cual determinó que no hubieron irregularidades.
Este informe fue desestimado por las bancadas parlamentarias del PAN y el PRD, toda vez que aseguran que el funcionario legislativo, pagó favores políticos al anterior gobierno así como a los diputados priístas que validaron su permanencia en el OSF.
Tras este reporte final sobre los recursos aportados por el estado, ahora solo queda esperar los resultados de la auditoria que lleva a cabo la Auditoria Superior de la Federación para el caso de las aportaciones federales que representaron un 72 por ciento.
De su lado el presidente de la Junta de Coordinación Política, José del Carmen Escayola Camacho, exigió pruebas de las irregularidades que denuncia la oposición.
Al retomar la palabra, Francisco Rullán Silva dijo que de 2003 a 2007 Tabasco aportó para el Programa Integral Contra Inundaciones poco más de 436 millones de pesos, mientras que la federación destinó 637 millones de pesos de los 2 mil 260 millones de pesos presupuestados para el mismo.
“El estado en este sentido, con base en esa reciprocidad que debe haber, tendría que haber aportado 637 millones de pesos, contra 436 millones; es decir, hay 200 millones de pesos menos, dado que la federación no completó lo que tenía que haber aportado en ese 72 por ciento”, aseguró.
En sesión extraordinaria de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, el fiscal superior del estado compareció ante los diputados integrantes de la misma: Jesús Alí de la Torre, Karina González Balcázar, Esther Alicia Dagdug Lutzow, Fernando Calzada Falcón y Francisco Custodio Gómez, dándoles a conocer el informe solicitado en torno a la revisión y auditorias aplicadas o que se estén aplicando a los recursos del PICI.
El pasado 2 de abril, el Congreso del Estado le hizo llegar un oficio a solicitud del gobernador, Andrés Granier Melo, pidiéndole que informara si en años anteriores habían auditado o revisado los recursos del PICI, especificará desde cuándo se efectuaron las mismas, los resultados de tales revisiones, así como de las sanciones impuestas; de manera adicional, le pedían que llevara a cabo auditorias a ese programa correspondientes a la cuenta pública de 2007.
Durante su comparecencia el titular del Órgano Superior de Fiscalización explicó que en cuanto a la revisión del ejercicio 2007, los resultados serán dados a conocer en el informe de la fiscalización de la cuenta pública correspondiente a ese año y será entregado a la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, en agosto próximo.
Como parte inicial de la comparecencia, fue proyectado el video en el que se explican los antecedentes del PICI y las obras del mismo, que comprendía estructuras de control sobre los ríos Carrizal, Pichucalco y La Sierra, de suma importancia en la estrategia contra inundaciones, además de la construcción de bordos y muros de contención, desazolve de drenes, canales de alivio, entre otras obras, para las que se requerían mil 450 millones de pesos a fin de concluirlas.
Rafael Gerardo Brito García, encargado de la Dirección de Auditoría Técnica a Proyectos de Inversión Pública, comentó que el convenio original para la realización del PICI preveía un monto de 2 mil 260 millones de pesos, de los cuales la federación aportaría el 72 por ciento y el estado, el 28 por ciento restante.
Aseveró que de 2003 a 2006, Tabasco aportó poco más 336 millones de pesos para el PICI y que al cierre de 2006, se tenían reportadas como concluidas obras como el bordo del Macayo, en la margen derecha del río Carrizal, el cauce de alivio del río Samaría, el dren Samaría-Golfo y la primera etapa del dragado en el dren Victoría.
Brito García explicó que también estaban en proceso de ejecución la estructura de control sobre el río Carrizal, los bordos de la colonia Gaviotas, del aeropuerto y del río Grijalva, registrándose como pendientes de realización la mayoría de las obras sobre el río de la Sierra, entre ellas las dos estructuras de control de este río y del Pichucalco.
El funcionario del OSF indicó que de 2003 a 2006, de los 336 millones de pesos destinados al PICI se revisaron proyectos por el orden de los 71.5 millones de pesos correspondientes al 21 por ciento, y financieramente revisaron el 7 por ciento, equivalente a 23 millones de pesos que, sumados, representan el 28 por ciento de los contratos firmados.
Abundó que de 2003 al 2006, fueron solventadas en su totalidad las observaciones hechas por el Órgano Superior de Fiscalización a los proyectos comprendidos en el PICI.
En la sesión de preguntas y respuestas, los legisladores del PRI cuestionaron las razones por las que sólo se revisaron los recursos ejercidos por el estado y le preguntaron al funcionario si tenía conocimiento de que la Auditoría Superior de Fiscalización de la Cámara de Diputados federal estuviese revisando esos recursos, o si la Secretaría de Función Pública tenía algún trabajo en la materia.
Al respecto, Rullán Silva respondió que sólo fiscalizaron los recursos ejercidos por el estado, porque no está dentro su competencia revisar lo ejercido por la federación, y dijo desconocer si en el ámbito federal se auditaban esos recursos.
El titular del OSF también consideró como bastante representativa la muestra sobre la que trabajó ese órgano, al mismo tiempo que enfatizó que todas las observaciones hechas en ejercicios fiscales anteriores fueron solventadas en tiempo y forma, de modo que no se aplicaron sanciones a funcionario alguno.
Por todo lo anterior, puntualizó que de las revisiones efectuadas se puede determinar que fueron bien aplicados los recursos destinados al Programa Integral Contra Inundaciones.
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