* Solo bastó 4 horas para que aprobaran la cuenta del ejecutivo
* Bancada del PRD no descarta que puedan tomar la tribuna hoy, cuando el dictamen baje al pleno
Fernando Morales
Acento
Con el voto de los cinco diputados del PRI que integran la Primera Comisión Inspectora de Hacienda se aprobó ayer el dictamen de la cuenta pública del Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2007, pese a la inconformidad de los dos diputados del PRD y el PAN.
Tras un debate que se prolongó por más de cuatro horas y media, finalmente resultó imposible que la oposición pudiera convencer a los parlamentarios priístas para que sacarán del orden día los dictámenes relacionados a las cuentas públicas de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mismos que bajarán hoy al pleno cameral.
En entrevista momentos después de haber sido aprobada la cuenta del Ejecutivo, el perredista Alipio Ovando, advirtió que este jueves podrían haber “sorpresas” y no se descartaba incluso la toma de tribuna.
Durante la sesión pública de esa comisión, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN José Antonio de la Vega Asmitia, pidió que se aplazará la aprobación de la cuenta pública del Poder Ejecutivo en virtud de que no habían tenido el tiempo suficiente para elaborar un predictamen y tampoco dispusieron de la información necesaria para hacer un trabajo profesional y no a las carreras.
Entre las dudas que planteó dijo que el Secretaría de Administración y Finanzas reportó ingresos por 32 mil millones de pesos y el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) en su informe final, habla de 31 mil millones de pesos, lo que hace una diferencia de mil 239 millones de pesos.
Añadió que incluso el mismo fiscal del OSF, Francisco Rullán aceptó que no fueron atendidas algunas acciones del mismo programa de trabajo porque no tuvieron el suficiente personal y otras por falta de tiempo.
Añadió que instituciones como la UJAT o la Universidad Tecnológica de Tabasco, quedaron excluidas de la auditoria e incluso hasta revisaron obras que estaban fuera de la muestra.
El panista pidió una reunión formal con el OSF para efecto de aclarar las dudas existentes en cuanto a las cifras manejas y otros asuntos relacionados a la calificación de la cuenta pública del Ejecutivo, sin embargo posteriormente fue rechazada su petición.
Defienden trabajo de la Inspectora
En tanto que el presidente de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, Jesús Alí de la Torre, afirmó que no había justificación alguna para retrasar los trabajos y ampliar los plazos de revisión de la misma.
Al rendir su informe del trabajo realizado para la elaboración de los dictámenes de las cuentas públicas, dijo que siempre estuvo atento a las peticiones y solicitudes de los integrantes de esa comisión por lo que no se ha estado de acuerdo con aquellas posiciones que pretenden atrasar el trabajo.
Según aseguró, consultaron más de 100 expedientes de las diversas dependencias y se pidió información complementaria que fue atendida con los documentos que el OSF tenía en su poder y lo que por ley corresponde proporcionar. En la inspección física de la obra se revisaron 22 proyectos consistentes en adquisiciones, aportaciones, construcción y equipamientos, entre otras.
Dictamen no exime a nadie de responsabilidades
En su intervención la parlamentaria del Revolucionario Institucional, Esther Alicia Dagdug Lutzow, afirmó que el dictamen que aprobaron no exime de responsabilidad a nadie, y por eso incluso dejaron fuera del mismo, observaciones que no han sido solventadas por la Coordinación de Desarrollo Social que encabeza, María Teresa Cabrales.
Admitió que un total de 136 bienes, muebles de esa dependencia no aparecen por ningún lado en los municipios de Cárdenas, Jalpa de Méndez, Huimanguillo, Nacajuca y Centro.
Sostuvo que en este caso la contraloría del gobierno estatal y el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) tendrán que iniciar los procedimientos administrativos correspondientes para deslindar responsabilidades. Ante los cuestionamientos de los diputados de oposición afirmó que los 4 millones 279 mil pesos que fueron observados a esa dependencia ya fueron solventados.
En el caso de la auditoria al programa Te da Más, argumentó que la muestra abarcó 22 por ciento del total del padrón de beneficiarios por lo que se visitaron unas 99 personas, obteniendo como resultado que algunas de ellas no radican en el mismo domicilio y otras ya habían fallecido.
De su lado, el priísta Francisco Custodio, dijo que tratar de poner por sistema al gobernador del estado en el banquillo de los acusados, obedece exclusivamente al criterio de tratar de sacar rentabilidad electoral.
Afirmó que no son tapadera de nadie y están a favor de que quien cometa actos de corrupción reciba todo el peso de la ley.
Cuenta del Ejecutivo, aprobada al vapor
Por su parte, el coordinador parlamentario del PRD Alipio Ovando Magaña, fijó un posicionamiento a nombre de su partido, en el cual señaló que el PRI intentaba fiscalizar al vapor la cuenta pública del Poder Ejecutivo, quien ejerció un presupuesto superior a los 32 mil 640 millones de pesos, que representa más del 70 por ciento del presupuesto público de Tabasco.
“Es evidente que la fracción parlamentaria del PRI, pretende dar un madruguete legislativo para sacar de apuros al gobernador. Es notorio el pobre trabajo legislativo realizado por la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, que en el proyecto de dictamen que proponen apenas mencionan el monto global de los ingresos y egresos de manera genérica, pero omitiendo especificar a detalle la manera en que fueron erogados los recursos económicos y financieros durante todo el ejercicio fiscal 2007”, aseveró.
El diputado solaztequista Oscar Cantón Zetina, subrayó que el OSF no cumplió su propio programa de auditorias.
Indicó que el secretario de Salud, Luis Felipe Gram., cobró más de 37 mil pesos a la UJAT por servicios médicos sin contrato con requisitos de ley.
Para concluir citó que en un expediente del Órgano Superior de Fiscalización, con registro HCE/OSFE/159/01/2008, se indica que el Secretario de la Contraloría, Roger Pérez Evoli, le vendió al INVITAB un predio rústico de seis hectáreas, ubicado en el poblado Francisco J. Santamaría, del municipio de Jalapa, por la cantidad de 2 millones 700 mil pesos.
Esa operación se llevó a cabo el 30 de marzo de 2007, según consta en el Recibo Oficial de Ingresos número 051872, en el cual quedó asentado que se pagaron al municipio de Jalapa 54 mil pesos por concepto de impuestos por la compra-venta del predio, que corrieron a cargo del INVITAB.
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