Postura del Diputado José Antonio de la Vega

Villahermosa, Tabasco, 16 de Octubre de 2008



El suscrito, Diputado José Antonio De La Vega Asmitia, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional e integrante de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82 párrafo II, y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, presento a la consideración del pleno de este H. Congreso el siguiente:

VOTO PARTICULAR

Relativo al Dictamen que la Primera Comisión Inspectora de Hacienda somete a la consideración de esta Soberanía con respecto al expediente de la calificación correspondiente a la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado por el Ejercicio de 2007.

Dicho Dictamen propone aprobar la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente al período referido, pero la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional no comulga con la resolución adoptada, en virtud de los siguientes:
ANTECEDENTES

1. Los roles de representación y de fiscalización encomendados al Congreso del Estado imponen la obligación legal, ética y política de velar por el mejor uso posible de los recursos públicos y porque el servicio brindado al ciudadano sea de la mayor calidad, procurando la cobertura más adecuada y el menor costo posible.

2. El uso y abuso que de los recursos públicos se ha venido realizando desde tiempo atrás en beneficio de las élites gobernantes, ha provocado que la obligación de rendir cuentas, por parte de las personas o entidades que manejan dichos recursos, esté cada vez más en la conciencia de todos y haya una mayor necesidad de que dicha obligación se cumpla de forma correcta y eficaz.

3. Desde el comienzo de la actual administración local han surgido cuantiosas sospechas y suspicacias respecto a que programas, normas y recursos públicos se utilizan para beneficio de familiares, amigos y compadres del Gobernador e integrantes de su gabinete.

La utilización para viajes de placer del avión propiedad del gobierno del estado, las suntuosas fiestas familiares ofrecidas en recintos oficiales, la asignación directa de importantes obras o de contratos de prestación de servicios a ex socios, el pago de sumas millonarias a medios de comunicación ligados afectivamente con la familia gobernante, el pago disfrazado de estímulos y prestaciones a través de intermediarios financieros de dudoso origen, y otros tantos casos más que por cuestiones de espacio resulta complicado siquiera enumerar, siguen a la espera de una explicación suficiente y satisfactoria a los ojos de la opinión pública.

En ello, obviamente, no se consideran las incógnitas que hasta el momento persisten sobre el destino final y utilización de los millonarios donativos y apoyos que recibió el gobierno local para ayudar a la población en desgracia por las inundaciones que afectaron a Tabasco a finales de 2007, para coadyuvar en las tareas de reconstrucción respectivas y para contribuir a los proyectos destinados a prevenir nuevos desastres.

4. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado ha adolecido, desde su creación, de la credibilidad y confianza de la población para llevar a cabo las tareas de fiscalización que le delegó este Poder Legislativo, no sólo por las limitaciones presupuestales, técnicas y legales que se determinaron desde su conformación, sino por el perfil y trayectoria profesional de su hasta ahora único Titular, quien evidentemente ha estado ligado y a las órdenes irrefutables de los gobernantes a los cuales ha tenido la obligación de vigilar.

5. La conformación artificial de una mayoría legislativa afín, desde el inicio de la LIX Legislatura, le ha permitido al Poder Ejecutivo mantener su hegemonía y garantizar el cumplimento de los designios y disposiciones del Gobernador y su grupo encubriendo conductas, postergando derechos, imponiendo acuerdos, tergiversando procedimientos, minimizando errores, protegiendo culpables y, en general, traicionando con su proceder el mandato soberano depositado en las urnas, solo para dar cumplimiento de los designios y disposiciones del gobernador. Las constantes argucias por impedir la plena vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco es sólo una pequeña muestra de lo que han sido capaces de perpetrar.

A partir de estos antecedentes, fácilmente puede apreciarse cómo el contexto en el que se elabora el Dictamen propuesto ha sido producto de una alta concentración del poder en pocas manos, contrario al derecho de los ciudadanos de la publicidad de los actos públicos, y sin ningún elemento fiscalizador tangible y confiable que permita satisfacer cabalmente las expectativas y demandas ciudadanas en materia de revisión y rendición de cuentas.

Ante tal panorama, otorgar un voto favorable al Dictamen propuesto sólo convalida el capricho de unos cuantos y otorga carta de residencia a las prácticas antidemocráticas y autoritarias para llevar a cabo la función legislativa, que según la teoría clásica debe realizarse de manera soberana e independiente frente a los otros poderes del estado; y con absoluta transparencia de cara a nuestros representados.

Adicionalmente, y como elementos que fueron determinantes para definir nuestra postura respecto al Dictamen en cuestión, del análisis que pudimos realizarle a la información que se nos proporcionó de manera selectiva e insuficiente, derivamos las siguientes:




CONSIDERACIONES

Sin dejar de reconocer que resulta prácticamente imposible fiscalizar el 100% de los recursos que ejercen los poderes del estado, los ayuntamientos y los órganos autónomos, debido principalmente a las limitantes que en materia de capital humano, técnico y presupuestal tiene el Órgano Superior de Fiscalización del Estado; hemos aceptado que se empleen mecanismos matemáticos de muestreos aleatorios, a través de los cuales se puede inferir el comportamiento de la totalidad del universo muestral, a partir de los resultados que se obtienen de la revisión de una pequeña parte del total de proyectos.

No obstante, el informe final de resultados que envía el Órgano Superior de Fiscalización, según lo establecido por la Ley de Fiscalización Superior del Estado, presenta una inconsistencia severa bajo esa lógica; pues dicho informe se basa en el Plan Anual de Auditorías y Visitas 2007 (PAAVI), mediante el cual se establecen, a través de una selección arbitraria, sesgada y conforme a criterios impuestos por el propio Titular de dicho Órgano, las dependencias a las cuales se deberá fiscalizar durante el año.

En tal virtud, el procedimiento adolece de un muestreo imparcial y confiable respecto del total de los proyectos concluidos en el año, minimizando de manera considerable la objetividad en cuanto al proceso de selección e incrementando en la misma proporción su discrecionalidad.

Sólo entendiendo lo anterior es que podemos comprender por qué el OSFE “omitió” seleccionar dentro de la muestra a revisar a entidades como la Secretaría de Gobierno, el Despacho del Gobernador, y otras que no sólo ejercen una gran cantidad de recursos del presupuesto, sino que han sido altamente cuestionadas sobre los fines y
propósitos que rigen el ejercicio del presupuesto que reciben.

De tal manera, seguirá siendo motivo de especulación de qué partida pudieron haber salido los recursos presuntamente empleados para que el PRI lograra mayoría en el Congreso y en la Comisión que ahora dictamina, o bien qué conceptos son empleados para justificar los pagos que aparentemente se vienen realizando de forma cotidiana a medios de comunicación, para ensalzar y difundir a conveniencia la imagen del Gobernador.

Las dependencias excluidas de la muestra que destacan por su monto asignado son:

Dependencia Monto ejercido sin fiscalizar

CENTRAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE TABASCO $37,136,763.00

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS $19,289,860.00

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO $349,951,554.00

SISTEMA ESTATAL DIF $407,743,869.00

SECRETARÍA DE GOBIERNO $402,449,982.00

GUBERNATURA $70,605,441.00

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA $86,115,988.00

COMISIÓN ESTATAL DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL $27,876,262.00

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA $321,576,557.00

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA $834,525,451.00

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE $191,838,253.00



Debido a esta selección discrecional que hace el Órgano, fue dolosamente excluido de su revisión y fiscalización el presupuesto de más de 30 dependencias del Poder Ejecutivo que significaron más de 20 mil millones de pesos que no fueron considerados siquiera para entrar en la muestra fiscalizada.

De lo descrito hasta el momento, resulta evidente que el informe entregado por el Órgano contiene ya un sesgo importante que impide conformar un criterio objetivo respecto al ejercicio del presupuesto que se califica.

La única forma para establecer una muestra que realmente sea representativa del universo de proyectos es cuando se hace una selección puramente aleatoria, y esto impediría que se dejaran de auditar por completo alguna dependencia, dejando esta exclusión al arbitrio y manipulación del Órgano Superior de Fiscalización.

En este entendido, y lejos de intentar revertir dicha anomalía, la Comisión aprobó, sólo con los votos de los diputados del PRI y sin considerar las propuestas que realizamos los Diputados del PAN y del PRD, un plan de trabajo para la revisión documental y un calendario de visitas de inspección física que, por lo menos, revelaron premura, parcialidad y un claro desconocimiento de cómo debe ejercerse la función fiscalizadora que desde la teoría se le ha concedido al Parlamento con relación a los actos del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, resulta evidente que el Plan de Trabajo que aprobó la mayoría fue concebido con toda discreción y buscando que los diputados ajenos a la fracción priísta no tuvieran conocimiento de toda la información soporte de la Cuenta Pública.

De manera poco clara se determinaron sólo 11 sesiones de trabajo para revisar toda la documentación de las cuentas públicas de los Poderes del Estado y órganos autónomos. Paradójicamente, se acordó llevar a cabo el mismo número de sesiones que el año pasado, sin reparar que la vez pasada se fiscalizó sólo un trimestre y ahora es todo un año.

El Plan de Trabajo propuesto por el PRI también contempló que de forma simultánea a la revisión documental se hicieran las visitas de inspección física. Esto sin duda es una total incongruencia, pues los diputados no tenían elementos para determinar las obras a visitar sin tener pleno conocimiento de la documentación que se estaba revisando.

Habiendo terminado la etapa de revisión documental, el Presidente de la Comisión ignoró la solicitud que le hice proponiendo la ampliación del calendario de visita a obras, hacia aquellos casos que mostraban irregularidades.

Centrándonos ahora en el estudio y la documentación soporte del Informe Final de Revisión y Fiscalización de la Cuenta del Poder Ejecutivo, podemos constatar dos aspectos relevantes para emitir una opinión razonada y objetiva sobre la aprobación o no de la Cuenta Pública que nos incumbe.

La primera es en cuanto a la forma en que el Órgano Superior de Fiscalización, durante todo el año, integra el informe técnico y financiero para establecer el análisis del gasto ejercido por los entes fiscalizables. Dicha disposición tiene como fin ulterior el comprobar que los recursos recibidos sean iguales a los recursos ejercidos, y que los mismos se erogaron de acuerdo a la normatividad vigente.

No obstante, el mencionado informe presenta grandes deficiencias en su integración, debido a los siguientes aspectos:

1. Tomando como base una fórmula matemática, se determinó que la muestra estadística para inferir el universo de los proyectos constaría de 284 proyectos. Sin embargo, la selección de estos 284 proyectos fue realizada de manera sesgada, bajo criterios inconsistentes, como lo son el tamaño de los montos de los proyectos o la relevancia de los mismos, convirtiendo así una muestra estadísticamente correcta en una selección sesgada de los proyectos que se fiscalizaron y los que se excluyeron de la fiscalización.

2. El Informe establece que el alcance revisado en cuanto al monto ejercido fue de $6,089,408,406.26, que representaría aproximadamente el 22% del presupuesto autorizado para el ejercicio 2007. Pero el OSFE, en el listado de proyectos de inversión concluidos que entraron en la muestra, estableció las cantidades totales de esos proyectos como el monto fiscalizado, sin que fuese del todo cierto. Así, por ejemplo, en el Aportación al fideicomiso para la construcción y equipamiento del Hospital de la Mujer, que se reporta bajo el Proyecto 29801, se establece que por la revisión de dicho proyecto fueron fiscalizados más de 43 millones de pesos en obras, pero lo cierto es que de conformidad con la documentación soporte sólo verificaron el gasto de una obra de aproximadamente 9 millones de pesos. De ello se desprende que el informe establece de forma engañosa supuestos montos fiscalizados, que en realidad no fueron auditados por el personal del Órgano técnico.

En tal virtud, se puede asegurar que de los más de $2,459,702,852.91 que asegura el Órgano Superior de Fiscalización que revisó en proyectos de inversión concluidos, la realidad revela que no se fiscalizó la totalidad de este monto. Hasta el momento no disponemos de mayores elementos para determinar el alcance real que tuvo la muestra fiscalizada, pues reiteradamente se nos ha negado el derecho a conocer toda la documentación soporte y la demás que sea necesaria para tal fin.

Lo que sí se pudo constatar es que existen diversos proyectos de inversión, de gran cuantía, en los que el OSFE reportó que fiscalizó el total del monto de dicho proyecto, pero la verdad es que por su magnitud no pudo hacer el total de la verificación, sino sólo constató una parte de cada proyecto. Es de destacarse que lo importante aquí no es centrarse en la discusión de si el Órgano tenía la capacidad o no de fiscalizar todo el monto que reportó como fiscalizado, sino que el Informe es engañoso y no se explica por sí mismo; lo correcto hubiese sido que si sólo revisó una parte del proyecto, se estableciera y plasmara así, reconociendo el porcentaje real de los proyectos revisados y haciendo creer otra cosa.

A continuación se detallan los proyectos que logramos identificar y cuyo monto a fiscalizar es mayor del que realmente pudo constatar el OSFE, pero que finalmente se presentaron como íntegramente fiscalizados en la totalidad de lo presupuestado.


Estrechamente vinculado con lo anterior tenemos lo concerniente al gasto corriente, municipio y adefas. En este rubro el OSFE reportó que el monto fiscalizado fue de $3,629,705,553.35 en 14 proyectos, es decir casi el 35% del total que se había gastado en esos rubros por parte del Poder Ejecutivo.

El Órgano, al emitir el Informe establece dolosamente esta cantidad como fiscalizada, pero sólo uno de los proyectos representa más del 90% del alcance de fiscalización. Este proyecto es el K6B05, Aportaciones a Municipios, por un monto de $3,299,989,672.00. Este proyecto se refiere a las participaciones que envía el Gobierno del Estado a los Municipios y que obviamente el Órgano Superior no fiscaliza como parte de la Cuenta del Ejecutivo, sino sólo verifica que dichas participaciones se hayan repartido a los ayuntamientos como marca la ley.

El destino y aplicación de esos recursos es materia de los informes técnicos de la Segunda y Tercera Comisión Inspectoras. El Órgano quiere ocultar su falta de profesionalismo y para establecer un monto considerable de revisión toma en cuenta este proyecto que representa más del 50% del total de la muestra y que no arroja ningún elemento para establecer si los recursos se destinaron en los términos de la ley.

Ya habiendo demostrado que el informe técnico y financiero muestra información imprecisa para incrementar el alcance de la revisión, y entrando al marco estricto del propio informe apreciamos que hubo una selección de irregularidades que deben analizarse e iniciar los procedimientos correspondientes para deslindar responsabilidades.

El OSFE establece en el Informe que la Secretaría de Administración y Finanzas administró los donativos con motivo de la contingencia de 2007, reportando ingresos por un monto que ascendió a poco más de 40 millones de pesos, dejando todo pagado. Verdaderamente esta cantidad resulta altamente incongruente con las cifras que por el mismo motivo se han dado a conocer públicamente, y cuya versión impresa sólo está siendo documentada por el Comité para la Reconstrucción. Resulta extraño que no se haya contabilizado el resto del recurso donado. Asumiendo sin conceder que el Órgano no revisó dichos donativos, debido a que los mismos se contabilizaron hasta 2008, pues entonces quedaría la duda de cómo se contabilizaron todas las donaciones en especie que enviaron tanto particulares nacionales como extranjeros, empresas trasnacionales, gobiernos estatales y gobiernos extranjeros. Hasta el momento no hemos recibido nada con las características que nos dio de la cual no existió, al menos por lo dicho por el Órgano Superior de Fiscalización, algún reporte de la Secretaría de Administración y Finanzas de lo que se recibió en especie ni en lo que se gastó.

Con respecto a los proyectos K0925, K0926 y K0919, de la Coordinación General de Desarrollo Social, que se refieren a los programas de apoyos a adultos mayores, madres solas y personas con discapacidad, mejor conocido como “Te da más”, por el cual se le otorgaban 700 pesos mensuales a las personas que estuvieran inscritas en el Padrón de beneficiarios. Se constató que dichos programas no cumplieron con sus propios lineamientos ni sus propios criterios de aplicación establecidos en su reglamentación. Por ejemplo, en las reglas de operación de estos proyectos se establece que para poder definir las personas que tendrían acceso a dicho programa se llevaría a cabo una encuesta de ingresos para determinar si el solicitante entraba dentro de los márgenes de pobreza establecidos por el propio programa; sin embargo se omitió este requisito, inscribiéndose cualquier persona que tuviera esas cualidades aunque no estuviera en condiciones de pobreza. Esto dio pauta a que, como hemos denunciado, haya sido utilizado como un mecanismo de cooptación masiva con el fin de manipular a la ciudadanía con fines políticos.

También es de notar que el OSFE emite ciertas opiniones, que incluso recoge el Dictamen en cuestión, por lo que para comprobar que el recurso estaba siendo destinado directamente a los beneficiarios, se estableció una muestra representativa de 487 beneficiarios, a los cuales se les visitó a domicilio para preguntarles si estaban recibiendo el recurso del Programa. Del total de la muestra, 99 casos, presentaron inconsistencias en sus respuestas tales como: no se encontró el beneficiario en el domicilio que registró, las personas que estaban en el padrón manifestaron que ya no les depositaban el recurso, o el beneficiario falleció pero seguía activo dentro del padrón.

En este sentido, el Órgano estaba aparentemente siguiendo una muestra estadística aleatoria; en tal virtud, al encontrar irregularidades en el 20% de los casos de la muestra, es válido inferir que existen irregularidades en el 20% del universo. Por lo tanto, sabiendo que el total de la erogación de los programas conocidos como “Te da más” ascienden a un monto de $1,234,443,000.00, podemos concluir que existen irregularidades en el 20% de este ejercicio, es decir, en $250,994,264.00 en términos aproximados. El OSFE no consideró que dichas irregularidades fueran relevantes para la determinación de su Informe, ni siquiera determinó ampliar su muestra para poder verificar estos datos, lo que una vez más demuestra la complicidad de este Órgano técnico con el grupo en el poder que posibilita el derroche sin ningún control, de más de 250 millones de pesos, cifra nada despreciable de valorar en la Cuenta pública y que no se puede dejar de señalar.

Otro asunto que genera suspicacias es que durante la revisión documental se descubrió que el INVITAB adquirió, para reserva territorial, un predio rústico de 6 hectáreas en el Poblado Francisco J. Santamaria en Jalapa, Tabasco. Dicha transacción se realizó el 30 de noviembre de 2006 bajo el número de escritura 543, ante el Notario Rafael Miguel González Lastra, actual Procurador de Justicia de Tabasco, en la que consta que por parte de INVITAB, Ivonne Calzada Prats, compró dicha propiedad al ahora Secretario de la Contraloría C.P. Róger Pérez Évoli.

Si bien es cierto que en ese entonces el C. Roger Pérez Évoli no trabajaba para el gobierno del estado, hay indicios de que se trató de una prebenda orquestada en beneficio de quien es hoy Contralor del estado. Además lo extraño es que dicho predio lo compró INVITAB en 2,700,000 pesos, cuando por ejemplo el valor registrado ante el Ayuntamiento de Jalapa es de 29,000 pesos, es decir se pagó más de 90 veces lo que supuestamente vale un predio. Aún asumiendo sin conceder, que el valor catastral estuviera muy por debajo del valor comercial, es del conocimiento público que un predio rústico valga esa cantidad, cuando la hectárea en esa zona es de hasta $200,000.00 pesos y se le pagó en $450,000. Este hecho fue ignorado por el Órgano Superior de Fiscalización y sólo se limita a determinar la irregularidad en el pago de los impuestos al Ayuntamiento, sin observar el fondo de la compraventa hecha al entonces legislador Pérez Évoli, entonces Presidente de la Comisión Inspectora de Hacienda. Asimismo es de resaltarse, que en a revisión documental de este asunto se solicitaron los avalúos que respaldaron dicha compraventa, los cuales no fueron entregados.

En similar situación se encuentra el hoy Secretario de Salud Dr. Luis Felipe Graham Zapata quien cobró por concepto de honorarios médicos a la Universidad Juarez Autónoma de Tabasco el 19 de enero y siete de marzo del 2007, por una cantidad mayor de los más de 35 mil pesos. Dicha erogación que recibió el Dr. Luis Felipe Graham es una violación flagrante a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, además de un acto inmoral y falto de toda ética, por cobrar en dos dependencias de gobierno al mismo tiempo cuando se supone que su función de Secretario de Salud le requiere una actuación de tiempo completo. En este caso el Órgano Superior de Fiscalización no se percató de este doble cobro cuando es de público conocimiento que el Dr. Graham desde el 1 de enero de 2007 es Secretario de despacho, y también cobra en la UJAT lo que por lo menos debió procederse a una investigación en materia de responsabilidades de servidores públicos.

En otro tema, es preciso señalar que el Órgano Superior de Fiscalización determinó que la Coordinación General de Desarrollo Social tuvo observaciones que no pueden darse por solventadas por diversos motivos entre los que destacan:

a) Que la Dependencia en cuestión tiene a su cargo las llamadas “Casas de Gobierno”, señaladas como centros de operación y manipulación política, las cuales al inicio de la administración cada una de ellas tenía autorizado un presupuesto de 2 millones 600 mil aproximadamente, y lo que se pudo constatar de la revisión documental es que todas ellas recibieron un aumento en su presupuesto de casi el 100%. En otras palabras, cada Casa de Gobierno cuesta al erario público mas de 4 millones y medio de pesos, manejando dos programas: “Te Da Mas” y “Pedaleando para Transformar”. El primero de ellos si bien es cierto requería de mucho gasto de operación para atender a todos los ciudadanos que querían inscribirse, también lo es que después de su inscripción el pago de dicho programa se realiza a través de una cuenta bancaria que no requiere de tanta burocracia. En el caso de “Pedaleando para Transformar”, simplemente se repartieron las bicicletas y se cerró el programa. Por lo que habría que preguntarse si es realmente necesario que se mantenga una infraestructura por más de 4 millones y medio en cada uno de los municipios, cuyo único objetivo es la manipulación sesgada de los programas de apoyo social.
b) Además de las ya mencionadas irregularidades en el programa “Te da Más”, la Coordinación General de Desarrollo Social se hizo acreedora a más de 49 observaciones no solventadas que el Órgano determinó tales como que las diversas adquisiciones de bienes que realizaron, carecieron de documentación sobre el proceso de licitación o el acta de entrega, inconsistencias en su autorización, modalidad de ejecución y fecha de terminación; pero el Órgano no determina que se realizó un daño al patrimonio público, siendo que si una adquisición no se realiza con los mecanismos de transparencia establecidos en ley, hace presumir que los mismos se ejecutaron pagando sobreprecios o beneficiando a los amigos y socios de servidores públicos enquistados en la nómina de la actual administración. El Órgano minimiza indebidamente estas observaciones determinándolas como de control interno, y pidiendo que la Contraloría inicie el procedimiento administrativo correspondiente, que no será extraño avizorar que con una amonestación será suficiente castigo por derrochar los recursos públicos.

c) Además es sorprendente que el OSFE, habiendo determinado que en varias Casas de Gobierno los equipos de cómputo que estaban asignados a las mismas, al momento de una inspección física no se encontraron, y ni siquiera la Coordinación General de Desarrollo Social pudo acreditar en donde estaban dichos equipos. Esta irregularidad aún siendo detectada por el Órgano en su informe no lo establece como una observación cuantificable y sólo como acreedor de responsabilidades administrativas. En este sentido el Órgano falta a su obligaciòn de velar por el adecuado ejercicio de los recursos públicos.

Asimismo, durante la revisión del gasto corriente de las dependencias seleccionadas se descubrió que en varias de ellas existía un concepto denominado “Erogaciones Adicionales”, la cual significaba el pago a servidores públicos ajenas al salario que podríamos suponer se trata de los bonos de fatiga laboral que el propio C.P. Saiz Pineda reconoció que se estaban pagando dichas prestaciones en los términos de la Ley. De los 10 entes fiscalizables a los que se fiscalizó su gasto corriente, se encontró que existen dependencias que tienen asignados montos por concepto de “Erogaciones Adicionales”, tales como:

DEPENDENCIA MONTO EJERCIDO

UNIDAD DE ATENCIÓN SOCIAL DEL ESTADO 3,243,829.50
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES 1,084,044.00
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 3,909,223.60
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO 1,253,320.00
TOTAL 9,490,417.10

De acuerdo a la tabla anterior solo en estas dependencias casi 10 millones de pesos se erogaron por este concepto del cual el Órgano Superior de Fiscalización no fiscalizó.

Sin embargo, al solicitar la justificación de los servidores públicos a los que se les asignan parte de este concepto por bono de fatiga laboral, la respuesta del OSFE fue negar esta información a los integrantes de esta Comisión. Sin duda, el conocimiento de quienes devengan recursos del erario público forma parte de los trabajos de fiscalización y es necesario el esclarecimiento de estas partidas presupuestales, que por cierto en algunas dependencias resultan ser mayores a las de servicios personales. Esta es una prueba más de que la opacidad ha sido el arma de esta administración para ocultar el manejo de las finanzas públicas y por la cual los altos funcionarios se autopagan grandes cantidades disfrazando su salario con otros conceptos fuera de lo que se determina como información mínima de oficio en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta Soberanía no puede dejar pasar este ocultamiento y manipulación en el ejercicio indebido del servicio público.

Aunado a todo lo anterior, la revisión documental durante las sesiones de trabajo fue insuficiente por lo que mediante los oficios DIP.JADVA0126/2008, DIP.JADVA0128/2008, DIP.JADVA0130/2008, DIP.JADVA0132/2008, DIP.JADVA0134/2008, se solicitó al Fiscal Superior del Estado documentación soporte del Informe técnico, como por ejemplo:

· Estados financieros con sus relaciones analíticas y antigüedades de saldo de todas las dependencias que estuvieron en la muestra fiscalizada de todos los trimestres de 2007.

· Informe detallado de los activos adquiridos por las Dependencias del Poder Ejecutivo que estuvieron en la muestra del ejercicio 2007, así como su reevaluación de activos.

· Relación detallada del Gasto Corriente, de las dependencias contenidas en la muestra.

· Listado detallado de los proyectos productivos apoyados por el programa Alianza para el Campo, en el ejercicio 2007.

· Listado de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Coordinación General de Desarrollo Social (nómina personal de base y de confianza y por honorarios)

· Relación detallada de los ingresos que recibió la Secretaría de Administración y Finanzas por conceptos de donativos en efectivo y en especie por la contingencia, y su aplicación durante el ejercicio 2007.

· Relación detallada por rubro y partida del presupuesto autorizado y ejercido de todas las Casas de Gobierno

· Informe detallado de la cuenta de Erogaciones Adicionales, describiendo el monto y los servidores a los que se le erogó compensaciones de esta cuenta, de todas las dependencias del Poder Ejecutivo estuvieron en la muestra fiscalizada.

· Informe detallado de la cuenta de Comunicación Social de todas las dependencias del Poder Ejecutivo que no estuvieron en la muestra fiscalizada.

· Informe detallado de la forma en que se gastó el capítulo de Transferencias y Subsidios, determinando las fechas, personas y justificación de la erogación realizada, de todas las dependencias del Poder Ejecutivo que no estuvieron en la muestra fiscalizada.

· Pliegos de Cargos de los 4 trimestres de 2007.

· Los informes de autoevaluación que mensualmente envían los entes fiscalizables al Órgano Superior de Fiscalización.

· Los dictámenes de auditorías que haya realizado cualquier ente público o privado a las dependencias contenidas en la muestra.

A pesar de que esta información resulta fundamental para solventar las dudas y es parte de la documentación soporte del Informe Técnico y Financiero, nos fue negada como de costumbre por el Fiscal Superior del Estado y el Presidente de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, obsequiándonos en contrario la emisión del dictamen que discutimos en este momento y que como todos saben se elaboró de manera apresurada, aprovechando de nuevo la psicosis presente aún en gran parte de la ciudadanía por las fuertes lluvias registradas en los últimos días y sin las consideraciones pertinentes de todos los diputados integrantes de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda.

Además de todo lo expuesto, en el Dictamen propuesto se estableció que el Poder Ejecutivo no solventó diversas observaciones cuantificadas en más de 20 millones de pesos.

Por todo lo anterior, la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional no puede considerar como satisfechas y solventadas las irregularidades que hemos descrito. Nuevamente el servilismo, el espíritu de grupo, la conducta de camorra, nos han negado la posibilidad de contar con los elementos necesarios para llevar a cabo una fiscalización profesional y de calidad que permita a los ciudadanos tabasqueños tener confianza en sus gobernantes y las instituciones.

Asimismo, con información contenida en el Informe Trimestral sobre la Situación Económica, los Ingresos y los Egresos Públicos del 4to. Trimestres del 2007 que emite la Secretaría de Administración y Finanzas se constató que el presupuesto ejercido por el Gobierno del Estado difiere en más de 1,240 millones de pesos en lo que reportó el Órgano Superior de Fiscalización en su informe técnico y financiera. Habiendo esta inconsistencia en la información en la cual el órgano fiscalizador difiere de la información que presenta la Secretaría de Administración y Finanzas, pues no existe claridad de que las cantidades percibidas hayan sido gastadas conforme lo determinan las leyes pertinentes. Y cuando existen más de mil doscientos millones de pesos que se tiene desconocimiento de su destino pues no se puede dar como válida una Cuenta Pública hasta que se esclarezca el ejercicio de todos los recursos públicos.

Lamentablemente el precio a pagar por permitir este insulto a la inteligencia del pueblo de Tabasco que pretende hoy consumar el PRI, no es el aplauso o la risa, sino la condena a seguir soportando una vez más el saqueo a nuestros recursos que ya se ha vuelto común denominador de los últimos sexenios, sumiendo a Tabasco en los niveles más bajos de educación o empleo, y en los más altos de pobreza, mientras ocupamos un nada halagüeño primer lugar como la entidad que más ha incrementado su burocracia.

Ni documentalmente, ni en términos de resultados podemos pues pensar que el ejercicio presupuestal del Poder Ejecutivo durante el ejercicio 2007 fue acorde a lo que señala la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y la Ley de Fiscalización Superior del Estado.
En tal virtud, me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:




VOTO PARTICULAR:



ÚNICO: No se aprueban los términos del Dictamen de calificación de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado respecto al Ejercicio correspondiente al año 2007, en virtud de las consideraciones descritas en el presente voto particular, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 39 párrafo II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, se considera que las cantidades percibidas y gastadas en los programas no están acorde a las partidas presupuestales respectivas por lo tanto se determina NO APROBAR la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado por el Ejercicio de 2007.



“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”


A T E N T A M E N T E



Dip. José Antonio Pablo De La Vega Asmitia
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional