* Las dos iniciativas en materia de derecho ambiental se estan discutiendo en el Congreso de la Unión.
Fernando Morales
ACENTO
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El coordinador general de la Asociación Ecológica Santo Tomás, José Manuel Arias Rodríguez, lanzó una convocatoria a todos los tabasqueños para que respalden dos iniciativas de leyes que en materia del fortalecimiento de los derechos ambientales se analizan en este momento en el Congreso de la Unión.
Explicó que una de las propuestas se trata de implementar una Jurisdicción Ambiental en el sistema judicial mexicano, de lo cuál formará parte cada uno de los órdenes de gobierno para crear un Tribuna Nacional Ambiental, adscrito al Poder Judicial de la Federación y Tribunales Estatales Ambientales.
Aseveró que la otra iniciativa es para reformar los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que en el artículo cuarto, detalle que un ambiente sano debe de ser el que reconoce el derecho al agua y a la alimentación e independientemente de que todos seamos afectados directos o no, podamos exigir la reparación del daño ambiental.
Añadió que las modificaciones al 27 será introducir la función ecológica, la preservación y el aprovechamiento racional y sustentable de los elementos naturales, así como reconocer la función social y ecológica de los suelos de conservación.
Arias Rodríguez sostuvo que el tiempo límite para recibir las firmas con nombre, organización y contacto será este próximo miércoles 1 de abril a las 2 p.m. y su adhesión puede ser enviada al correo electrónico: coordinacion@aestomas.org.
Recordó que el sistema jurídico institucional mexicano en materia ambiental y ecológica carece de instituciones con atribuciones suficientes, así como de mecanismos y procedimientos para atender y garantizar la satisfacción de las demandas en la materia.
De acuerdo al secretario Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Rafael Coello, actualmente no existe celeridad en la tutela, pues pueden pasar siete u ocho años sin resolverse un conflicto ambiental por las múltiples jurisdicciones.
Por ello se propuso tener una Sala Superior Ambiental del Poder Judicial de la Federación integrada por cinco magistrados, nombrados por el Senado; además de una sala regional ambiental y a nivel local cada Tribunal Superior de Justicia tendría una.
La reforma prevé una Ley General Nacional Ambiental que permita la no dispersión de normas y la contradicción de esas medidas en cada entidad federativa.
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