* Violentan medidas de racionalidad y austeridad
* Detectan OSF que pagaban celulares de funcionarios y que duplicaban facturas
Acento
Staff
Aunque para la vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, Esther Alicia Dagdug Lutzow, las anomalías sean “inconsistencias” mínimas, lo que no se justifica es como se despilfarra el recurso público.
El fiscal Francisco Rullán Silva, reportó que no se encontraron evidencias documentales sobre la compra de boletos de avión, ni el oficio e informe de la comisión. El reporte de los gastado asciende a los 92 mil 294 pesos en el 2007.
Se suman recursos ejercidos que no conciernen al gasto de operación de la Coordinación General de Desarrollo Social, toda vez que estos corresponden a la adquisición de diversos artículos que no se encuentran justificados 411 mil 665 pesos.
El OSF da cuenta que también pagaron dos veces una corona floral para Manuel Juárez Aguirre por un monto de 2 mil pesos, una dice fue de apoyo moral y se contrató otra, lo que ocasionó una duplicidad en el gasto.
Así mismo se advierte en el dictamen de la cuenta pública del Ejecutivo, que la bióloga María Teresa Sanguiano, no dio cumplimiento a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto del Poder Ejecutivo.
El 23 de julio de 2007 se efectúo el pago de un cheque por el servicio del teléfono celular 9932072865, mismo que presenta incosistencias, tales como: el importe de la factura es de 3 mil 772 pesos y se paga 3 mil 800 pesos, lo que significa un pago excesivo. Además todavía se atrevieron a transpasar tiempo aire a cinco celulares más, originando un gasto de 60 mil 606 pesos. También se le pago anticipadamente el servicio de celular a Carlos Váldes Gómez, coordinador general de la misma dependencia.
Rullán Silva, también da cuenta de uso de facturas apócrifas, no presentan requisición, orden de compra, sello ni registro de entrada de almacén así como la evidencia de quién y donde fueron recepcionados los artículos, esto implicó recursos por el orden de un millón 366 mil 176 pesos.
Y otra prueba más fue que una supuesta proveedora de nombre Rosaura Martínez Coronel, desmintió tener un negocio y alguna relación comercial con la Coordinación de Desarrollo Social, pues se dedica a labores del hogar por lo que dijo desconocer el origen de las facturas donde aparece su nombre, y por ello interpuso una demanda contra quienes resulten responsables. Aquí el desfalco fue por 49 mil 620 pesos.
En suma, fueron cerca de 20 millones de pesos que no aparecen por ningún lado, entonces para que recortaron los 200 pesos a los grupos vulnerables, si el principal argumento era la falta de recursos.
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