Ordenan a Contraloría investigar a Invitab

* Luego de la denuncia realizada por la CANACINTRA, diputados acuerdan se inicie una investigación

Fernando Morales

ACENTO

El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para ordenar a la Secretaría de la Contraloría Estatal inicie una investigación para verificar el puntual cumplimiento del Programa de Proveedores Locales.

Esto luego de la denuncia pública que hizo la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la cual reveló que el Instituto de Vivienda de Tabasco a cargo de Ariel Enrique Cetina Bertruy, abiertamente favoreció en una licitación pública a la empresa DOFESA S.A de C.V, representante de una compañía de Estados Unidos, por encima de las empresas locales que participaron en la convocatoria para adquirir un camión de desazolve.

De acuerdo a la propuesta hecha por el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, José Antonio de la Vega Asmitia, que fue aprobada por el pleno con 30 votos a favor y una abstención, el Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) restringió información vital para que los concursantes concurrieran en condiciones de equidad.
Explicó que una empresa tabasqueña que había decidido participar en dicha licitación denunció que las bases de la misma no fueron respetadas a lo largo del proceso porque, por ejemplo, se exigía a las empresas participantes que estuvieran integradas con al menos 50 por ciento de capital nacional.

“Ello, evidentemente era motivo suficiente para haber dejado fuera a la empresa a la que finalmente se adjudicó el contrato”, apuntó el legislador panista.

Explicó que la empresa denunciante argumenta que ni siquiera fue considerada para realizar su propuesta económica, debido a que las condiciones técnicas estuvieron amañadas y dirigidas en virtud de que se especificó una marca en particular para el bien concursado, que paradójicamente es distribuida por la empresa elegida por lo que dolosamente inhibe la competencia e impidió a las ocho empresas mexicanas interesadas en la licitación ofrecer un bien similar o incluso de mejor calidad, pero de marca distinta.

“Este asunto resulta relevante y preocupante porque según declaraciones del Secretario Técnico de CANACINTRA no es un caso aislado, sino existen otros similares y de confirmarse una tendencia marcada del gobierno a favorecer a determinadas empresas se estaría violando el espíritu de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, cuyo fin es otorgar bases para que la administración pueda adquirir los bienes que requiere para el cumplimiento de sus funciones a precios competitivos; pero más allá pretende privilegiar a los proveedores que tengan establecido su domicilio en el estado”, acotó.

Apuntó que este asunto no podemos considerarlo como un diferendo entre un particular y la dependencia involucrada, va más allá porque de acuerdo con los argumentos señalados está en juego la protección del empresariado tabasqueño frente a intereses ajenos a la función gubernamental y el manejo adecuado de las finanzas públicas.