martes, octubre 14, 2008

Urge que federación resuelva demanda


* Piden campesinos ser rehubicados

* A la fecha son 5 mil 208 hectáreas las que se encuentran invadidas

Fernando Morales
Acento

La presidenta de la comisión permanente de Ecología, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable Karina González Balcázar, afirmó que el gobierno federal nunca debió permitir que un grupo de campesinos del ejido Rivera Alta y del poblado Quintín Arauz, hayan asentado sus viviendas en los Pantanos de Centla sobre todo por ser un área natural protegida.
“Para empezar nunca debieron haberse asentados en esa zona, si es en un área natural protegida el gobierno federal no debió haber permitido que esas personas accesaran a ese lugar”, opinó.
Así mismo consideró que la federación tiene que tomar medidas inmediatas y concretas para solucionar el problema más aún porque se está amenazando la Reserva de la Biosfera de los Pantanos de Centla.
El pasado domingo, un grupo de ejidatarios de esa demarcación acudieron a la Secretaría de la Reforma Agraria, para solicitar su apoyo con el fin de ser reubicados en otra zona ya que no pueden quedar establecidos en esas tierras por ser área natural protegida.
Los dos ejidos tienen 5 mil 208 hectáreas dentro de las más de 300 mil hectáreas que conforman la Reserva de la Biosfera de los Pantanos de Centla.
Aunque la legisladora González Balcazar dijo desconocer a fondo la situación que prevalece entre los ejidatarios de Rivera Alta y del poblado Quintín Arauz, Centla, en entrevista aclaró que a la fecha la comisión permanente de Ecología, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, no ha recibido ninguna solicitud para intervenir en el caso.
No obstante apuntó que habría que conocer cuantas familias están asentadas en esa área natural protegida y desde cuando están viviendo ahí para analizar que solución tendrá el problema.
Los ejidatarios han expuesto que tienen esas tierras desde antes de que la zona fuera declarada área natural protegida y reserva de la biosfera, y que a raíz de eso les pidieron salirse y les prohibieron usufructuar los recursos naturales del área.
Dijeron que hasta ahora las más de 120 familias que ahí viven han cumplido el compromiso de proteger y cuidar el ecosistema y que han dejado de realizar las prácticas que por muchos años llevaron a cabo para sembrar, pescar o cazar.

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