Fernando Morales
ACENTO
La dirigente estatal del PRI, Georgina Trujillo Zentella, deslindó a su partido de utilizar las casas de gobierno para apoyar con los programas sociales de la actual administración a los candidatos priístas a diputados federales que contenderán en la jornada electoral del cinco de julio y al mismo tiempo avaló la decisión que en forma inmediata tomó el mandatario tabasqueño, Andrés Granier Melo, para separar de sus cargos a cuatro servidores públicos de la Unidad de Servicios Estatales (USE) de Jalpa de Méndez.
“Yo felicito al gobernador por la contundencia de su respuesta, por haberlos separado de su cargo (a los funcionarios acusados) y proceder con las investigaciones con total libertad para las autoridades y eso para mí, es una demostración de la autoridad moral que tiene el gobernador y de que es congruente con lo que dice y hace, no va permitir que ningún funcionario público se involucre en actos de campaña”, subrayó.
Tras la denuncia que hicieron los partidos Convergencia y PRD en torno a siete grabaciones en la que exhiben claramente como los servidores públicos con militancia priísta, comprometen los programas de asistencia social para hacer que los jalpanecos voten por el precandidato del V distrito, Nicolás Bellizia Aboaf, la también diputada local plurinominal del Revolucionario Institucional, afirmó que será una decisión del propio gobernador del estado si desaparecen o no las casas de gobierno que funcionan en los 16 municipios restantes a como lo han exigido los partidos de oposición.
Cuestionada en torno a si quedaría exonerado el gobernador estatal de estos hechos, refirió que “luego hay muchos (priístas) que se adornan e involucran a terceros”.
Según dijo en todo caso quienes habrían incurrido en delitos electorales serían los funcionarios públicos y no el gobierno del estado por lo que además rechazó que puedan sustituir al candidato del V distrito electoral, Nicolás Bellizia Aboaf.
“Debemos esperar que haya una determinación, primero habrá que determinar si hay un delito, si lo hay cuáles podrían ser las sanciones, que puede ser desde una amonestación a los servidores públicos, porque si hay un delito quienes lo están cometiendo son los funcionarios públicos, no el candidato porque él no fue responsable de ningún acto ilícito”, aseveró.
En la grabación de dos horas y media que presentaron los dirigentes estatales del PRD y Convergencia, José Ramiro López Obrador y Javier Vargas Ramón, respectivamente se encuentran involucrados los priístas, Luis Enrique Ávalos Izquierdo, Uriel de la Cruz Fuentes, Antonio Jiménez Jiménez y Manasés Ávalos Jiménez.
Argumentó que el PRI no necesita el apoyo de funcionarios públicos que usen programas sociales para ganar en los comicios federales a efectuarse en dos meses aunque si el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, comprueba que existe un delito electoral, entonces que se proceda con todo el rigor de la ley.
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